Jazmin de Jesus Sanchez Martinez

Expediente 1360/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1360/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Jazmin de Jesus Sanchez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Finalmente, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Ciudad Valles; ello, toda vez que como se advierte de párrafos que anteceden, con esta fecha causó estado el proveído en el que se desechó la demanda de amparo instada. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintidós. Ténganse recibidos y agréguense a los presentes autos los oficio de cuenta remitidos vía correo electrónico, por los Directores Contenciosos ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por la Juez Cuarto de Proceso Oral Familiar en la Ciudad de México; y, por la Directora Ejecutiva de Recursos Financieros y Director de Administración Financiera ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, respectivamente. Por lo que hace al oficio remitido por la Juez Cuarto de Proceso Oral Familiar en la Ciudad de México, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que mediante proveído de siete de octubre del año en curso, se acordó lo conducente. Ahora bien, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio respecto de los actos reclamados al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y dela Unidad de Gestión Administrativa en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, por otra, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos atribuidos a: 1. Juez Cuarto de lo Familiar de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 2. Directora Ejecutiva de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 3. La Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 4. BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer; y 5. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para el efecto de que: I. En el ámbito de su respectiva competencia, dejen sin efecto el congelamiento, inmovilización y aseguramiento de los fondos de la cuenta bancaria 2900282162, con CLABE 012 700 02900282162 4 y número de cliente 36034508, con cargo a la institución bancaria responsable, respecto del aquí quejoso Eduardo Zacarías Martínez, cuyos datos de identificación han quedado asentados. En ese sentido, mediante el oficio de cuenta signado por los Directores Contenciosos ambos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C", en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, refieren que no cuentan con algún oficio que haya sido emitido por la autoridad ordenadora en la que se instruya a las autoridades financieras el acatamiento a los efectos de la sentencia, por lo cual se encuentra imposibilitada para informar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Por su parte la Directora Ejecutiva de Recursos Financieros y Director de Administración Financiera ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, informaron que mediante oficio DERF/DAF/SEM/A-3138/2022, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relacionado con el crédito 1199/2017 a efecto de que procediera al levantamiento del aseguramiento de las cuentas bancarias a nombre de Eduardo Zacarías Martínez; de igual forma, refiere que se envió oficio DERF/DAF/SEM/A-3165/2022, a la Institución Financiera BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, a efecto de que no remita los fondos motivo de la inmovilización de la cuenta 2900282162 a nombre del aquí quejoso, a favor de ese tribunal, los cuales fueron requeridos previamente con el oficio DERF/DAF/SCEM/3325/2018. En esa virtud, requiérase a la Directora Ejecutiva de Recursos Financieros y Director de Administración Financiera ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que, en el término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, remita los comprobantes de entrega de los oficios que refiere fueron girados. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una MULTA por el equivalente a CINCUENTA DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguense para que obren como corresponda las piezas postales relativas a las comunicaciones oficiales 17509/2022, 17512/2022, dirigidas a las autoridades responsables Directora Ejecutiva de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; lo anterior en virtud de que, mediante proveído de siete de octubre del presente año, se ordenó remitir las mismas vía correo electrónico a la dirección Israel.lopez@tsjcdmx.gob.mx. Finalmente, y por lo que hace a la pieza postal relativa al oficio 17513/2022, que devuelve la mensajería especializada Estafeta, dirigido a la autoridad señalada como responsable Unidad de Gestión Administrativa en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; de la cual se advierte la leyenda "Mal dirigido y mal dirección"; en tal virtud, previo desglose, remítase de nueva cuenta la referida comunicación oficial, vía mensajería rápida con acuse de recibo, a la autoridad responsable en el domicilio correcto. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta, que remite la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, al que acompaña el juicio de amparo número 671/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Idalia Teresita Moreno Lara, en representación de Jazmín de Jesús Sánchez Martínez y su menor hijo de iniciales H.S.M, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades; fórmese y regístrese el expediente respectivo bajo el consecutivo 1360/2022-VII; con fundamento en los artículos 35 y 45, de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento del juicio de amparo referido. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Luego, vista la demanda promovida por Idalia Teresita Moreno Lara, en representación de Jazmín de Jesús Sánchez Martínez y su menor hijo de iniciales H.S.M, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, se procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ahora bien, la parte quejosa reclama en su escrito de demanda: "La omisión en la queja que interpuso verbalmente la interna Jazmín de Jesús Sánchez Martínez el día de hoy y días anteriores a las semanas próximas siguientes pasadas en donde manifiesta que en el área donde se encuentra esta otra interna además de las mujeres que están con bebés que esta interna se llama ELIZABETH ANGUIANO y que no tiene hijos, está en esa área al parecer porque la corrieron del área femenil por conducto y Jazmín está en el área de clínica por su menor hijo al igual que las otras internas, la queja la interpuso porque esta interna tiene semanas amenazándola y hoy específicamente le dijo que la iban a ir a levantar a ella y a su hijo, dado que esta mujer consume "CRICO" así me refirió tiene temor pero la trabajadora social y los custodios le dicen que ellos no pueden meterse que no pueden hacer nada." Al respecto, la suscrita juzgadora advierte que respecto del acto reclamado en el presente juicio, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." En efecto, el precepto anteriormente transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las resoluciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la jurisdicción común. Sustentan la consideración anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del título y contenido siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." 1 La Jurisprudencia II.2o.P. J/2 P (11a.), del Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS DETENIDOS. PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA CUESTIONES INHERENTES A ÉSTAS, DEBE AGOTARSE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, AUN CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra la falta de atención médica y la omisión de atender una solicitud de copias de su expediente carcelario (omisiones inherentes a sus condiciones de detención), atribuidas a las autoridades penitenciarias del centro de reinserción social en que se encuentra, alegando violación directa a los artículos 4o., 8o. y 22 Registro digital: 2018548. Instancia: Primera Sala. Décima Época. Materias(s): Común, Penal. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 230. constitucionales. El Juez de Distrito desechó la demanda, con fundamento en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no agotó previamente el principio de definitividad. Inconforme con la decisión, éste interpuso recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sustentado al resolver el amparo en revisión 118/2020 y el recurso de queja 126/2020, en sesiones de 26 de enero de 2021 y 12 de noviembre de 2020, respectivamente, y determina que el juicio de amparo indirecto promovido contra las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión es improcedente, si previamente no se agota el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, aun cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución General. Justificación: Ello es así, porque la omisión de brindar atención médica y de atender una solicitud no constituyen, per se, violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino, en todo caso, vulneraciones indirectas a los derechos a la salud y de petición, susceptibles de tutelarse y resolverse por las autoridades ordinarias. Lo anterior, pues las alegadas transgresiones tienen relación directa con la obligación ordinaria de las autoridades penitenciarias de tutelar los derechos humanos del inconforme en el centro de reinserción social en que se halla, mediante la administración penitenciaria y el servicio médico y, en general, de las medidas pertinentes para garantizar la vida digna de aquél en ese lugar, para lo cual, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135, el procedimiento ordinario por el que las autoridades penitenciarias y judiciales deben atender y resolver sobre la negativa a tutelar esas prerrogativas. Esta interpretación es acorde con las reformas a los artículos 18, 21 y 73, fracción XXI, constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que, en su conjunto, implementaron un modelo penitenciario de reinserción social, el control judicial de las cuestiones inherentes a las condiciones de reclusión y la creación de Jueces de Ejecución, cuya función es, entre otras, ejercer un efectivo control de legalidad de los actos de las autoridades penitenciarias y velar por los derechos de las personas privadas de la libertad, previo a su control constitucional; con lo cual, adquiere sentido uno de los objetivos para los que fue expedida la citada ley nacional, esto es, la implementación de mecanismos eficientes, rápidos y sencillos, a cargo de los Jueces mencionados, para la protección de las prerrogativas de los sentenciados y procesados que se hallan en centros de reinserción social. Por tanto, si en la actualidad existe un mecanismo sencillo, rápido y eficaz, a través del cual los detenidos pueden reclamar, sin mayores formalismos, los aspectos vinculados con esas condiciones, se impone la obligación de agotarlo antes de acudir al juicio de amparo indirecto." La Tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala del más Alto Tribunal de nuestro país, que reza: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de 2 Registro digital: 2024692. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Undécima Época. Materias(s): Común, Penal. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 4261. Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." Así como la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Así pues, como la parte quejosa no observó el principio de definitividad previo a promover amparo contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual se 3 Registro digital: 2023190. Instancia: Primera Sala. Undécima Época. Materias(s): Penal, Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3506. 4 Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902. encuentra la directamente agraviada, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha omisión es impugnable ante el Director del Centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, luego entonces, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia señalada en el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que la irreparabilidad del acto no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. Teniendo aplicación la jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a.) del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, del epígrafe y texto siguientes: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar 06/10/23 10:15:29 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d1.9b PERLA BEATRIZ GONZÁLEZ CHAN el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo.".5 Así como la diversa 1a./J. 113/2013 (10a.), de la referida Sala, del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo".6 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2187, registro digital 2019932. 6 Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 350. En este orden de ideas, al estimar que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Idalia Teresita Moreno Lara, en representación de Jazmín de Jesús Sánchez Martínez y su menor hijo de iniciales H.S.M. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda. Asimismo, se tiene a la promovente, por señalando correo electrónico y número telefónico, a fin de entablar comunicaciones no procesales que deriven del presente asunto. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte promovente. Notifíquese personalmente

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