Jeanette Ruiz Vaca

Expediente 921/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
921/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Jeanette Ruiz Vaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación a que alude la cuenta se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se provee: con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), y 88 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Presidente en representación de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, con residencia en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a través de cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite diversas constancias relativas al acto reclamado. Al respecto, ténganse por recibidas las constancias que acompaña la autoridad responsable oficiante, consistentes, en: Copia certificada del escrito de pruebas ofrecidas por el apoderado legal la parte actora (aquí quejosa) en el juicio laboral J.2/646/2020. Copia certificada de audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas celebrada el doce de abril de dos mil veintidós dentro del juico laboral en cita. Copia certificada del proveído de diecinueve de agosto del año en curso, donde se proveyó respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a dar vista con los anexos de cuenta, debido a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La citada causal de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado, de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así, el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir con lo que el derecho humano exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye: La omisión de proveer respecto a las pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el doce de abril de dos mil veintidós, en el juicio laboral J.2/646/2020. Sin embargo, conforme al informe y constancias que en copia certificada remitió la propia responsable, se advierte que en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, proveyó lo conducente respecto a las pruebas ofrecidas por la quejosa Jeanette Ruiz Vaca, y al efecto señaló fecha para el respectivo desahogo de las mismas, proveído que le fue notificado el treinta y uno de agosto del año en curso; razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia de mérito, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la presente resolución, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación del oficio dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, por medio del cual se le solicitó copia certificada del escrito relativo a las pruebas ofrecidas por la parte actora (aquí quejosa) en el juicio laboral J.2/646/2020, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el doce de abril de dos mil veintidós, relativas al acto reclamado; sin embargo, no se hace mayor pronunciamiento en torno al particular, toda vez que dicha comunicación se encuentra en ruta para su entrega según la bitácora de actuaría. En ese tenor, se instruye al personal de actuaría para que una vez que cuente con la constancia respectiva, la digitalice al expediente electrónico. En consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; y, en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, para que la misma tenga verificativo. Notifíquese por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de José Roberto Rodríguez Martínez, secretario que firma y da fe. /Marisol*

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