Jeny Jackeline Flores Rodriguez

Expediente 886/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
886/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Jeny Jackeline Flores Rodriguez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno...Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, registrado con el número mencionado en primer término, al que anexa el cuaderno de amparo -, en el que obra la demanda promovida por -, por propio derecho, al considerar que se actualiza la hipótesis que describe el artículo 49 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, toda vez que de la constancia secretarial se advierte que la demanda que dio origen al juicio de amparo -, del índice de este órgano jurisdiccional, así como de la demanda que originó el diverso juicio de amparo - del índice del Juzgado Tercero de Distrito de referencia fueron promovidas por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, y además los conceptos de violación formulados son los mismos, se concluye que se trata del mismo asunto para efectos del artículo 49 de la Ley de Amparo y corresponde a este juzgador conocer de la demanda de amparo remitida; en consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, bajo el número II-886/2021-2, acúsese el recibo correspondiente y comuníquese lo anterior al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías y de la constancia secretarial, se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Secretario de Educación en el Estado de Michoacán y Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán: "... realizar el pago de la quincena 13/21 periodo 1 al 15 de julio de 2021, al aquí quejoso como trabajador al Servicio del Estado de Michoacán, en la clave del Sistema Estatal -, sin derecho de audiencia, sin procedimiento administrativo alguno y sin ser oído y vencido en juicio"; Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que procede DESECHAR el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Asimismo, el artículo 61, fracción XI estipula lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; Sobre la causa de improcedencia referida, es menester señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 456/2018, en lo que aquí interesa, refirió que si bien el desechamiento de una demanda de amparo, o bien, la sentencia que sobresee en el juicio, por regla general no constituyen cosa juzgada, al no decidirse en tales supuestos sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; lo cierto es que existen excepciones a esa regla general. Al respecto, refirió que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, pero siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. Así, la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues si bien es usual que se actualice cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, esto es, el fondo del asunto, ese no es el único supuesto, dado que también puede operar cuando se haya desechado una demanda o se haya decretado el sobreseimiento en el juicio, en cuyo caso es menester que el juzgador analice si en tales resoluciones se determinó sobre la inatacabilidad de los actos reclamados en un diverso juicio constitucional en virtud de actualizarse circunstancia que hacen, de manera absoluta, inejercitable la acción de amparo, para lo cual deberán deducirse tales cuestiones de lo determinado en el juicio de amparo primigenio. De la referida contradicción de tesis 456/2018, derivó la jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), con registro digital 2022434, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 80, noviembre de 2020, t. I, foja 8, que en lo conducente orienta sobre el tema en cuestión: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." En ese contexto, la condición para que opere la cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo acontece atendiendo a lo resuelto en el primer juicio de amparo, de donde derive la inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con indepedencia de que se trate de una sentencia ejecutoriada, de una resolución de sobreseimiento o de un acuerdo desechatorio de la demanda. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de realizar el pago de la quincena - periodo -, a la aquí quejosa como trabajadora al Servicio del Estado de Michoacán, en la clave del Sistema Estatal -, sin derecho de audiencia, sin procedimiento administrativo alguno y sin ser oído y vencido en juicio. Luego, como de la constancia secretarial se desprende que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fue localizado el diverso juicio de amparo número 677/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", se concluye que la demanda de referencia fue promovida por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables, de las cuales reclamó el mismo acto destacado. Asimismo, se obtiene que dicha demanda fue desechada por este juzgado, el veintidós de julio de la presente anualidad, por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, y se declaró firme en diverso proveído de diez de septiembre de la presente anualidad, ordenándose el archivo definitivo del asunto en la propia data. Ahora bien, de las razones que sustentan el sentido que rige el auto de desechamiento de la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo -del índice de este órgano jurisdiccional se advierte que se consideró improcedente el juicio constitucional porque el acto controvertido (omisión de las autoridades responsables de realizar el pago de la quincena -, a la aquí quejosa como trabajadora al Servicio del Estado de Michoacán), tuvo su origen en cuestiones inherentes a la calidad de la quejosa como trabajadora al Servicio de la Educación en el Estado de Michoacán (falta de pago de su salario); habida cuenta que de su manifestaciones, se advirtió que se dolía de que la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, le retuvo el pago de su quincena que como docente le corresponde; por lo que se concluyó que existía entre la quejosa y las responsables un plano de igualdad, y por ende, el acto atribuido a las responsables no debía estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, porque la Secretaría de Educación Pública actuaba en calidad de ente patronal frente a la relación mantenida con la promovente en su calidad de trabajadora y, por ello, se estaba ante un derecho laboral reclamable ante los Tribunales de Arbitraje correspondientes. Al analizar las consideraciones que anteceden, se concluye que el desechamiento del juicio de amparo -, en los términos antes citados, constituye una determinación que actualiza de manera absoluta, la inejercitabilidad de la acción de amparo en un segundo juicio, porque la inatacabilidad del acto reclamado dada su naturaleza de acto atribuible a un ente que no detenta la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por derivar de una relación laboral en un plano de coordinación, constituyen razones que son insuperables para la procedencia del juicio constitucional; en consecuencia, opera la cosa juzgada prevista en el articulo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, se reitera, que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún en días y horas inhábiles. Por otra parte, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos?22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional,?se exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y autorizando para tal efecto a -, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de la Materia, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, tienen registrada su cédula en dicho sistema. Finalmente, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, registrado con el número mencionado en primer término, al que anexa el cuaderno de amparo -, en el que obra la demanda promovida por -, por propio derecho, al considerar que se actualiza la hipótesis que describe el artículo 49 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, toda vez que de la constancia secretarial se advierte que la demanda que dio origen al juicio de amparo -, del índice de este órgano jurisdiccional, así como de la demanda que originó el diverso juicio de amparo - del índice del Juzgado Tercero de Distrito de referencia fueron promovidas por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, y además los conceptos de violación formulados son los mismos, se concluye que se trata del mismo asunto para efectos del artículo 49 de la Ley de Amparo y corresponde a este juzgador conocer de la demanda de amparo remitida; en consecuencia, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto, regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, bajo el número II-886/2021-2, acúsese el recibo correspondiente y comuníquese lo anterior al juzgado oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del análisis a la demanda de garantías y de la constancia secretarial, se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Secretario de Educación en el Estado de Michoacán y Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán: "... realizar el pago de la quincena 13/21 periodo 1 al 15 de julio de 2021, al aquí quejoso como trabajador al Servicio del Estado de Michoacán, en la clave del Sistema Estatal -, sin derecho de audiencia, sin procedimiento administrativo alguno y sin ser oído y vencido en juicio"; Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que procede DESECHAR el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Asimismo, el artículo 61, fracción XI estipula lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; Sobre la causa de improcedencia referida, es menester señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 456/2018, en lo que aquí interesa, refirió que si bien el desechamiento de una demanda de amparo, o bien, la sentencia que sobresee en el juicio, por regla general no constituyen cosa juzgada, al no decidirse en tales supuestos sobre la constitucionalidad de los actos reclamados; lo cierto es que existen excepciones a esa regla general. Al respecto, refirió que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, pero siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. Así, la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues si bien es usual que se actualice cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, esto es, el fondo del asunto, ese no es el único supuesto, dado que también puede operar cuando se haya desechado una demanda o se haya decretado el sobreseimiento en el juicio, en cuyo caso es menester que el juzgador analice si en tales resoluciones se determinó sobre la inatacabilidad de los actos reclamados en un diverso juicio constitucional en virtud de actualizarse circunstancia que hacen, de manera absoluta, inejercitable la acción de amparo, para lo cual deberán deducirse tales cuestiones de lo determinado en el juicio de amparo primigenio. De la referida contradicción de tesis 456/2018, derivó la jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), con registro digital 2022434, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 80, noviembre de 2020, t. I, foja 8, que en lo conducente orienta sobre el tema en cuestión: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." En ese contexto, la condición para que opere la cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo acontece atendiendo a lo resuelto en el primer juicio de amparo, de donde derive la inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con indepedencia de que se trate de una sentencia ejecutoriada, de una resolución de sobreseimiento o de un acuerdo desechatorio de la demanda. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo de cuenta, se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de las autoridades responsables de realizar el pago de la quincena - periodo -, a la aquí quejosa como trabajadora al Servicio del Estado de Michoacán, en la clave del Sistema Estatal -, sin derecho de audiencia, sin procedimiento administrativo alguno y sin ser oído y vencido en juicio. Luego, como de la constancia secretarial se desprende que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, fue localizado el diverso juicio de amparo número 677/2021, del índice de este órgano jurisdiccional, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURAROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", se concluye que la demanda de referencia fue promovida por la misma quejosa, contra las mismas autoridades responsables, de las cuales reclamó el mismo acto destacado. Asimismo, se obtiene que dicha demanda fue desechada por este juzgado, el veintidós de julio de la presente anualidad, por haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, y se declaró firme en diverso proveído de diez de septiembre de la presente anualidad, ordenándose el archivo definitivo del asunto en la propia data. Ahora bien, de las razones que sustentan el sentido que rige el auto de desechamiento de la demanda que dio origen al diverso juicio de amparo -del índice de este órgano jurisdiccional se advierte que se consideró improcedente el juicio constitucional porque el acto controvertido (omisión de las autoridades responsables de realizar el pago de la quincena -, a la aquí quejosa como trabajadora al Servicio del Estado de Michoacán), tuvo su origen en cuestiones inherentes a la calidad de la quejosa como trabajadora al Servicio de la Educación en el Estado de Michoacán (falta de pago de su salario); habida cuenta que de su manifestaciones, se advirtió que se dolía de que la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, le retuvo el pago de su quincena que como docente le corresponde; por lo que se concluyó que existía entre la quejosa y las responsables un plano de igualdad, y por ende, el acto atribuido a las responsables no debía estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación, porque la Secretaría de Educación Pública actuaba en calidad de ente patronal frente a la relación mantenida con la promovente en su calidad de trabajadora y, por ello, se estaba ante un derecho laboral reclamable ante los Tribunales de Arbitraje correspondientes. Al analizar las consideraciones que anteceden, se concluye que el desechamiento del juicio de amparo -, en los términos antes citados, constituye una determinación que actualiza de manera absoluta, la inejercitabilidad de la acción de amparo en un segundo juicio, porque la inatacabilidad del acto reclamado dada su naturaleza de acto atribuible a un ente que no detenta la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, por derivar de una relación laboral en un plano de coordinación, constituyen razones que son insuperables para la procedencia del juicio constitucional; en consecuencia, opera la cosa juzgada prevista en el articulo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Por lo antes expuesto, se reitera, que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. También se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica o bien consultar el expediente electrónico, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato y solicitar expresamente la consulta del expediente y/o las notificaciones por vía electrónica, a fin de que este órgano jurisdiccional lo autorice, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aún en días y horas inhábiles. Por otra parte, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos?22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional,?se exhorta?a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente,?transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL,?e.firma?u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.? Asimismo, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Se tiene a la promovente por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y autorizando para tal efecto a -, quienes gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de la Materia, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, tienen registrada su cédula en dicho sistema. Finalmente, se comisiona al Actuario adscrito para que realice la notificación personal del presente proveído a la parte quejosa, acatando para ello el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, así como los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese personalmente.

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