Jenifer Urrutia Garcia
Expediente 1362/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1362/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jenifer Urrutia Garcia
- JENIFER URRUTIA GARCIA y Otros.
- Calixto Maceda Doroteo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. .
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil dieciséis.Agréguese a sus autos la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el proveído de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, pues refiere que al constituirse en el domicilio ubicado en calle 4-E, número ciento trece, interior ocho, colonia Bosques de San Sebastián, en la ciudad de Puebla localizó el inmueble identificado con el número exterior ciento trece e interior ocho; sin embargo, el conjunto de casas tipo "dúplex" se encuentra cerrado por tres zaguanes y dos puertas, y al tocar en varias ocasiones en las rejas de acceso así como en las puertas ya que indica que no hay timbres, nadie acudió a su llamado, por lo que no tuvo acceso hasta la casa marcada con el dígito ocho.En consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y el diverso de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 26 DE OCTUBRE DE 2016: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, mediante el cual rinde informe justificado. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como prueba del Juez responsable la documental que anexa a su oficio de cuenta, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, visto el estado procesal de los presentes autos, se advierte la existencia de una causal de sobreseimiento - como enseguida se evidenciará - lo cual conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. En principio, conviene establecer que en el caso que nos ocupa el quejoso Calixto Maceda Dorteo, por conducto de su defensora particular Jenifer Urrutia García, mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis y ese mismo día ante este órgano federal, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, que hizo consistir en: las omisiones de resolver la solicitud de libertad en el incidente no especificado de libertad, y de dar el trámite correspondiente a la apelación del incidente de adecuación de la pena, ambas dentro de la causa penal 13/1998. Mediante proveído de veintisiete de septiembre del actual se admitió a trámite la demanda de amparo, requiriendo a la autoridad responsable su respectivo informe justificado. Ahora, de la documental remitida por la responsable citada, consistente en copia certificada de constancias diversas de la causa penal 13/1998 de su índice, con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: - Que en el Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, se encuentra radicada la causa penal 13/1998, en contra del aquí quejoso, como responsable del delito de homicidio calificado, en la cual se le condenó a una pena corporal de veinticinco años de prisión. - El ocho de diciembre de dos mil catorce, se admitió a trámite el incidente no especificado de adecuación de la pena, promovido por el aquí quejoso, y mediante interlocutoria de cuatro de diciembre de dos mil quince, se resolvió procedente reducir ocho años y cuatro meses de la pena corporal impuesta, imponiéndole así dieciséis años y ocho meses, la cual se determinó ya se había compurgado. - Inconforme con la determinación anterior, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, interpuso recurso de apelación, medio de impugnación que con fecha trece de junio de dos mil dieciséis fue admitido, el cual, tocó conocer a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en el toca 989/2016, resolviendo con fecha siete de julio de dos mil dieciséis, declarar procedente dicha incidencia y ordenando su inmediata libertad. - Derivado de lo anterior, el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, derivado del oficio girado por el Juez responsable al Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, el peticionario de amparo fue puesto en libertad. En la especie, no se analizará la litis, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)". Esta causa de improcedencia se actualiza ante la presencia de un hecho que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias jurídicas, ha desaparecido, por lo que ya no es dable que el acto lesione al quejoso. Tiene como base la imposibilidad de que se realicen o se continúe la ejecución de los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto del mismo, como en la especie acontece, ya que si el quejoso reclama omisiones en el incidente no especificado de adecuación de la pena, el cual promovió con el fin de salir en libertad. Por tanto, si de las constancias de autos se advierte que el peticionario de amparo, salió en libertad al egresar del Centro de Reinserción Social de Puebla, se advierte, ya no existe ningún fin practico estudiar la omisión reclamada. Máxime que en el caso, de dictarse sentencia en el presente juicio de amparo, no se otorgaría al aquí quejoso, mayor beneficio del ya obtenido. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (Tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). De ahí que resulte innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, para resolver este asunto, ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el sentido de la resolución que se dicte en este asunto, sería el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V en relación con el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías. Por tanto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tiene aplicación por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1362/2016-I-D. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías signada por Jenifer Urrutia García, quien se ostenta con el carácter de defensora particular de Calixto Maceda Doroteo, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Lo anterior, sin que pase inadvertido para la suscrita que en el proemio de la demanda de derechos fundamentales la signante refiere que promueve por su propio derecho y en su carácter de defensora particular del sentenciado Calixto Maceda Doroteo, pues, de la lectura íntegra al escrito de demanda se advierte que la promovente Jenifer Urrutia García promueve en su carácter de defensora del quejoso directo Calixto Maceda Doroteo. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado, pues el quejoso no lo solicitó expresamente; sin que a criterio de la suscrita resulte procedente tramitar de oficio dicha medida cautelar, pues el acto reclamado en el presente juicio no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una orden de extradición y no es un acto que sea de imposible reparación, por lo que, en caso de concederse el amparo, el quejoso podrá ser restituido en el pleno goce del derecho reclamado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx y, a efecto de confirmar su envío, se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a treinta días veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 251 del citado cuerpo de leyes. Ahora bien, en razón de que la promovente Jenifer Urrutia García, se ostenta como defensora particular de Calixto Maceda Doroteo dentro del proceso penal 13/1998, atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla para que en el término de tres días, siguiente a la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional la certificación correspondiente en la que conste la personalidad con la que se ostenta Jenifer Urrutia García, esto es, que se trata de la defensora particular del mencionado quejoso. Apercibido que de no hacerlo así en el término indicado, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como 259 y 237, fracción I de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase del conocimiento del promovente que, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria, si ésta carece del carácter con el que se ostenta, este órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días y se seguirá con el procedimiento previsto en el indicado numeral. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Así mismo, resérvese de proveer sobre la existencia de algún otro tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe justificado del juez responsable. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que anexa a su escrito de demanda marcadas con los numerales 1, 2 y 3, la presuncional legal y humana, mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente con el valor que la ley les concede en la audiencia constitucional. Por lo que hace a la documental marcada con el número 3, que refiere a todo lo actuado dentro del incidente no especificado relativo a la causa penal 13/1998 del Juzgado del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, resérvese de acordar sobre su admisión hasta en tanto la autoridad responsable remita las constancias conducentes. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de amparo. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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