Jazmin Selene Favian Hernandez

Expediente 454/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
454/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2018

Partes del expediente

  • Lic. Dulce María Guillen Morales
  • Jazmin Selene Favian Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a ocho de junio de dos mil dieciocho. Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte interesada y facultada interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo promovida por -, por conducto de su apoderado jurídico -, sin que hicieran uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista al quejoso... del acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho...Por recibida la demanda de amparo promovida por-en cuanto apoderado jurídico de la quejosa -carácter que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Rregístrese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-454/2018. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. El indebido actuar respecto del cumplimento de un convenio celebrado, ratificado, aprobado y sancionado por la responsable, dentro del juicio ordinario laboral número 4A-1718/2017; puesto que no obstante que las partes convinieron que el mismo se cumplimentaría ante la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Apatzingán, Michoacán, aquella ilegalmente lo tuvo por cumplimentado por medio de una promoción que el ahora tercero perjudicado presentó ante la responsable en esta ciudad de Morelia, Michoacán, violando con ello el clausulado de dicho pacto de voluntades, el cual fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, obligando a las partes a estar y pasar por él, respecto de todo su contenido en todo tiempo y lugar". Acto, respecto del cual se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano...por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo bi instancial". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por - en cuanto apoderado jurídico de -, contra los actos reclamados la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos que precisados quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo...

  3. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por-en cuanto apoderado jurídico de la quejosa -carácter que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Rregístrese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-454/2018. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. El indebido actuar respecto del cumplimento de un convenio celebrado, ratificado, aprobado y sancionado por la responsable, dentro del juicio ordinario laboral número 4A-1718/2017; puesto que no obstante que las partes convinieron que el mismo se cumplimentaría ante la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Apatzingán, Michoacán, aquella ilegalmente lo tuvo por cumplimentado por medio de una promoción que el ahora tercero perjudicado presentó ante la responsable en esta ciudad de Morelia, Michoacán, violando con ello el clausulado de dicho pacto de voluntades, el cual fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, obligando a las partes a estar y pasar por él, respecto de todo su contenido en todo tiempo y lugar". Acto, respecto del cual se estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, prescriben: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El primero de los preceptos pone de manifiesto, que las causas de improcedencia, se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional, que conozca del juicio de amparo, por su parte el segundo precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Lo resaltado es por este Juzgado) De los artículos de la Ley de Amparo antes transcritos, se conoce que las causas de improcedencia del juicio de garantías deben ser estudiadas por el juzgador de oficio y que, el juicio de control constitucional resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución que se emita en un procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por lo anterior, en casos como el indicado al principio resulta necesario declarar la improcedencia del juicio de garantías, tomando en consideración los antecedentes de la demanda que se analiza, de la que se advierte que la parte quejosa manifiesta que con fecha diecisiete de febrero del año en curso, las partes dentro el juicio laboral 1718/2017 del índice de la responsable, celebraron convenio, el cual fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, obligando a las partes a estar y pasar por él, respecto de todo su contenido en todo tiempo y lugar; que el veintisiete de febrero del año en curso, la hoy quejosa, compareció ante la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Apatzingán, Michoacán, a ratificar en todas y cada una de sus partes, el convenio celebrado, por así haberlo convenido; hecho ello, esa autoridad ordenó la remisión de las constancias respectivas a la ahora responsable; que el nueve de abril ésta dicta resolución en la tiene por exhibidos los cheques por concepto de pago del convenio y de la pena convencional pactada, decretando que tiene a la parte demandada por cumplido el convenio celebrado el siete de febrero y ratificado por la actora; que mediante promoción del dieciséis de abril, el apoderado jurídico de la hoy quejosa, solicitó regularización del procedimiento, considerando que a fin de agotar el principio de definitividad, debería ser el Presidente de la Junta responsable quien resolviera respecto del complimiento del convenio. Los antecedentes reseñados, ponen de relieve que, el acto que la parte promovente pretende reclamar consistente en el indebido actuar respecto del cumplimiento del convenio, celebrado, ratificado aprobado y sancionado, fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, al haberse elevado el convenido a la categoría de laudo ejecutoriado. Ahora bien, aún y cuando es cierto que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, procede respecto de actos ejecutados después de concluido el juicio, también lo es que, ese precepto legal determina que, si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la quejosa y trascendido al resultado de la resolución; lo anterior es importante destacarlo en atención a que, si bien en la etapa de ejecución de sentencia se emiten autos y resoluciones intermedias para la ejecución del laudo, estas determinaciones no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y en la especie, el promovente pretende combatir el cumplimiento del convenio, el cual fue elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, determinación que no constituye un acto definitivo que haga procedente el juicio constitucional, al no constituir en concepto del suscrito, la última determinación judicial que ha de dictarse en ese procedimiento y, por ende, no se está ante el supuesto previsto por el segundo párrafo, de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo; ya que de actualizarse dicha hipótesis, ello sería hasta en el momento mismo en que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el juicio laboral 4A-1718/2017, lo que le daría a la impetrante la posibilidad de formular demanda de garantías señalando las violaciones que considere fueron cometidas en el procedimiento llevado a cabo para cumplir con la referida sentencia, incluidas las violaciones que aduce en su demanda se han cometido y que considere han dejado sin defensa a la parte peticionaria de amparo. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos 107, fracción IV, segundo párrafo, en concordancia con el 62 todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Sin que en el caso particular nos encontremos en el supuesto de excepción que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en el criterio jurisprudencial 108/2010; para aplicar por analogía lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo y estimar procedente el juicio de garantías contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues con el pacto de voluntades fue el cual fue elevado al laudo ejecutoriado, no es un acto ajeno a la cosa juzgada y no afecta de manera inmediata derechos sustantivas de la parte quejosa imposibles de reparar pues es evidente que solo afectaría derechos procesales dentro de la fase de ejecución, por lo que, si estamos en presencia de un acto que tiende a ejecutar una sentencia se trata de un acto que solo podrá verse reparado de serle favorable en el amparo que interponga contra la última resolución dictada en etapa de ejecución. Al respecto, son de citarse las tesis jurisprudenciales números 49 y 139, publicadas en las páginas 721 y 257, Tomo X, Agosto de 1999 y, Tomo XIV Septiembre de 1994, sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Novena y Octava Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcriben: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, CUANDO EL ACTO QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE SE PRONUNCIÓ EN UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. El artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, previene en lo conducente que: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: ... III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.-Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso ...". Dicho precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución el amparo sólo será procedente cuando el acto que se reclame sea la última resolución. Por tanto, si en un juicio de amparo lo que se reclama es un proveído que se pronunció durante la tramitación de una liquidación de sentencia, es obvio que al no ser la última resolución que habrá de dictarse en dicho procedimiento, el amparo biinstancial resulta improcedente". "AMPARO INDIRECTO. IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO EL ACTO COMBATIDO NO ES LA ULTIMA RESOLUCIÓN QUE PUEDE DICTARSE EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. De acuerdo con lo establecido en la fracción III, del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, el juicio indirecto procede ante el juez de Distrito, si se trata de actos de ejecución de sentencia, pero en esta hipótesis sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo impugnarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante esa secuela y que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en esa virtud, cuando el acto combatido lo constituye el auto mediante el cual se previene al inconforme para que dentro del término de tres días, formule el inventario de bienes de la sociedad conyugal, así como las cuentas de administración inherentes a la misma, apercibiéndolo con aplicar las medidas de apremio para el caso de no acatarlo, es de estimarse que tal acto no es la última resolución que pueda dictarse con motivo de la ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento, instaurado para liquidarse la sociedad conyugal, ya que sólo se requirió al agraviado para que formulara el inventario de los bienes correspondientes a la misma y aportara las cuentas relativas a su administración, las cuales incluso están supeditadas a aprobarse de parte de la autoridad; por lo tanto al no constituir ese acto la última resolución emitida con motivo de la ejecución del fallo en cita, no se actualiza la hipótesis prevista en el numeral en mención, lo que hace improcedente el amparo biinstancial". Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 62 y 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías formulada por - en cuanto apoderado jurídico de -, contra los actos reclamados la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos que precisados quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De igual forma, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 5°, 6° y 7° y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, que entró en vigor el dos de abril del año dos mil cuatro, así como lo establecido en el número 8° de la Ley en cita, hágase saber a las partes el derecho que les asiste, hasta antes de dictarse sentencia ejecutoria en el presente juicio, que tienen expedito su derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales e información respecto del expediente en que se actúa, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implica que en la difusión de este fallo, en la versión impresa o electrónica, se supriman dichos datos, salvo su nombre, en la medida que no impidan conocer el criterio sustentado por el órgano jurisdiccional respectivo. Como lo solicita el peticionario, se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Finalmente, se tiene al promovente, señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones personales a las personas que refiere, quienes tendrán las demás facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que cumplan con el requisito que para tal efecto establece dicho numeral; es decir, acrediten estar legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogados, toda vez que como se desprende de la certificación que antecede, no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por lo que se les autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos.

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