Jean Carlo Vizcaino Mejia

Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
117/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Jean Carlo Vizcaino Mejia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Ténganse por recibidos y agréguense a los autos los oficios de cuenta remitidos vía electrónica por el Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Acepta competencia. Téngase a la autoridad en cita por informando que aceptó la competencia planteada y que se avocó al conocimiento del juicio promovido por ****, a favor del directamente agraviado ****; asimismo, que se tuvo por no presentada la demanda de amparo de mérito; de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos, se advierte que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asunto de no relevancia documental. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Se informa designación de Jueza. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación que antecede, de la que se advierte que derivado de la incompetencia planteada por este juzgado para conocer del juicio de amparo promovido por ***** en representación del directamente quejoso *****, el expediente relativo fue turnado al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, donde quedó registrado bajo el consecutivo 221/2023. Se solicita informe respecto de competencia. En tal virtud, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente en el presente expediente, solicítese vía electrónica al titular del citado órgano jurisdiccional, que de no tener inconveniente legal alguno, informe la determinación que hubiese emitido respecto de la incompetencia planteada por este juzgado para conocer del aludido juicio de garantías. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Cuaderno de antecedentes En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 117/2023-VII, fórmese el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal planteada por este juzgado y agréguense a estos autos las copias de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, en especial la certificación que antecede, de la que se advierte: 1. Que en veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se decretó la suspensión de plano en el presente asunto y se declaró la legal incompetencia para conocer de este juicio, remitiéndose los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana en turno. 2. Que el tres de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Tijuana, Baja California, informando que no se aceptó la competencia planteada, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que informara el lugar donde se encontraba el directamente agraviado. 3. Que el nueve de febrero del año que transcurre, se recibió el informe del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, por el que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, remitió constancias de las que se observa: a) Que el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, el quejoso Jean Carlo Vizcaino Mejía, en virtud de no acreditar su regular internación y estancia en territorio mexicano. b) Que en la propia fecha, se inició el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, ordenándose el desahogo de todas las diligencias pertinentes, entre las que se recabó la comparecencia del aludido quejoso en la misma data, concediéndole un plazo de diez días hábiles para ofrecer pruebas a su favor y resolviendo alojar temporalmente al citado impetrante en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. c) Y que con fecha veintiocho de enero del año en curso, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, la autoridad responsable procedió a la liberación del quejoso de mérito, precisándole que debía presentarse los días lunes y viernes de cada semana, ante esa dependencia y cuantas veces fuese requerido por la aludida autoridad, además de que debería permanecer en territorio mexicano, bajo el cargo de Marcos Israel Flores Ramos. De lo anterior se observa, particularmente de las diligencias remitidas por el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, que el aquí quejoso efectivamente fue detenido en la ciudad de Tijuana, Baja California y puesto a disposición de la autoridad migratoria en esa ciudad, como lo señaló en su escrito de demanda; asimismo, que mediante determinación de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, ordenó el inicio del procedimiento administrativo respectivo, desahogó las diligencias pertinentes, recabando la comparecencia del referido quejoso y ordenó el alojamiento temporal del quejoso de mérito en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, De igual manera, se desprende que en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, la autoridad responsable procedió a la liberación del quejoso de mérito, indicándole la obligación que tenía de presentarse los días lunes y viernes de cada semana, ante esa dependencia y cuantas veces fuese requerido por la aludida autoridad. De todo lo cual válidamente se colige que los actos reclamados por el quejoso de mérito en su escrito de demanda, tuvieron ejecución en la ciudad de Tijuana, Baja California. Incompetencia. Por lo antes planteado, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, considera que carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de lo expuesto en los párrafos que anteceden se obtiene que efectivamente los actos reclamados al Encargado de la Oficina de la Estancia Migratoria de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, tuvieron ejecución en aquella localidad (Tijuana, Baja California), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Luis Carlos López Saavedra en favor de Jean Carlo Vizcaino Mejía. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN L DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias de los actos reclamados, requieren ejecución material y ésta se materializó en el lugar en que se encontraba detenido el directamente quejoso (Tijuana Baja California), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tiene ejecución el acto reclamado, que en este caso es en el Estado de Baja California, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. Remisión del juicio de amparo. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina la competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito; por lo que se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, debiendo recabarse las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo y solicítese el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, en el que además se le solicita tenga a bien informar, si acepta o no la competencia declinada a su favor. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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