Javier Tapia López

Expediente 854/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
854/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • Ma. del Carmen Rangel Tellez
  • Javier Tapia López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto en el se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordene su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el juicio y se concedió la suspensión de plano, en el entendido que se deberá conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto en el se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria.

  2. Principal

    A sus autos el oficio con folio 11046 por el que la encargada de la Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, base Juventino Rosas, rinde informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Téngasele ofreciendo como prueba un disco de almacenamiento que contiene las audiencias de veintiuno y veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, del que se desprende que se emitió auto de vinculación en contra del quejoso Javier Tapia López. En ese sentido, se estima que en el caso se actualiza una causal de sobreseimiento, según se explicará más adelante; para lo cual es importante puntualizar que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: La incomunicación originada con motivo de la privación de la libertad ordenada y ejecutada contra el quejoso, en virtud de una orden de aprehensión. Ahora bien, las autoridades responsables: Director del Centro Estatal de Prevención Social en esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres. Jefe de célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Juez de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en esta ciudad. Negaron la existencia de los actos que les atribuyeron, razón por la que, tras un análisis exhaustivo de las constancias allegadas al sumario, incluso de aquellas que se glosaron previamente a la admisión de la demanda, no se advierte dato objetivo alguno que conduzca a presumir que efectivamente el quejoso fue objeto de los actos que reclama a las autoridades responsables. Lo anterior, pues de tales probanzas se desprende que: El quejoso directo fue privado de su libertad el veinte de septiembre con motivo de una orden de aprehensión librada en su contra dentro de la causa penal 1P1919-73. El veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó auto de vinculación a proceso. Además, el fedatario de la adscripción levantó una razón el veintidós de septiembre de dos mil diecinueve, de la que se advierte que se entrevistó con él y le manifestó "que no se encuentra incomunicado". Esto denota que el directo quejoso fue privado de la libertad con motivo de que se cumplimentó en su contra una orden de aprehensión; por lo que no existen, siquiera indicios de la incomunicación alegada. En esa virtud, al no quedar demostrada la existencia de los actos reclamados a las autoridades responsables y no obrar en autos noticia objetiva alguna que conduzca a establecer lo contrario, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sin que con la presente determinación se transgreda el criterio jurisprudencial sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO", pues no constituye una regla que no admita excepciones y, como en el caso, los elementos relatados y demostrados permiten advertir indubitablemente la inexistencia del acto. Sin perjuicio de ello, de la lectura integral de la demanda se advierte que la queja y la pretensión de la promovente fue que el quejoso directo fuera presentado ante la autoridad correspondiente, lo que, como se vio,*** así ocurrió. En virtud de lo anterior, agréguese únicamente para que conste el oficio con registro 11120, por el que el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, informa el estado procesal del juicio 718/2018-IV-1 de su estadística y remite constancias.

  3. Principal

    Vistos los informes que, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo en relación con la suspensión de plano concedida en autos, rinden en su orden: Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres en esta ciudad; Jefe de Célula de la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de esta municipalidad; y, Juez de Control de Oralidad en materia Penal de la Tercera Región del Estado sede Celaya. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, y dese vista a las partes para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que el quejoso designó como autorizado a ***********, el que de acuerdo con la certificación de cuenta no tiene inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. No obstante, con el número de cédula proporcionado se efectuó una búsqueda en el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública se advierte que el número de cédula efectivamente corresponde al profesionista (se orden glosar la constancia electrónica para los efectos a que haya lugar). Por tanto, para efectos exclusivos de este juicio de amparo, se le reconoce su calidad en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no obstante que no se encuentre registrado en el sistema referido, lo anterior, a fin de privilegiar el acceso a la tutela jurisdiccional. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2020495, décima época, registro 2020495, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 23 de agosto de 2019,de contenido siguiente: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja

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