Jenny Núñez Aguilera
Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jenny Núñez Aguilera
- Juzgado Primero de Primera Instancia de este Distrito Judicial, ciudad
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Llegada Colegiado. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el original del amparo 642/2020, testimonio de la ejecutoria pronunciada el doce de noviembre del año en curso, dentro del impedimento 4/2020, de la que se advierte en su único punto resolutivo, lo siguiente: "ÚNICO. Se califica de legal el impedimento hecho valer por la jueza Primero de Distrito en Michoacán, para conocer y resolver el amparo indirecto 642/2020." Acúsese recibo. Se remite expediente a Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito. En tales condiciones, remítase el original del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal de Alzada, returne el presente asunto al Juez de Distrito que corresponda. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 14 y 21, inciso f), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se calificó de legal el impedimento planteado, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Colegiado admite impedimento. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo y hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se admitió a trámite el impedimento planteado, registrándolo con el número 4/2020 de su índice. Notifíquese a las partes por medio de lista que se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 642/2020. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. IMPEDIMENTO. Como una cuestión de preliminar pronunciamiento es necesario evidenciar que la suscrita estima encontrarse impedida para conocer del presente juicio de amparo promovido por Jenny Núñez Aguilera, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otras autoridades, dentro del cual se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Efraín Cázares López. En principio, es oportuno citar el contenido de los artículos 51, fracción VIII, 54, fracción III, inciso c) y 55, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." "Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: (.) III. Los tribunales colegiados de circuito: (.) c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito." "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano." Del dispositivo legal transcrito en primer término, se advierte como impedimento legal para los jueces de distrito para conocer de determinado asunto, si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. En ese contexto, es obligación de todo juzgador excusarse del conocimiento de aquellos asuntos en los que, no solamente no fuera imparcial, sino que, simplemente pudiera afectarse su imparcialidad, por lo que cuando exista un factor que pueda influir, inconscientemente o subconscientemente el ánimo del juzgador al resolver o participar en la resolución, es forzoso que se declare impedido frente a la trascendental tarea de impartir justicia, pues todo juez debe emitir sus decisiones, limpias y ajenas de cualquier influencia o perturbación. Previo a justificar la aplicabilidad de dicho fundamento legal, expondré los hechos en que se sustenta: el diecisiete de enero de dos mil tres, contraje matrimonio civil con J.M.M. (persona cuyo nombre refiero únicamente por sus iniciales, por respeto a su derecho a la intimidad, dado que no es parte en el presente juicio), con quien en la actualidad no mantengo relación personal ni vida común desde diciembre de dos mil diecisiete; y, si bien a este día aun me encuentro unida a él por dicho vínculo, actualmente tramito juicio de divorcio ante el Juzgado Séptimo Oral Familiar de este Distrito Judicial. El dieciocho de enero de dos mil tres celebramos matrimonio religioso, al cual, Efraín Cázares López y su esposa participaron como padrinos de velación. Con motivo de lo anterior, a partir de esa fecha, tuve convivencia con Efraín Cázares López y su esposa en muchas ocasiones, incluso con ella en mayor grado de cercanía, tanto en eventos sociales y familiares a los que como esposa de J.M.M. fui invitada por ellos, así como a los diversos a los cuáles la familia de este último y él los invitó, lo que en ese momento creó lazos de amistad. En la actualidad no frecuento ni mantengo relación con Efraín Cázares López, debido a que por una parte perdí contacto con él desde hace varios años; y, por la otra, a la separación con J.M.M., con quien en realidad mantenía éste amistad estrecha, desconociendo si conserven esa amistad, ya que lo cierto es que la relación que tuve con mi ex pareja en la actualidad ya no existe. Los hechos descritos no me permiten manifestar amistad ni enemistad con Efraín Cázares López, para los efectos de la hipótesis de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo; empero, considero encuadran en la hipótesis de la última fracción de ese artículo consistente en que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, que someto a su calificación por lo siguiente, dado que la figura de los padrinos de velación en el matrimonio religioso representa que los contrayentes identifican con admiración, aprecio y respeto a la pareja ya casada que los presenta ante la Iglesia; de ahí que ante familiares, amigos y sociedad, ambas parejas aparecen unidas por lazos de confianza. Por ello es que, más allá de la apreciación subjetiva que como juzgadora tenga en mi fuero interno respecto de Efraín Cázares López, el vínculo descrito proporciona elementos objetivos que merman la imparcialidad, ya que permite no solo a las partes, sino a la sociedad en general, interesada en la adecuada impartición de justicia, cuestionar si la suscrita juzgaría sin presión externa alguna ajena a los intereses, ya sea del quejoso o de alguna de las demás partes, a través, en este caso de su autorizado. Es decir, es factible que cualquier determinación que adoptara en cuanto al fondo del presente juicio, fuera cuestionada a partir de la existencia de los datos objetivos ya proporcionados, lo cual evidentemente afecta la imparcialidad con la que todo juicio debe ser resuelto, no solo desde la posición de la suscrita como juzgadora, sino también en lo que para las partes del juicio y la sociedad representa que un juez dicte sentencia dentro de un juicio en el que el autorizado es quien fue padrino de bodas. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en lo que al caso interesa- establece: Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.). Del precepto trascrito se desprende el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen a su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y, el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes respectivas. En ese sentido, el numeral precisado hace referencia a cuatro principios de observancia obligatoria para los titulares de los órganos jurisdiccionales al momento de resolver las controversias planteadas, como son la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. La imparcialidad del juzgador es un principio elemental de cualquier sistema judicial propio de un Estado social y democrático, cuya salvaguarda conlleva la necesidad de que quienes ejerzan funciones jurisdiccionales estén obligados a elevar a la decisión de los órganos competentes para ello, la calificación de cualquier situación que desde su perspectiva o la de los interesados pudiese afectar su objetividad e imparcialidad. Todo asunto litigioso que se somete a la potestad de un juzgador, debe estar soportado en el principio de imparcialidad, con lo que se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos que la imparten, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2012 (9ª), destacó lo siguiente: IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. Desde esa óptica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de cuidar que sea imparcial el fallo que decida la contienda, pero igualmente esa legislación, permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el arábigo 17 constitucional. Por ende, la institución jurídica relativa a los impedimentos tiene por objeto proteger la imparcialidad del titular del órgano jurisdiccional que habrá de resolver la litis planteada, lo cual, significa asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se incline a favor de alguna de las partes, máxime si tienen un interés personal en el asunto. Ello podría llegar a comprometer la convicción del impartidor de justicia, lo cual debe evitarse, al no ser la persona más apropiada para resolver un caso determinado; es decir, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado subjetivamente por las cuestiones que conducen a presumir la parcialidad del juzgador, desde luego, sobre bases objetivas legalmente previstas. Esta es la razón por la que para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, el artículo 51 de la Ley de Amparo prevé específicamente las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y especialmente en el juzgador que lo hace inhábil para poder llevar a cabo su labor. Debido a lo anterior, considero estar impedida para intervenir con absoluta independencia de ánimo en la tramitación y resolución del presente juicio, bajo la hipótesis de la última fracción del artículo 51 de la Ley de Amparo. Al respecto se invoca la tesis XI.2o.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: IMPEDIMENTO. SI EL JUZGADOR RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SU IMPARCIALIDAD ESTARÍA AFECTADA AL RESOLVER EL ASUNTO, ELLO BASTA PARA EXAMINARLO. La formulación del impedimento tiene como finalidad primordial asegurar la garantía de neutralidad en el proceso exigida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es inconcuso que cuando el juzgador reconoce expresamente que su imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto, tal aspecto basta para examinarlo, porque el resolutor acepta que no tiene certeza en su fuero interno para analizarlo ecuánimemente, ni para adoptar una decisión judicial imparcial. Todo el contexto descrito converge en el siguiente cuestionamiento que planteo ante esta Honorable Alzada: ¿Qué perspectiva podría tener la sociedad de una juzgadora que continuara con el conocimiento del asunto de un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quien conoce directamente, y que la apadrinó religiosamente en su ceremonia de matrimonio; mismo que tuvo o tiene una relación de amistad estrecha con la persona que fuera mi pareja y con quien la suscrita actualmente tiene una relación fracturada? Por ello, se invoca esta causa de impedimento, pues es todo un contexto social el que podría poner en entredicho la imparcialidad y debida resolución del juicio en que se actúa, aspecto que por el bien general debe cuidarse por la trascendencia social del valor de la justicia; y por el de las partes en este juicio, a favor de quienes se debe garantizar el dictado de una resolución imparcial. Lo expuesto, a juicio de la suscrita, se insiste es suficiente para alterar el ánimo y la actitud de imparcialidad que debe regir el trabajo como juez. De ahí que se plantea tal circunstancia como causa de impedimento para resolver el presente asunto, dado que se requiere de un homólogo que sin los antecedentes que vinculan al tercero con esta juzgadora, decida. Manifestación de impedimento que en términos de lo previsto por los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, tiene pleno valor, por tratarse de una confesión expresa hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio. De esa manera, atendiendo a la credibilidad y respetabilidad que goza los juzgadores, dada su investidura y a la función jurisdiccional que ejercen, sustentada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, formuló el presente impedimento con fundamento en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. No omito señalar que el Segundo Tribunal Unitario de este Circuito, mediante resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, calificó legal la excusa planteada por la suscrita dentro de la causa penal 78/2013, que se instruía al citado autorizado ante este juzgado. Por tanto, en términos del artículo 55 de la Ley de Amparo, de inmediato hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, para que se sirva calificar el impedimento legal planteado; para tal efecto, remítase el cuaderno original en que se actúa, debiendo formarse cuaderno de antecedentes y realizarse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS. Sin que ha lugar hacer pronunciamiento sobre la suspensión del acto reclamado en razón de que del escrito de demanda presentado en línea carece de firma electrónica. Si bien es cierto que el artículo 53 de la Ley de Amparo, señala que el que se excusa deberá proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto; tal supuesto no se actualiza en el presente caso, pues ante la causa de impedimento invocada, no es posible hacer pronunciamiento en cuanto a la procedencia de la demanda, como presupuesto previo a la suspensión del acto, máxime que no se está frente a un acto reclamado susceptible de suspenderse en término del artículo 126 de la Ley de Amparo. En otras palabras, para proveer sobre la suspensión, en el caso sería necesario hacer un pronunciamiento respecto de la ausencia de firma electrónica de la demanda, lo cual no es viable ante el impedimento que se hace valer. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte promovente con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE QUE DICE: Morelia, Michoacán, seis de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 642/2020. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. IMPEDIMENTO. Como una cuestión de preliminar pronunciamiento es necesario evidenciar que la suscrita estima encontrarse impedida para conocer del presente juicio de amparo promovido por Jenny Núñez Aguilera, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otras autoridades, dentro del cual se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Efraín Cázares López. En principio, es oportuno citar el contenido de los artículos 51, fracción VIII, 54, fracción III, inciso c) y 55, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: [.] VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad." "Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: (.) III. Los tribunales colegiados de circuito: (.) c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito." "Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Las excusas se calificarán de plano." Del dispositivo legal transcrito en primer término, se advierte como impedimento legal para los jueces de distrito para conocer de determinado asunto, si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. En ese contexto, es obligación de todo juzgador excusarse del conocimiento de aquellos asuntos en los que, no solamente no fuera imparcial, sino que, simplemente pudiera afectarse su imparcialidad, por lo que cuando exista un factor que pueda influir, inconscientemente o subconscientemente el ánimo del juzgador al resolver o participar en la resolución, es forzoso que se declare impedido frente a la trascendental tarea de impartir justicia, pues todo juez debe emitir sus decisiones, limpias y ajenas de cualquier influencia o perturbación. Previo a justificar la aplicabilidad de dicho fundamento legal, expondré los hechos en que se sustenta: el diecisiete de enero de dos mil tres, contraje matrimonio civil con J.M.M. (persona cuyo nombre refiero únicamente por sus iniciales, por respeto a su derecho a la intimidad, dado que no es parte en el presente juicio), con quien en la actualidad no mantengo relación personal ni vida común desde diciembre de dos mil diecisiete; y, si bien a este día aun me encuentro unida a él por dicho vínculo, actualmente tramito juicio de divorcio ante el Juzgado Séptimo Oral Familiar de este Distrito Judicial. El dieciocho de enero de dos mil tres celebramos matrimonio religioso, al cual, Efraín Cázares López y su esposa participaron como padrinos de velación. Con motivo de lo anterior, a partir de esa fecha, tuve convivencia con Efraín Cázares López y su esposa en muchas ocasiones, incluso con ella en mayor grado de cercanía, tanto en eventos sociales y familiares a los que como esposa de J.M.M. fui invitada por ellos, así como a los diversos a los cuáles la familia de este último y él los invitó, lo que en ese momento creó lazos de amistad. En la actualidad no frecuento ni mantengo relación con Efraín Cázares López, debido a que por una parte perdí contacto con él desde hace varios años; y, por la otra, a la separación con J.M.M., con quien en realidad mantenía éste amistad estrecha, desconociendo si conserven esa amistad, ya que lo cierto es que la relación que tuve con mi ex pareja en la actualidad ya no existe. Los hechos descritos no me permiten manifestar amistad ni enemistad con Efraín Cázares López, para los efectos de la hipótesis de la fracción VII del artículo 51 de la Ley de Amparo; empero, considero encuadran en la hipótesis de la última fracción de ese artículo consistente en que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, que someto a su calificación por lo siguiente, dado que la figura de los padrinos de velación en el matrimonio religioso representa que los contrayentes identifican con admiración, aprecio y respeto a la pareja ya casada que los presenta ante la Iglesia; de ahí que ante familiares, amigos y sociedad, ambas parejas aparecen unidas por lazos de confianza. Por ello es que, más allá de la apreciación subjetiva que como juzgadora tenga en mi fuero interno respecto de Efraín Cázares López, el vínculo descrito proporciona elementos objetivos que merman la imparcialidad, ya que permite no solo a las partes, sino a la sociedad en general, interesada en la adecuada impartición de justicia, cuestionar si la suscrita juzgaría sin presión externa alguna ajena a los intereses, ya sea del quejoso o de alguna de las demás partes, a través, en este caso de su autorizado. Es decir, es factible que cualquier determinación que adoptara en cuanto al fondo del presente juicio, fuera cuestionada a partir de la existencia de los datos objetivos ya proporcionados, lo cual evidentemente afecta la imparcialidad con la que todo juicio debe ser resuelto, no solo desde la posición de la suscrita como juzgadora, sino también en lo que para las partes del juicio y la sociedad representa que un juez dicte sentencia dentro de un juicio en el que el autorizado es quien fue padrino de bodas. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en lo que al caso interesa- establece: Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.). Del precepto trascrito se desprende el derecho fundamental de acceso a la justicia, el cual se traduce en la posibilidad real y efectiva que tienen a su favor los gobernados de acudir ante los tribunales a dilucidar sus pretensiones y, el correlativo deber jurídico de éstos de tramitarlas y resolverlas en los términos fijados por las leyes respectivas. En ese sentido, el numeral precisado hace referencia a cuatro principios de observancia obligatoria para los titulares de los órganos jurisdiccionales al momento de resolver las controversias planteadas, como son la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. La imparcialidad del juzgador es un principio elemental de cualquier sistema judicial propio de un Estado social y democrático, cuya salvaguarda conlleva la necesidad de que quienes ejerzan funciones jurisdiccionales estén obligados a elevar a la decisión de los órganos competentes para ello, la calificación de cualquier situación que desde su perspectiva o la de los interesados pudiese afectar su objetividad e imparcialidad. Todo asunto litigioso que se somete a la potestad de un juzgador, debe estar soportado en el principio de imparcialidad, con lo que se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos que la imparten, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/2012 (9ª), destacó lo siguiente: IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal. Desde esa óptica, las leyes establecen diversos medios y mecanismos a los que los gobernados pueden acudir en aras de cuidar que sea imparcial el fallo que decida la contienda, pero igualmente esa legislación, permite que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el arábigo 17 constitucional. Por ende, la institución jurídica relativa a los impedimentos tiene por objeto proteger la imparcialidad del titular del órgano jurisdiccional que habrá de resolver la litis planteada, lo cual, significa asumir una actitud que asegure que el impartidor de justicia no se incline a favor de alguna de las partes, máxime si tienen un interés personal en el asunto. Ello podría llegar a comprometer la convicción del impartidor de justicia, lo cual debe evitarse, al no ser la persona más apropiada para resolver un caso determinado; es decir, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado subjetivamente por las cuestiones que conducen a presumir la parcialidad del juzgador, desde luego, sobre bases objetivas legalmente previstas. Esta es la razón por la que para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, el artículo 51 de la Ley de Amparo prevé específicamente las causales de impedimento como una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y especialmente en el juzgador que lo hace inhábil para poder llevar a cabo su labor. Debido a lo anterior, considero estar impedida para intervenir con absoluta independencia de ánimo en la tramitación y resolución del presente juicio, bajo la hipótesis de la última fracción del artículo 51 de la Ley de Amparo. Al respecto se invoca la tesis XI.2o.41 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: IMPEDIMENTO. SI EL JUZGADOR RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SU IMPARCIALIDAD ESTARÍA AFECTADA AL RESOLVER EL ASUNTO, ELLO BASTA PARA EXAMINARLO. La formulación del impedimento tiene como finalidad primordial asegurar la garantía de neutralidad en el proceso exigida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es inconcuso que cuando el juzgador reconoce expresamente que su imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto, tal aspecto basta para examinarlo, porque el resolutor acepta que no tiene certeza en su fuero interno para analizarlo ecuánimemente, ni para adoptar una decisión judicial imparcial. Todo el contexto descrito converge en el siguiente cuestionamiento que planteo ante esta Honorable Alzada: ¿Qué perspectiva podría tener la sociedad de una juzgadora que continuara con el conocimiento del asunto de un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quien conoce directamente, y que la apadrinó religiosamente en su ceremonia de matrimonio; mismo que tuvo o tiene una relación de amistad estrecha con la persona que fuera mi pareja y con quien la suscrita actualmente tiene una relación fracturada? Por ello, se invoca esta causa de impedimento, pues es todo un contexto social el que podría poner en entredicho la imparcialidad y debida resolución del juicio en que se actúa, aspecto que por el bien general debe cuidarse por la trascendencia social del valor de la justicia; y por el de las partes en este juicio, a favor de quienes se debe garantizar el dictado de una resolución imparcial. Lo expuesto, a juicio de la suscrita, se insiste es suficiente para alterar el ánimo y la actitud de imparcialidad que debe regir el trabajo como juez. De ahí que se plantea tal circunstancia como causa de impedimento para resolver el presente asunto, dado que se requiere de un homólogo que sin los antecedentes que vinculan al tercero con esta juzgadora, decida. Manifestación de impedimento que en términos de lo previsto por los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, tiene pleno valor, por tratarse de una confesión expresa hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio. De esa manera, atendiendo a la credibilidad y respetabilidad que goza los juzgadores, dada su investidura y a la función jurisdiccional que ejercen, sustentada en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial, formuló el presente impedimento con fundamento en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo. No omito señalar que el Segundo Tribunal Unitario de este Circuito, mediante resolución dictada el treinta y uno de enero de dos mil veinte, calificó legal la excusa planteada por la suscrita dentro de la causa penal 78/2013, que se instruía al citado autorizado ante este juzgado. Por tanto, en términos del artículo 55 de la Ley de Amparo, de inmediato hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, para que se sirva calificar el impedimento legal planteado; para tal efecto, remítase el cuaderno original en que se actúa, debiendo formarse cuaderno de antecedentes y realizarse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS. Sin que ha lugar hacer pronunciamiento sobre la suspensión del acto reclamado en razón de que del escrito de demanda presentado en línea carece de firma electrónica. Si bien es cierto que el artículo 53 de la Ley de Amparo, señala que el que se excusa deberá proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto; tal supuesto no se actualiza en el presente caso, pues ante la causa de impedimento invocada, no es posible hacer pronunciamiento en cuanto a la procedencia de la demanda, como presupuesto previo a la suspensión del acto, máxime que no se está frente a un acto reclamado susceptible de suspenderse en término del artículo 126 de la Ley de Amparo. En otras palabras, para proveer sobre la suspensión, en el caso sería necesario hacer un pronunciamiento respecto de la ausencia de firma electrónica de la demanda, lo cual no es viable ante el impedimento que se hace valer. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Notifíquese personalmente a la parte promovente con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Jazmín Calderón Sánchez.943/2017
- Jazmín Hortensia Avalos García1057/2023
- Jazmin Reyes Chávez503/2021
- Jenifer Herrejon Romero543/2023
- Jennifer Navarro Santoyo435/2021
- Jenny Jackeline Flores Rodríguez463/2021
- Jesse Fitzgerald Chávez García382/2018
- Jesse Fitzgerald Chávez García659/2017
- Jessica Catalina Murgui Hernández505/2022
- Jessica Ramos Mora984/2021
- Jessica Ramos Mora259/2020
- Jessica Ramos Mora729/2022