Jeannette Maria Antonieta Meza Orozco

Expediente 557/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
557/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Jeannette Maria Antonieta Meza Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 19761/2021 que antecede, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al efecto, se provee: Téngase al Juzgado Federal oficiante acusando recibo del oficio 632 (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 557/2021) e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Pedro Francisco Rivera Bringas, en su carácter de asesor jurídico de Jeannette María Antonieta Meza Orozco, registrándola bajo el número de expediente 921/2021. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, en atención al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se declaró la incompetencia de este juzgado de Distrito, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mediante el cual se reactivó en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte y entraría en vigor a partir del primer día de dicho período. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021; Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Que la demanda fue presentada el once de junio pasado -electrónicamente- ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, la misma cuenta con evidencia criptográfica de la Firma Electrónica a que se refieren los artículos 2, fracción XVI, 6, 45, párrafo tercero y 52, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 557/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. INCOMPETENCIA. En principio, cabe precisar que el acto que se combate en la presente instancia, es la omisión en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable Órgano Interno de Control y Visitaduria de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de resolver la queja administrativa D.H.204/2021 interpuesta por el promovente en contra de la 1.- Fiscalía de Investigación Metropolitana; 2.- Agente Investigador encargado de la Unidad de Apoyo policía de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y, 3.- Agente investigador de nombre Esther (de quien se desconocen sus apellidos), a quien se turnó el oficio de investigación número 0004/2021, para su cumplimiento. En atención a lo anterior, es evidente que el acto reclamado deriva de un procedimiento administrativo, el cual está sujeto a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues el órgano señalado como responsable es el encargado de la supervisión, inspección y control de la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General, así como de la investigación, substanciación y aplicación de sanciones administrativas del personal de la citada Institución, la cual entre otras atribuciones, tiene la de investigar, sustanciar y resolver las quejas o denuncias que se presenten por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla . Sentado lo anterior, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos. Por lo que, en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano, se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: Competencia por territorio. Competencia por materia. Competencia por grado; y, Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, con base en un análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, así como de dos elementos fundamentales: 1. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados; y, 2. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable. Apoya a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto, son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Precisado lo anterior, conviene citar el dispositivo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción se aprecia, que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad debe ser específicamente judicial. Contra actos que afecten la libertad personal independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan el acto reclamado, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. Contra actos consistentes en resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal. Por denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. En el caso, el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en: - La omisión en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable Órgano Interno de Control y Visitaduria de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de resolver la queja administrativa D.H.204/2021 interpuesta por el promovente en contra de la 1.- Fiscalía de Investigación Metropolitana; 2.- Agente Investigador encargado de la Unidad de Apoyo policía de la Fiscalía de Investigación Metropolitana; y, 3.- Agente investigador de nombre Esther (de quien se desconocen sus apellidos), a quien se turnó el oficio de investigación número 0004/2021, para su cumplimiento. Dicho acto no puede considerarse de naturaleza penal para efectos de determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer y resolver el juicio, pues no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el arábigo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en razón de que las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento de investigación de la actuación de un servidor público, no tienen naturaleza penal, sino administrativa, toda vez que la finalidad del procedimiento está encaminada a verificar si dicha actuación se realizó con apego a los principios que rigen la función desempeñada. En efecto, conviene precisar lo dispuesto en los artículos 9, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Fiscalía General del Estado de Puebla, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 9. La Fiscalía General, para el despacho de los asuntos que le competen, estará integrada por: .V. El Órgano Interno de Control y Visitaduri´a con las funciones que establezca esta ley, su Reglamento y la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas." "ARTÍCULO 40 El Órgano Interno de Control y Visitaduri´a a que se refiere el artículo 9, fracción V de esta Ley, con independencia de las facultades que le otorgue el Reglamento, será el encargado de la supervisión, inspección y control de la actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General, así como de la investigación, substanciación y aplicación de sanciones administrativas, con excepción de la aplicación de sanciones a los agentes investigadores. Tendrá a su cargo: l. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de la Fiscalía General, establecidas en esta Ley, en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas y las demás disposiciones aplicables; II. Investigar, sustanciar y, en su caso, resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Fiscalía General que sean de su competencia, de conformidad con esta Ley y la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas; III. Llevar a cabo la supervisión, inspección y control de los fiscales, agentes del Ministerio Público, agentes investigadores, peritos, y demás servidores públicos de la Fiscalía General en lo que se refiere a las funciones del Ministerio Publico que realicen, en los términos que señale el Reglamento de esta Ley; IV. Investigar, sustanciar y resolver las quejas o denuncias que se presenten por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos a que se refiere la fracción I de este artículo y para ello podrá hacer uso de los medios de apremio que establezca la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas; V. Realizar la supervisión, inspección, fiscalización y control de la administración de los recursos humanos y materiales de la Fiscalía General; VI. Revisar el manejo, la custodia y la aplicación de los recursos que integran el patrimonio de la Fiscalía General, conforme a las disposiciones que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley; VII. Evaluar los resultados de la gestión financiera de la Fiscalía General; VIII. Practicar auditorías para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas institucionales, de conformidad con los lineamientos técnicos, criterios, procedimientos y sistemas que al efecto expida; y IX. Las demás que determine el Reglamento. ARTÍCULO 41. Las resoluciones que emitan el Órgano Interno de Control y Visitaduría y la Comisión de Honor y Justicia en las que se imponga una sanción a los servidores públicos de la Fiscalía General, serán definitivas e inatacables. Los procedimientos para la imposición de las sanciones administrativas deben apegarse a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material, respeto de los derechos humanos, presunción de inocencia, exhaustividad y de audiencia, defensa, igualdad, celeridad y sana crítica. ARTÍCULO 42. El Órgano Interno de Control y Visitaduría tendrá libre acceso a los expedientes, documentos e información que se encuentren bajo la autoridad o custodia de los servidores públicos de la Fiscalía General a quienes practique una investigación o auditoría, así como a las instalaciones correspondientes, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y las disposiciones que al efecto emita el Fiscal General." (..) De las anteriores transcripciones, se advierte que el Órgano Interno de Control y Visitaduri´a de la Fiscalía General del Estado de Puebla es el órgano administrativo, quien tiene la atribución de investigar las denuncias o quejas presentadas de oficio o a petición de parte interesada. Por tanto, al tratarse de una omisión atribuida al referido órgano, corresponde al Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, conocer del asunto cuya omisión reclama la parte quejosa. Es así, pues el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación de los servidores públicos con motivo de su omisión de actuar conforme a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, solicitada por el quejoso, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación de los servidores públicos sujetos a la queja. En ese entendido, al presentarse una queja por presuntas irregularidades atribuidas a la actuación de servidores públicos adscritos a la Fiscalía General del Estado de Puebla, se forma un expediente, el cual tiene como finalidad determinar si el servidor público incurrió en alguna causa de responsabilidad y, en su caso, imponer la sanción correspondiente. Por lo que, el procedimiento que se instruye en razón de la interposición de una queja en contra de la actuación de un servidor público adscrito a la Fiscalía General del Estado de Puebla, tiene una naturaleza distinta a la que corresponde al propio procedimiento en el cual se originaron los hechos, ya que es llevado a cabo por una autoridad de naturaleza administrativa. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO SEGUIDO CONTRA UN SERVIDOR ADSCRITO AL MINISTERIO PÚBLICO, CON MOTIVO DE SU ACTUACIÓN EN UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La averiguación previa, junto con las diligencias judiciales, integran un todo indivisible que constituye el procedimiento penal y, por tanto, los actos o abstenciones que tengan lugar durante su integración corresponden a esta última materia. En cambio, el procedimiento derivado de la interposición de una queja en contra de un Agente del Ministerio Público, o de un servidor adscrito a este último órgano, con motivo de una posible actuación irregular durante la averiguación previa, tiene una naturaleza administrativa. En efecto, el procedimiento disciplinario se ciñe únicamente a verificar que la actuación materia de la queja se apegue a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el desempeño de todos los servidores públicos a que se refieren los artículos 108 y 109, fracción III, de la Constitución General y, por tanto, de resultar fundada, da lugar a la imposición de sanciones también de carácter administrativo, tales como la amonestación pública o privada, la suspensión, la remoción del cargo, sanciones económicas o la inhabilitación para ocupar cargos, empleos o comisiones en el sector público. En este orden de ideas, el procedimiento disciplinario seguido en razón de la actuación del servidor público con motivo de la integración de la averiguación previa, no tiene como objeto la revisión del procedimiento penal en calidad de segunda instancia, sino que se ciñe únicamente a la revisión de la actuación del servidor público sujeto a la queja o denuncia. Por lo que se refiere a la autoridad que instruye el procedimiento e impone las sanciones, ésta también es administrativa, ya que tratándose de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, corresponde a la Contraloría General del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por conducto de la Contraloría Interna en la misma Procuraduría, imponer a los servidores públicos de la institución las sanciones administrativas a que haya lugar, en términos del artículo 76 de la Ley Orgánica respectiva; y con respecto a la Federación, compete a la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República tramitar las quejas que se presenten por presuntas irregularidades o por el incumplimiento de obligaciones por parte de los servidores públicos de dicha institución, en términos del artículo 21 de la Ley orgánica de dicha Procuraduría. Consecuentemente, con apoyo en lo establecido en el artículo 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde a un Juzgado de Amparo en Materia Administrativa conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una resolución dictada dentro del procedimiento administrativo de queja por irregularidades o incumplimiento de las obligaciones a las que se encuentran sujetos los servidores públicos mencionados, aun cuando se aduzca que las mismas se cometieron durante la integración de una averiguación previa." En ese contexto, al reclamarse un acto a una autoridad de naturaleza administrativa, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste, corresponde ser analizada por un Juez de Distrito en Materia Administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "Artículo 52.- Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: (I a III.) IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III de artículo anterior en lo conducente; y". Por tanto, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, en razón de que el acto reclamado concierne a la materia administrativa, especialidad diversa a la de este órgano de control constitucional, por lo cual se estima que la competencia para conocer del presente juicio, se surte a favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, se ordena remitir los autos que integran el presente expediente de amparo 557/2021, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla; y, se le solicita respetuosamente, se sirva informar la determinación que adopte respecto de si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DOMICILIO. Se tiene como domicilio convencional de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indicó en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas indicadas, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto, lo turne al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, en turno, en el Estado de Puebla.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano