Javier Rodríguez Carreño
Expediente 7/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 14 de marzo de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/03/2014
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Rodríguez Carreño
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se tiene por recibido el oficio proveniente de la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad, de la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación Social del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintiocho de octubre pasado, se informa: Atento a lo anterior, se provee: I. Con apego en el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, se requiere al sentenciado ******************, por sí y por conducto de su defensa, para que dentro del término de diez días legalmente computados, exhiban la totalidad de los comprobantes de sus reportes mensuales con los que acrediten el cumplimiento dado al suspensivo de pena concedido en autos; o bien, manifiesten el impedimento que presenten para ello. Apercibidos que de no hacerlo así, se les impondrá una multa consistente en treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos vigente, conforme al Decreto por el que se declara reformados y adicionadas las diversas disposiciones de la Ley Suprema, en materia de desindexación del salario mínimo, y el numeral 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. Además de que podrá continuarse con el procedimiento a que se refiere el artículo 539 del Código Federal de Procedimientos Penales, y culminar con la ejecución de la sanción suspendida. Numeral que es del tenor literal siguiente: "Artículo 539.- Cuando por alguna de las causas que señala el artículo 90 del Código Penal Federal deba hacerse efectiva la sanción impuesta, revocándose el beneficio de la condena condicional, el tribunal que concedió éste, procederá, con audiencia del Ministerio Público, y del sentenciado y de su defensor, si fuere posible, a comprobar la existencia de dicha causa y, en su caso, ordenará que se ejecute la sanción." II. Requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de diez días legalmente computado, acredite fehacientemente ante esta potestad haber notificado al enjuiciado ****************** las obligaciones impuestas con motivo del beneficio de condena condicional a que se acogió en el presente asunto, así como que le proporcionó los formatos oficiales de reporte y le indicó a que autoridad debía dirigirlos. Con el apercibimiento que de no acatar cabalmente lo anterior, se hará acreedor a una multa consistente en treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos vigente, conforme al Decreto por el que se declara reformados y adicionadas las diversas disposiciones de la Ley Suprema, en materia de desindexación del salario mínimo, y el numeral 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. O bien, en caso de señalar que no cuenta con la documental que respalde haber realizado lo anterior, deberá tomar en consideración lo siguiente: El Código Penal Federal dispone en lo que aquí interesa lo siguiente: "Artículo 24.- Las penas y medidas de seguridad son: 1.- Prisión. [.] 12.- Suspensión o privación de derechos. [.] 15.- Vigilancia de la autoridad." "Artículo 46.- La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes. La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena." "Artículo 50 bis.- Cuando la sentencia determine restricción de libertad o derechos, o suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, el juez dispondrá la vigilancia de la autoridad sobre el sentenciado, que tendrá la misma duración que la correspondiente a la sanción impuesta. La vigilancia consistirá en ejercer sobre el sentenciado observación y orientación de su conducta por personal especializado dependiente de la autoridad ejecutora, para la readaptación social del reo y la protección de la comunidad." "Artículo 90.- El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas: II.- Para gozar de este beneficio el sentenciado deberá: a).- Otorgar la garantía o sujetarse a las medidas que se le fijen, para asegurar su presentación ante la autoridad siempre que fuere requerido; b).- Obligarse a residir en determinado lugar, del que no podrá ausentarse sin permiso de la autoridad que ejerza sobre él cuidado y vigilancia; c).- Desempeñar en el plazo que se le fije, profesión, arte, oficio u ocupación lícitos; d) Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; y, [.] III.- La suspensión comprenderá la pena de prisión y la multa, y en cuanto a las demás sanciones impuestas, el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del caso. V.- Los sentenciados que disfruten de los beneficios de la condena condicional quedarán sujetos al cuidado y vigilancia de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social. [.] VII.- Si durante el término de duración de la pena, desde la fecha de la sentencia que cause ejecutoria el condenado no diere lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria, se considerará extinguida la sanción fijada en aquélla. En caso contrario, se hará efectiva la primera sentencia, además de la segunda, en la que el reo será consignado como reincidente sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20 de este Código. Tratándose del delito culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la sanción suspendida. IX.- En caso de falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas por el condenado, el juez podrá hacer efectiva la sanción suspendida o amonestarlo, con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha sanción." "Artículo 99.- La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al condenado en los derechos civiles, políticos o de familia que había perdido en virtud de sentencia dictada en un proceso o en cuyo ejercicio estuviere suspenso." "Articulo 116.- La pena y la medida de seguridad se extinguen, con todos sus efectos, por cumplimiento de aquéllas o de las sanciones por las que hubiesen sido sustituidas o conmutadas. Asimismo, la sanción que se hubiese suspendido se extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos al otorgarla, en los términos y dentro de los plazos legalmente aplicables." Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Penales dispone en su artículo 531, lo siguiente: "Artículo 531.- Pronunciada una sentencia ejecutoriada condenatoria o absolutoria, el juez o el tribunal que las pronuncie expedirá dentro de cuarenta y ocho horas, una copia certificada para la Secretaría de Seguridad Pública, con los datos de identificación del sentenciado. El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa de quince a treinta días de salario mínimo. El juez está obligado a dictar de oficio, todas las providencias conducentes para que el sentenciado sea puesto a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública. El incumplimiento de esta obligación se sancionará con multa de cuarenta a sesenta días de salario mínimo." De las anteriores transcripciones se obtiene que, con motivo de una sentencia de condena impuesta a todo enjuiciado, ésta produce la suspensión de sus derechos políticos durante todo el tiempo de la condena, y así también, para el caso de la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia, su vigilancia durante igual tiempo al correspondiente a la sanción restrictiva de la libertad impuesta; al cabo de la cual, rehabilitar al enjuiciado en sus derechos políticos que le hubieran sido suspendidos con motivo de dicho fallo. Así también, que corresponde al Ejecutivo Federal, ejercer sobre el sentenciado la observación y orientación con motivo del beneficio de condena condicional, a través del personal especializado, e implementar los mecanismos necesarios y útiles para llevar a cabo dicha vigilancia, estrictamente por el tiempo correspondiente a la sanción restrictiva de la libertad impuesta, objeto de suspensión. Luego, si al enjuiciado ************************* se le impuso una pena privativa de la libertad de dos años de prisión, lo que conlleva la suspensión de sus derechos políticos y quedar sometido a disposición de la autoridad ejecutiva por ese lapso, por conducto del órgano ejecutor de sanciones; entonces, la observación y orientación que debió ejecutar sobre aquel, debió ejercerse estrictamente por dicha temporalidad, para lo cual era inexcusablemente necesario que le informará certeramente de las obligaciones a que debían someterse durante dicho transcurso del tiempo, así como la forma en que debía acatarlas. Para ello, es ineludible que se debe contar con alguna constancia que fehacientemente acredite el conocimiento de dichas obligaciones por parte del sentenciado. Sin que obste a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a. /J. 30/2012 (10a.), con registro digital IUS 2000525, de título "CONDENA CONDICIONAL. LA PENA SUSPENDIDA POR SU OTORGAMIENTO NO SE EXTINGUE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL TIEMPO"1, en la que se establece que el 1 De texto: De la interpretación conjunta de los artículos 90, fracción VII y 116, del Código Penal Federal, se obtiene que la pena de prisión cuya ejecución se encuentra suspendida en virtud del otorgamiento del beneficio de la condena condicional, puede sólo transcurso del tiempo no es suficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, siendo necesario el cumplimiento de las obligaciones impuestas al obtener el beneficio de la condena condicional. Lo anterior, pues como quedó establecido en párrafos que anteceden, corresponde a la Dirección de Control de Sentenciados en Libertad imponer al enjuiciado las condiciones conforme a las cuales ejercerá su cuidado y vigilancia durante el tiempo de la suspensión condicional de la condena impuesta en este asunto. Por ende, de su notificación oportuna y certera al mismo, y para el caso de omisión de la autoridad ejecutiva, lo que no es imputable al enjuiciado, ello supondría que dicha autoridad no estimó pertinente imponerle ninguna otra obligación y requisito para el cumplimiento de tal beneficio, por lo que deberá pronunciarse en torno dicha supervisión. Pretender lo contrario, esto es, prolongar los efectos de la condena condicional otorgada al justiciable, es decir, su vigilancia y la suspensión de sus derechos políticos por un tiempo mayor al procedente, implicaría prolongar la sanción excediendo la condena impuesta al libre albedrío de la autoridad encargada de vigilar al sentenciado, computable cuando tuviera a bien fijar las condiciones bajo las cuales se llevaría su cuidado y orientación, con la consecuente vulneración a sus derecho fundamental de libertad y seguridad jurídica, ante la incertidumbre de saber cuándo estará extinguida su sanción privativa de la libertad; y por ende, ser rehabilitados en sus derechos políticos, traducibles en obtener una credencial para votar con fotografía y, en su caso, cumplir con su obligación civil de emitir sufragio cuando para ello fuera convocado. extinguirse al actualizarse los tres siguientes supuestos: a) que el sentenciado hubiere dado cumplimiento a las obligaciones impuestas con motivo del otorgamiento del beneficio de la condena condicional; b) que el cumplimiento de tales requisitos se lleve a cabo durante el tiempo de duración de la pena; y, c) que durante ese tiempo el sentenciado no hubiere dado lugar a nuevo proceso por delito doloso que concluya con sentencia condenatoria; todo lo cual equivale a haber compurgado la pena y, por tanto, ya no podrá exigirse su cumplimiento. No obstante, en el supuesto de que la autoridad jurisdiccional deba pronunciarse sobre la extinción de la pena de un sentenciado que no cumplió con las obligaciones derivadas del otorgamiento del beneficio de la condena condicional cuando ha transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena, puede hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 90, fracción IX, y hacer que se cumpla la sanción suspendida o amonestar al sentenciado con el apercibimiento de que si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva la sanción impuesta en la sentencia condenatoria, pues el solo transcurso del tiempo no es suficiente para declarar la extinción de la pena de prisión, ya que de conformidad con lo estatuido por los preceptos legales en mención, es el cumplimiento de las obligaciones impuestas al obtener el beneficio de la condena condicional lo que extingue la sanción y no el simple hecho de haber dejado transcurrir el tiempo en el que debían cumplirse. Por tanto, en el supuesto de que el sentenciado no dé cumplimiento a las obligaciones que adquirió con motivo del otorgamiento de la condena condicional o les dé cumplimiento únicamente por un lapso que no es el equivalente al que debiera durar la pena de prisión impuesta, la autoridad jurisdiccional de conformidad con lo que dispone el citado artículo 90, fracción IX, está facultada para hacer que se ejecute la sanción suspendida o conminar al sentenciado al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la condena condicional, aun cuando haya transcurrido igual o mayor tiempo al que debiera durar la pena. Lo anterior, sin que el juzgador deje de observar el supuesto en el que el sentenciado acogido al beneficio de la condena condicional ha cumplido con las obligaciones derivadas de ese beneficio penal por un tiempo que no es el equivalente al que debería durar la sanción privativa de libertad, pues en dicha hipótesis, de conformidad con una interpretación extensiva a la garantía prevista en la vigente fracción X del apartado "A" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho que tiene el inculpado de que en toda pena de prisión que se le imponga se compute el tiempo de detención que sufrió (para descontar a la pena a imponer el tiempo de prisión preventiva), válidamente puede extraerse que dicha garantía también es aplicable a la pena de prisión de un sentenciado que ha cumplido con las obligaciones derivadas del otorgamiento de la condena condicional sólo por un lapso que no es igual al que se le fijó como de duración de la sanción, dado que el tiempo en el que el sentenciado acató las obligaciones mencionadas se ciñó a una determinación que se dio en sustitución de la pena y, por tanto, ese tiempo equivale al cumplimiento parcial de la sanción que se le impuso en sentencia." Por tanto, se requiere a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de cinco días indique, en su caso, de existir documento que acredite que notificó al sentenciado oportuna y debidamente, y el transcurso del tiempo que excede el relativo a la pena de prisión impuesta, concluyó el periodo de control y vigilancia ejercido sobre el sentenciado, pues al no habérsele impuesto obligación alguna, resultaría contrario a derecho mantenerlo a disposición de autoridad alguna por tiempo indefinido con motivo de haberse soslayado la imposición de obligaciones. Con el apercibimiento que de no acatar cabalmente lo anterior, se hará acreedor a una multa consistente en treinta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos vigente, conforme al Decreto por el que se declara reformados y adicionadas las diversas disposiciones de la Ley Suprema, en materia de desindexación del salario mínimo, y el numeral 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales Cabe destacar que dicha autoridad ya se pronunció en ese sentido, en diversos asuntos del índice de este órgano jurisdiccional entre los que destacan los relativos a sus misivas ******************* y ***************** relacionadas con las causas penales *************** del progresivo de este tribunal.
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