Jazmín Ramírez Hernández

Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Jazmín Ramírez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de junio de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo promovida por ******************** y ******************** (en su calidad de víctimas en el juicio de origen) por propio derecho, en la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y la autoridad que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Jueza de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. ACTO RECLAMADO Auto de vinculación a proceso dictado el doce de mayo del presente año, dentro de la causa de control ********************, en contra de los imputados ********************, ******************** y ********************, por el delito de lesiones. RADICACIÓN Y REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 681/2023-I. DESECHAMIENTO No obstante, previamente a la admisión de la ampliación de la demanda, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese sentido, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Lo resaltado es propio. El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, pues, el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los cuales el particular reclama un acto emanado de algún tribunal judicial sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado aquél, que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. El mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Aunado a ello, el principio de definitividad, según lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe cumplirse obligatoriamente incluso tratándose de actos de imposible reparación, puesto que ambas circunstancias son presupuestos autónomos respecto a la procedencia del juicio de amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) con registro digital 2017117, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De lo anterior, se llega al conocimiento que, previo acudir a la instancia constitucional, los quejosos se encontraban obligados a agotar el medio ordinario de defensa que el Sistema Penal Acusatorio prevé en lo conducente. Ante ello, resulta importante citar el contenido de los artículos 459 y 467, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Recurso de la víctima u ofendido Artículo 459. La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; II. Las que pongan fin al proceso, y III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad". " Resoluciones del Juez de control apelables Artículo 467. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba". Lo resaltado es propio. De esos preceptos legales reproducidos, se desprende que en contra de las resoluciones del Juez de control en las que se resuelva sobre la vinculación a proceso del imputado, procede el recurso de apelación; de ahí que, si el ordenamiento adjetivo penal prevé de manera expresa que en contra de dicha determinación es procedente el medio de impugnación, mediante el cual las partes que integren la causa penal o los que así se hayan incorporado a la litis, tienen la oportunidad de enderezar su defensa (en el caso, el imputado, la víctima y el Ministerio Público), por lo que, es incuestionable que éste medio de impugnación debe agotarse previo a la promoción del amparo. En ese sentido, dado que la aquí a los quejosos les reviste el carácter de víctima u ofendido en la causa de origen, es inconcuso que estaban obligados agotar el principio de definitividad previo a instar el presente juicio de derechos fundamentales, a través de la interposición del recurso de apelación, a fin de estar en condiciones de lograr la revocación o modificación del auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, donde se determinó la vinculación a proceso de ********************, ******************** y ********************. Entonces, de la interpretación de los artículos 456 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las partes en el proceso penal oral tienen los mismos derechos, acorde con el principio de igualdad, esto es, el imputado, la víctima y el órgano de acusación cuentan con medios de impugnación en similitud de condiciones, entre otras prerrogativas. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció una excepción a este principio de definitividad, contemplado en la tesis 1a./J. 101/2012 (10a.), con el número de registro digital 2002977, emitida por la Primera Sala (Décima Época), que a la letra dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo." Por tanto, a contrario sensu, la excepción al principio de definitividad obedece a que afecta temporalmente la libertad personal del imputado, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal, mientras que, en el caso de las víctimas u ofendidos del delito, al no afectarse la libertad temporal de la misma, no aplica la excepción al principio y de ahí, no es procedente estimar que el auto de vinculación a proceso en el caso de las víctimas u ofendidos del delito, deba tenerse también como una excepción para no agotar el recurso o medio ordinario de defensa de mérito, pues no debe perderse de vista que la razón de que se exceptúe de esa obligación al auto de vinculación. Lo anterior, porque al ser las causales de improcedencia del juicio de amparo, de aplicación estricta, esto es, que sólo pueden aplicarse a los supuestos para los que fueron creadas, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón, toda vez que de proceder en esos términos se dejaría de acatar la voluntad del legislador, es decir, de opinar lo contrario implicaría dejar en manos de las partes promoventes de un juicio de amparo, la decisión de agotar los medios de defensa establecidos con relación a las acciones legales o procedimientos por ellos instados, lo que se torna jurídicamente inaceptable, ya que haría nugatorio el carácter extraordinario del amparo como medio de defensa constitucional. Asimismo, encuentra sustento lo anterior, por identidad de razón, la tesis 1a. LVII/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo I, página 992, registro digital 2011238, de rubro y texto: "RECURSO DE APELACIÓN. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO EN DEFENSA DE CUALQUIER DERECHO FUNDAMENTAL CONTEMPLADO EN EL APARTADO B, DEL ARTÍCULO 20 CONSTITUCIONAL, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRO DERECHO HUMANO CONTENIDO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE MÉXICO SEA PARTE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 417 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, establece expresamente que tendrán derecho de apelar el ofendido o sus legítimos representantes, cuando coadyuven en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta. Por su parte, el numeral 418 de la referida ley adjetiva en materia penal, define las determinaciones contra las que procede el recurso de apelación, siendo éstas: las sentencias definitivas; los autos que se pronuncien sobre cuestiones de jurisdicción o competencia; los que mandan suspender o continuar la instrucción; el de ratificación de la detención; el de formal prisión o de sujeción a proceso o el que los niegue; el que conceda o niegue la libertad; los que resuelvan las excepciones fundadas en alguna de las causas que extinguen la acción penal; los que declaran no haber delito que perseguir; los que concedan o nieguen la acumulación o los que decreten la separación de los procesos; los asuntos en los que se niegue la orden de aprehensión o de comparecencia, sólo por el Ministerio Público; y todas aquellas resoluciones en que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal conceda expresamente el recurso. Ahora bien, de una interpretación extensiva del artículo 17, en relación con la fracción IV del apartado B del artículo 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos pueden inconformarse en contra de aquellas determinaciones que afecten sus derechos constitucionales a la impartición de justicia y reparación del daño. De lo anterior, se entiende que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de segunda instancia estudie la legalidad de la resolución impugnada, con la finalidad de que confirme, revoque o modifique la resolución apelada, teniendo derecho a apelar, entre otros, la víctima o el ofendido o sus legítimos representantes. En ese tenor, la víctima o el ofendido en el proceso penal no están legitimados únicamente para promover la apelación en defensa de aquellas violaciones relacionadas directamente con la reparación del daño en su favor, sino que es procedente que acudan a ese recurso en defensa de cualquiera otro de los derechos fundamentales que en su favor consagre el apartado B del artículo 20 constitucional, así como de cualquier otro derecho humano consagrado en los tratados internacionales en los que México sea parte, conforme a lo que establece el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Federal". En consecuencia, por no haberse agotado el principio de definitividad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia antes mencionada. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS Tal y como lo solicitan los quejosos, téngase como su domicilio para oír notificaciones (aun las de carácter personal) las listas que publica este juzgado; por lo que se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES En cuanto a las personas que mencionan, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a los restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. MEDIOS DE CONTACTO Por otra parte, se tiene como medio de contacto el correo electrónico y el número telefónico que proporcionan los quejosos. Por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota de lo anterior, para los efectos legales conducentes. AUTORIZACIÓN CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otro lado, se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Se instruye a la oficial judicial "A" para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al usuario que proporciona el promovente. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACION DE VERSION PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la determinación, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese por lista a las partes.

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