Jenifer Reyes Tinajero

Expediente 301/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
301/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2018

Partes del expediente

  • Jenifer Reyes Tinajero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    COMO DE AUTOS...HA CAUSADO ESTADO...ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO; HACIENDOSE LA OBSERVACION DE QUE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION...

  2. Principal

    Morelia, Michoacán; dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos -, mediante el cual cumplen con el requerimiento que se le hizo en proveído de nueve de abril del año que transcurre. Ahora bien, del análisis a la demanda de amparo a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".IV.- LA NORMA GENERAL O ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA la resolución pronunciada de fecha 9 nueve de noviembre del 2016 dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Primero de Primera Instancia en materia civil del distrito judicial de Hidalgo, Michoacán, dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble bajo el número 1077/2014 que promoviera ... Resolución de inminente ejecución que nos deja en esta de indefensión.(sic)" Ahora, respecto de los actos antes referidos, el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de convicción durante el juicio. Resulta aplicable la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, el cual textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Se hace necesario invocar de manera breve los antecedentes del acto reclamado. 1. La progenitora de los aquí quejosos -, promovió recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Hidalgo, Michoacán, dentro del expediente - en la que condeno a la progenitora entregar el bien inmueble materia del juicio, la cual conoció la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, bajo el numero I-382/2016, donde confirmó la sentencia impugnada, así también, promovió diverso juicio de amparo directo, la cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito en Materia Civil, y negó el amparo y protección de la Justicia Federal. No obstante lo anterior, las pruebas reseñadas resultan ineficaces para otorgar la concesión de amparo, porque si bien el auto donde se ordena entregar el bien inmueble materia del acto reclamado fue impugnado por la progenitora de los aquí quejosos, la cual como representante legal de los menos, fue oída y escuchada dentro del juicio, así como que la misma fue parte dentro del procedimiento; por lo que se estima que a los quejosos les resulta el carácter de causahabiente de la parte demandada en el juicio de origen. Para explicar lo anterior, se establece que la causahabiencia es una relación jurídica integrada por dos personas, a saber: a) El causante, que es la persona que transmite el bien; y, b) El causahabiente, que es la persona a quien se transmite el bien. Esta relación (causahabiencia) se da siempre que se transmite un bien o un derecho, y consiste en que la persona que lo recibe soporta sus cargas. La figura de la causahabiencia y la responsabilidad respecto de las cargas que implica la adquisición de ciertos bienes y derechos también pueden darse dentro de juicio. Asimismo, puede decirse que existen dos clases de causahabiencia: 1) La que se da fuera de los juicios o de orden sustantivo, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho se subroga en los derechos de su causante, pero además soporta las causas inherentes al bien o al derecho que adquiere, de tal manera que siempre que un bien tenga un gravamen o carga y se transmita a otra persona, ésta será causahabiente de aquél y soportará esas cargas. Ello puede darse cuando se transmite un bien que tiene como carga un derecho real (como sucede cuando se transmite un bien hipotecado, caso en el cual si en el juicio se quisiera hacer efectiva la carga que reporta el bien transmitido, existe el derecho del acreedor de demandar al nuevo propietario haciendo efectiva la carga que pesa sobre el bien), o bien, cuando se transmite y sobre él existe otro tipo de cargas no reales (como sucede en los casos en que se adquiere un bien sobre el cual existe un contrato de arrendamiento, contrato que por disposición legal no termina con la transmisión de la propiedad). 2) La segunda, de orden adjetivo o procesal, que consiste en que quien adquiere un bien o derecho que está siendo discutido dentro de un juicio, debe estarse a lo que se decida en ese juicio sin que se le dé audiencia al adquirente del bien, que se considera como oído y vencido en el juicio a través de su causante y, por ello, no puede interponer una tercería excluyente de dominio ni puede ostentarse como tercero extraño en el juicio de amparo. Entonces, ambos tipos de causahabiencia tienen como efecto que quien adquiere determinados bienes o derechos, soporte ciertas cargas, solo que la carga que soporta el causahabiente en el segundo caso consiste en que tenga que estar a las resultas del juicio seguido en contra del causante, precisamente porque sabía de la existencia del proceso jurisdiccional. Así, en el caso concreto, se estima que se actualiza la causahabiencia precisada en el número 2), esto es, la "causahabienica de orden adjetivo o procesal", ya que la parte quejosa por medio de -su progenitora obtuvo derecho fundamental de audiencia tal y como lo contempla en el artículo 14 constitucional. Entonces, al tener la parte quejosa el carácter de causahabiente, excluye la posibilidad de que pueda ser considerada como tercera extraña al juicio natural en los que es parte demandada su causante -, que es quien le arrendó el inmueble en el que se requiera la entrega material. Ello es así, al tomar en cuenta que se consideran personas extrañas a juicio a aquélla que no ha figurado como parte en sentido material en el procedimiento del que deriva el acto reclamado, pero sufre algún perjuicio dentro de éste o en la ejecución de su resolución, sin haber tenido oportunidad de ser oída en su defensa. De ahí que, si los quejosos se ostentan con dicho carácter, pero se demuestra plenamente que son causahabiente de quien es parte demandada en el juicio natural, su situación jurídica es idéntica a la del demandado, por lo que se encuentra sujeta a lo resuelto en contra de su causante. En ese sentido y no obstante que los quejosos aducen que tuvo conocimiento de la existencia del juicio el día uno de abril de dos mil dieciocho, lo cierto es que progenitora quien es además su representante legal tuvo conocimiento del acto reclamado desde el juicio de origen, ello no impide que se actualice la causahabiencia, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que dicho contrato se haya celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento de origen. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 54, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 3159, que a la letra dice: "CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados". En ese sentido, se concluye que son infundados los conceptos de violación que esgrime la quejosa en su demanda de amparo, pues no se ha coartado en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional, ya que por conducto de su causante (demandada en el juicio natural), fue defendido su derecho, por lo que la suerte que ahora corre el causante en aquel juicio también perjudicará al causahabiente, en tanto que ambos están sujetos a la misma situación jurídica. Es aplicable, la jurisprudencia 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 56, que a la letra dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". De igual manera, la Jurisprudencia 34/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 189, de rubro y texto siguiente: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie del subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado". De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    .CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos -, mediante el cual intentan cumplir con el requerimiento que se le hizo en proveído de cinco de abril del año que transcurre; sin embargo, previo admitir la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE A LA PARTE QUEJOSA para que: Bajo protesta de decir verdad y apercibidos de la responsabilidad en que incurren en caso de manifestar hechos falsos, adecúen su escrito aclaratorio, virtud a que en el proveído de fecha cinco de abril pasado, se les requirió para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del mismo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, dieran cumplimiento con el requerimiento realizado, empero, del escrito que se provee no se advierte que hayan asentado tal protesta, la que resulta indispensable por ser éste un requisito formal establecido por la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, En la inteligencia que de no cumplir con la prevencion formulada, se hará efectivo el apercibimiento hecho en el citado proveído de cinco de abril, y SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE GARANTÍAS. Asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, y la apertura del incidente de suspensión solicitado, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. En el entendido, que el plazo de cinco días concedido en el auto de prevención solamente SE INTERRUMPE, reanudándose hasta el día siguiente al que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por los quejosos -, mediante el cual intentan cumplir con el requerimiento que se le hizo en proveído de cinco de abril del año que transcurre; sin embargo, previo admitir la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE A LA PARTE QUEJOSA para que: Bajo protesta de decir verdad y apercibidos de la responsabilidad en que incurren en caso de manifestar hechos falsos, adecúen su escrito aclaratorio, virtud a que en el proveído de fecha cinco de abril pasado, se les requirió para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del mismo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, dieran cumplimiento con el requerimiento realizado, empero, del escrito que se provee no se advierte que hayan asentado tal protesta, la que resulta indispensable por ser éste un requisito formal establecido por la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, En la inteligencia que de no cumplir con la prevencion formulada, se hará efectivo el apercibimiento hecho en el citado proveído de cinco de abril, y SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA DE GARANTÍAS. Asimismo, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para cada una de las partes, y la apertura del incidente de suspensión solicitado, dado que el mismo tiene el propósito de subsanar las omisiones anotadas por lo que no puede desvincularse y analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento. En el entendido, que el plazo de cinco días concedido en el auto de prevención solamente SE INTERRUMPE, reanudándose hasta el día siguiente al que surta efectos la notificación que se le practique del presente proveído. Notifíquese personalmente.

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