Jean Carlos Leon Quiroz

Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
90/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Jean Carlos Leon Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual acusa recibo del oficio y las constancias remitidas por este juzgado e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por este juzgado, para conocer del juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno de antecedentes, quedando registrado bajo el expediente 106/2023-I, de su estadística. Solicitud constancias. Como lo solicita, remítanse vía electrónica de las constancias que refiere, asimismo, el informe relativo a la suspensión de plano rendido por la diversa autoridad responsable con residencia en esta ciudad. Se vincula expediente electrónico. De igual forma, se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), a través del apartado denominado "vinculación", en el cual se contienen todas las actuaciones acaecidas. Archivo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Destrucción. Asimismo, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se precisa que este expediente es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído, lo que deberá hacerse constar en la carátula respectiva, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No existen documentos originales. Sin que obre en el citado expediente, algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de autos se advierte que el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, con motivo de la incompetencia planteada por este juzgado de Distrito, se ordenó remitir el juicio de amparo 90/2023-VI, promovido por Christian Benjamín Hirales Gómez, en representación de Jean Carlos León Quiroz, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, a efecto de que se turnara al Juez de Distrito con residencia en esa ciudad; sin que a la fecha se tenga conocimiento del juzgado al que tocó conocer del juicio. Solicitud a Oficina de Correspondencia Común. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, solicítesele que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva informar a qué juzgado de Distrito le correspondió conocer del juicio de amparo antes precisado; lo anterior, para estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 16/2023-F (orden 23/2023-F) de su libro de gobierno, derivado del diverso 11/2023-VI, del índice de este Juzgado. Por otra parte, glósese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación Órgano Administrativo Desconcentrado al cual está adscrito el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, por lo que con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, se autoriza la consulta del presente asunto en la vía solicitada, con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el usuario que señala. Finalmente, en cuanto se tenga conocimiento respecto a qué Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, le correspondió conocer de la demanda de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, remítase el citado informe relativo a la suspensión de plano. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida vía electrónica por Christian Benjamín Hirales Gómez, en representación de Jean Carlos León Quiroz, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí y otras autoridades; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 90/2023-VI. Ahora bien, en atención a que los actos reclamados se hacen consistir, entre otros, en la detención y privación de la libertad, incomunicación y malos tratos de que está siendo objeto el directamente agraviado, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS para el efecto de que dichos actos cesen bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades designadas como responsables. Asimismo, se concede la citada medida cautelar para que, de no encontrarse en los supuestos para que pueda exceder el plazo de alojamiento en dicha estancia, se considere el otorgamiento al quejoso de la condición de estancia con permiso a que se refiere la parte final del artículo 111 de la Ley de Migración; o alguna diversa circunstancia, a efecto de establecer conforme a sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, el supuesto legal aplicable a los directamente agraviados respecto a su libertad personal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 879 del Tomo I, Libro 78 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de 2020, Décima Época, registro digital 2022090, que señala: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Hágase saber lo anterior a las diversas autoridades responsables mediante oficios que al efecto se giren vía exhorto, con apoyo además en los artículos 24 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, a fin de que acaten la suspensión antes decretada bajo su más estricta responsabilidad, quienes deberán informar a este juzgado en el término de veinticuatro horas como lo establece el artículo 15 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de la misma, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, toda vez que las autoridades responsables Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, con sede en Tijuana, Jefe de departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Tijuana y el Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Baja California (Tijuana), tienen su domicilio en Tijuana, Baja California, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON SEDE EN TIJUANA, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio de las autoridades señaladas como responsables y haga entrega de los oficios dirigidos a las responsables de que se trata, a las cuales se les deberá anexar la demanda, recabando la constancia de notificación respectiva. Por otra parte, el suscrito estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, no es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades responsables al Subdirector de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Federal en Baja California, con sede en Tijuana, Jefe de departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, Tijuana y el Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, lugar donde el promovente refiere, bajo protesta de decir verdad, se encuentra detenido el directamente agraviado; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución en aquella localidad (Tijuana, Baja California), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Christian Benjamín Hirales, en representación de Jean Carlos León Quiroz. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN L DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias del acto reclamado, requieren ejecución material y ésta se materializa en el lugar en que se encuentra detenido el directamente quejoso (Tijuana, Baja California), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en Tijuana, Baja California, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 Constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a ella por dicho medio a través del usuario que se proporciona. Se toma nota del correo electrónico y número telefónico que se proporciona; lo anterior únicamente para establecer comunicaciones no oficiales que deriven del presente asunto. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese vía electrónica a la parte promovente.

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