Jenifer Ortiz Hernandez
Expediente 393/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jenifer Ortiz Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que Jenifer Ortiz Hernández interpusiera recurso de queja, en contra del auto de doce de abril de dos mil veintidós, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, el expediente es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito del quejoso ********************, a través del cual, en atención a la vista concedida en auto de seis de abril pasado, realiza diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; al respecto, resérvese proveer lo conducente hasta el momento de resolver sobre el mismo. Respecto a los dos discos versátiles digitales que adjunta, no ha lugar a señalar fecha para su reproducción, dada su naturaleza jurídica. Sustenta lo antes expuesto el siguiente criterio: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Guárdense en un sobre cerrado los mencionados discos, mismos que se glosan al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
(publicación AVISO) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 12 DE ABRIL DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintidós. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. ....ACTO RECLAMADO Y ANTECEDENTES. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Jenifer Ortiz Hernández, señaló como autoridades responsables al 1. TITULAR DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 2, y al 2. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ABOGADO ARTURO WONG CORTES, ADSCRITO A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 2, a quienes les reclama: La omisión de ejercer acción penal en contra de C. LUIS ARTURO SALAS AQUINO por los hechos con apariencia de delito de LESIONES Y DAÑO EN PROPIEDAD AJENA CULPOSOS. Ahora bien, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "2.- Con fecha veinte (20) de octubre (10) de Dos mil diecinueve (2019), tuvo verificativo Audiencia Inicial dentro de la Carpeta Judicial Administrativa número 2190/2019, del Juez de control de la Región Judicial Centro con sede en la Ciudad de Puebla, a lo que en dicha audiencia la defensora del C. LUIS ARTURO SALAS AQUINO manifestó su voluntad de arribar a un Acuerdo reparatorio y toda vez que no pude asistir a dicha audiencia debido a mi condición de salud en ese momento el Juez de Control determino que no existía una oposición de mi parte por lo que autorizo la solicitud de la defensa particular y se suspendió el procedimiento por el termino de 30 días a fin de que se arribara a un Acuerdo Reparatorio." De lo anterior se advierte, que la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado aludido, ya fue judicializada. DESECHAMIENTO. Así, se reitera que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, la omisión de ejercer acción penal en contra de Luis Arturo Salas Aquino, por los hechos con apariencia de delito de lesiones y daño en propiedad ajena culposos. Respecto del citado acto reclamado, se advierte que la demanda de amparo que se analiza deviene improcedente, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [...]" Conforme a los preceptos legales trascritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resultando aplicable la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sin embargo, debe decirse que al 1. TITULAR DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 2, y al 2. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ABOGADO ARTURO WONG CORTES, ADSCRITO A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 2, no les reviste el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo, pues no cumple con el extremo que se necesita para ser considerado como tales. Esto es así, puesto que de la demanda de amparo se desprende que la carpeta de investigación de origen, de la cual deriva el acto que ahora se reclama, ha sido judicializada; ya que la quejosa refirió, bajo protesta de decir verdad, que el veinte de octubre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo audiencia inicial dentro de la carpeta judicial administrativa 2190/2019. Por tanto, quien esto suscribe advierte la actualización de la referida causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, ya que el acto que se pretende combatir no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida de que a quien se lo reclama, esto es, al 1. TITULAR DE LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 2, y al 2. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ABOGADO ARTURO WONG CORTES, ADSCRITO A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA CUARTEL METROPOLITANO 2, no cumple con los extremos que se necesitan para ser considerados como tales, dado que su actuación no es de manera unilateral y obligatoria. En efecto, la institución del Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal, y, en ese sentido, puede disponer de ella, de conformidad con los artículos 21 Constitucional, 127, 131, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Ministerio Público actúa como autoridad en la etapa de investigación inicial; sin embargo, una vez que el procedimiento penal se judicializa, la autoridad es el Juez; mientras que el Ministerio Público actúa como parte, de conformidad con el artículo 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, debe indicarse que la institución del Ministerio Público, se rige, entre otros principios, por el de unidad, que implica que dicho ente es en quien recae la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos, con independencia de los agentes que sea designados y resulten necesarios para llevar a cabo los actos tendentes a la consecución de sus fines. Así, se advierte que en la especie, el Ministerio Público, visto como un ente de procuración de justicia, ha pasado a formar parte del procedimiento judicial y ha dejado de tener la calidad de autoridad, por lo cual, las determinaciones que pudiera emitir u omisiones en que pudiera incurrir no pueden crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, dado que sus actos ahora se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico; esto es así, ya que al judicializarse la carpeta de investigación, este ha cambiado de calidad a ser un sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte. De ahí que la omisión que reclama de los Ministerios Públicos responsables, no puede concebirse como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues se trata de la actuación de una de las partes que intervienen en el proceso judicial y que, en su caso, puede ser objeto de control judicial por parte del órgano jurisdiccional que conoce de la carpeta judicial administrativa, a quien corresponde regular los actos procesales que desarrollen las partes. Resulta orientadora la tesis aislada II.3o.P.75 P (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 75, febrero de 2020, tomo III, página 2278, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL MINISTERIO PÚBLICO NO TIENE ESE CARÁCTER A PARTIR DE QUE SOLICITA AL JUEZ DE CONTROL SEÑALAR FECHA Y HORA PARA LA AUDIENCIA INICIAL, PORQUE ACTÚA COMO PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 10 Y 11 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). La intervención del Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, desde que solicita al Juez de control fijar fecha y hora para la audiencia inicial y hasta que se dicta sentencia firme, no reúne las características para que se le considere como autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues su actuación durante el proceso reviste la calidad de parte, ya que no existe una relación de supra a subordinación en relación con el imputado; esto se obtiene a partir de la interpretación de los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque permite concluir que tanto el Ministerio Público como el imputado se encuentran en una situación de igualdad ante la ley; y es el Juez de control o el de enjuiciamiento quien mediante el control horizontal y el debate entre las partes resuelve sus planteamientos. De este modo, como el representante social no actúa en forma unilateral, porque sus peticiones requieren de la aprobación judicial, respecto de éste se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción II, ambos de la ley de la materia." Así como la tesis aislada I.8o.P.23 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 67, junio de 2019, tomo VI, página 5285, de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA A CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO EL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." En consecuencia, el acto que reclama la parte promovente a la representación social no se trate de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cual constituye una causa de improcedencia manifiesta e indudable, pues no va a variar en el trámite del juicio de amparo, ya que depende directamente de la naturaleza del acto y de las autoridades que lo emiten, por lo que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Félix Javier Rojas Corona y Orlando Cordero Zambrano, ya que cuentan con cédula profesional de licenciados en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN DE ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LINEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. ( Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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