Jeims Gabriel Gómez Cerón

Expediente 746/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
746/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Jeims Gabriel Gómez Cerón

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintiuno. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve *******************, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: Actos Reclamados El auto dictado el quince de julio de dos mil veintiuno, en la carpeta de amnistía 49/2021 del índice del Juez responsable, por el que se desechó por improcedente la solicitud del aquí quejoso para que se le aplicara la Ley de Amnistía, y se extinga la pena de prisión impuesta. Autoridad responsable Juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México. Fórmese expediente impreso y electrónico con el numero consecutivo 746/2021-II. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En la especie, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el acto que en la especie reclama el quejoso como ya se estableció consiste en el auto dictado el quince de julio de dos mil veintiuno, en la carpeta de amnistía 49/2021 del índice del Juez responsable, por el que se desechó por improcedente la solicitud que formuló para que se le aplicara la Ley de Amnistía, y se extinga la pena de prisión impuesta. Al respecto, es pertinente hacer mención el contenido del artículo 132 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual dice: 132. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. En este contexto resulta evidente que en la especie el quejoso no ha cumplido con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, pues no agotó previamente a acudir a este juicio, el recurso de apelación, tal como lo establece el numeral ya transcrito; por lo que resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la precitada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia I.6º.CJ/37, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, página 902, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia en esencia radica en que los actos reclamados no son definitivos para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. Es indudable, ya que esa situación no podría ser desvirtuada con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Aunado a que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción de las previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo al entorno del que derivó el acto reclamado en esta instancia. En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del ordenamiento en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Dado que el promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico, así como el uso de los demás servicios que proporciona el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentra la notificación vía electrónica, para lo cual proporciona los nombres de usuarios "Camacho17" y "MAOC10"; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a efecto de que notifique a la parte quejosa el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por dicho medio. En el entendido que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad con lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, y los artículos 35, 36 y 40 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Se instruye a la analista jurídico sise para que registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a los usuarios que proporciona el promovente. Sin que se tenga como su domicilio para oír notificaciones el Centro Preventivo de Reinserción Social de Zumpango, Estado de México, toda vez que las notificaciones de las actuaciones que se lleguen a generar en el presente asunto, se ordenó practicarlas vía electrónica, a través de los usuarios que proporciona el quejoso. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa en su escrito de demanda proporcionó un correo electrónico y número telefónico, y las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, se tienen como medios alternativos de contacto. AUTORIZADOS En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LOS ACTUARIOS Y SECRETARIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: de manera electrónica a la parte quejosa.

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