Javier Rico Franco

Expediente 442/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
442/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
27/06/2016

Partes del expediente

  • Javier Rico Franco

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por la Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del mismo nombre, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del asunto, por el que este juzgador se declaró incompetente por razón de territorio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    ...En esa tesitura, las consideraciones expuestas en apartados anteriores son extremos que evidencian que este Juzgado de Distrito carece de legal competencia para conocer del libelo constitucional que nos ocupa, ya que no ejerce jurisdicción en la circunscripción territorial donde se ejecutó el acto que en esta vía constitucional se combate, por lo que se estima que el trámite y resolución del juicio de amparo corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, atenta la regla competencial dispuesta en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitario de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Por ende, en términos de los artículos 48, primer párrafo, de la ley de la materia, sin proveer sobre la admisión de la demanda, y ante la evidente incompetencia legal por razón de territorio para que este Juzgado de Distrito pueda avocarse al conocimiento y resolución del presente asunto iniciado a raíz de la demanda de amparo interpuesta por Javier Rico Franco, remítase vía oficio el expediente judicial en que se actúa, así como las copias acompañadas al mismo y de su escrito aclaratorio; al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, a quien a su vez se le solicita, de no existir inconveniente alguno, que dentro del término de cuarenta y ocho horas, conforme a sus atribuciones legales determine si acepta o no el conocimiento del asunto en mención y lo comunique a este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, en términos del artículos 48, primer párrafo, de la ley de la materia, sin que sea el caso proveer sobre la suspensión provisional, o de oficio de los actos reclamados (toda vez que no se está en el supuesto de los actos mencionados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o algunos de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal). Sin que sea óbice a lo anterior, que en el presente caso, se apliquen los criterios jurisprudenciales que quedaron expuestos en líneas precedentes, toda vez que el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuara en vigor en lo que no se oponga al actual decreto regulatorio de los artículos 103 y 107 Constitucionales...

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo signada por **********, contra actos del agente del Ministerio Público Investigador en Dolores Hidalgo, Guanajuato y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo bajo el registro número 442/2016-B. II) PREVENCIÓN Previo a proveer lo conducente a la admisión de la demanda promovida, con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se hace indispensable REQUERIR al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, BAJO PROTESTA de decir verdad, cumpla con lo siguiente: 1. Precise la denominación correcta y completa de la autoridad que señala en el apartado III denominado "Autoridades responsables", como "b) JUEZ.", dado lo impreciso de tal señalamiento, esto es, omite señalar el fuero, materia y residencia del mismo. 2. .En su caso, señale los actos que específicamente atribuya al Juez cuya denominación precise, pues de la lectura de lo expuesto en su demanda de amparo se duele del aseguramiento decretado por autoridad ministerial respecto del vehículo de motor marca Chrysler, sub-marca 300, modelo 2007, color blanco perla, con placas de circulación MTS5346, del Estado de México y con número de serie 2C3LA63E37E745857, que aduce es de su propiedad, enfatizando que ello así fue sin mediar ninguna orden judicial de algún juez. 3. Señale, acorde con lo establecido por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, si los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, que plasma en el apartado IV de su demanda, relativo a "ACTO RECLAMADO", los expone bajo protesta de decir verdad, pues nada dijo al respecto, y sin que obste a lo anterior el que en su diverso apartado V, identificado como "HECHOS QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO", haga la protesta condigna, puesto que en dicha sección no expone ningún hecho o antecedente constitutivos del acto reclamado, limitándose a exponer tan solo el temor que dice le infirieron las "autoridades responsables" si se quejaba de su actuación, e igualmente que estas no le habían comprobado que la detención y decomiso (sic) de su vehículo derivaba de una orden judicial. 4. Dado que señala que elementos de la Policía Federal, estación Dolores Hidalgo, Guanajuato ordenaron la detención (sic) de su vehículo, al parecer a las once horas del día dieciséis de abril de dos mil quince, y por contar con reporte de robo, precise las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se llevó a cabo el aseguramiento del referido automotor por parte de dichos elementos policiacos, esto es, la hora y día en que ocurrió tal hecho, la vía, localidad y municipio en que se materializó este y cómo es que aconteció ello. Información la anterior, que resulta indispensable para dilucidar la competencia de este juzgado federal en el conocimiento de la demanda de amparo promovida, al ser un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, toda vez que la aclaración de la demanda entraña el ejercicio de una acción de amparo con relación al o a los actos que en específico reclama de la autoridad responsable, para lo cual solo está facultado el propio quejoso, no así ningún autorizado en términos amplios. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." En la inteligencia, que deberá exhibir, copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, esto es, (2) para las autoridades responsables, (1) más para la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita y (2) para la apertura del incidente de suspensión. Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo previsto en el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley en cita. III) Transparencia Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. IV) Notificación de la parte quejosa Toda vez que el quejoso Javier Rico Franco, señaló domicilio ubicado en calle Héroes de Nacozari número 62, colonia Luis Donaldo Colosio en San Miguel de Allende, Guanajuato, el que al no corresponder a la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 46, 49 y 50 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 157 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Guanajuato, Capital, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional federal, tenga a bien ordenar a quien corresponda haga la notificación correspondiente con lo apercibimientos insertos. Así también, deberá requerirla para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista; lo anterior, con fundamento en el artículo 29, de la ley de la materia. Con apego en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilita al actuario judicial a quien se le encomiende la presente diligencia para que de ser necesario la realice en días y horas inhábiles, y se otorga plenitud de jurisdicción para que de tener conocimiento de algún domicilio diverso, la practique sin previo acuerdo. Finalmente, se le tiene autorizando en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las persona que indica en su escrito de demanda, Antonio Ramírez Rico, esto es, únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones; sin que haya lugar a tenerle designando como autorizado al Lic. De oficio de este Juzgado Federal, así propuesto por el promovente, en razón a que este órgano de control constitucional no cuenta con asesores o abogados adscritos que puedan fungir como autorizados de las partes intervinientes.

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