Javier Soto Sanchez

Expediente 816/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
816/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2017

Partes del expediente

  • Javier Soto Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiuno de agosto del año en curso, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II , del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2° , se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que la parte promovente del amparo, adjuntó a su escrito de demanda una memoria USB; por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acudan ante este órgano jurisdiccional a que le sea devuelta la misma, en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho plazo, y de ser el caso, podrá ser destruida junto con el expediente.

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo presentada por ***, por propio derecho, por medio del cual solicita el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato y del Director del Centro de Readaptación Social de Salamanca, Guanajuato, los cuales estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INGRESO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 816/2017-IV.1, anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Póngase a disposición de las partes el expediente electrónico, habilitándose las actuaciones y formulándose las notificaciones atento al trámite del expediente. ANÁLISIS DE DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable. Lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto que por esta vía se combate, se hace consistir en lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Señalo como acto reclamado de la autoridad responsable señalada como ORDENADORA, la resolución de término constitucional de VINCULACIÓN A PROCESO, AL CONSIDERARME PROBABLE RESPONSABLE DEL DELITO DE HOMICIDIO SIMPLE, cuando dicha resolución debió de hacer sido en sentido contrario, o sea auto de NO VINCULACIÓN A PROCESO, tomando en cuenta que la citada autoridad debió de vigilar que no se me hubieran violado mis garantías constitucionales, mis derechos fundamentales, al haber sido detenido y privado de mi libertad personal en franca violación a las disposiciones legales aplicables para la privación de la libertad de una persona a que se refieren los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales como más adelante lo narrare en forma detallada, lo que me deja en completo estado de indefensión y me causa daños y perjuicios de imposible reparación como lo es que a la fecha me encuentro privado de mi libertad persona por la comisión de un hecho delictuoso que no cometí. Señaló como acto reclamado de la autoridad responsable señalada como EJECUTORA, la ejecución y demás consecuencias legales que resulten del cumplimiento que se le ha dado a la arbitraria e ilegal detención a que se me ha sujetado a través de serias y graves violaciones al procedimiento, a que más adelante referiré." (sic). CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En ese orden, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XI del numeral 61 de la Ley de Amparo vigente, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio por su notoria e indudable improcedencia. En efecto el artículo 61, fracción XI, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;." Lo anterior es así, toda vez que en el índice de este juzgado federal obra registrado el diverso juicio de amparo número 329/2017-VII.1 promovido por ***, contra el Juez de Control de Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato y del Director del Centro de Reinserción Social de Celaya, Guanajuato, respecto de los actos que en sentencia del mencionado juicio se establecieron como: a).- La cumplimentación de la orden de aprehensión que fuera librada en contra del imputado por la Juez de Control de Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato. b).- El auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia celebrada en fecha dieciocho de febrero de dos mi diecisiete dentro de la causa penal 1P2817-21 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato. Escrito de demanda que fue recibido en este órgano de control constitucional, el trece de marzo de dos mil diecisiete, registrándolo bajo el juicio de amparo número 329/2017-VII.1 de este índice, el cual se radicó al día siguiente y una vez integrado, el once de abril de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia correspondiente en la cual se resolvió lo siguiente: PRIMERO.- Por las razones apuntadas en el considerando cuarto de esta sentencia, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *** por el acto reclamado en dicho considerando. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra actos del Juez de Control de Oralidad Penal con sede en Salvatierra, Guanajuato, y Director del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad; por los motivos apuntados en el último considerando de esta resolución." Sentencia que causó ejecutoria el nueve de mayo del año en curso, motivo por el cual en dicha fecha se ordenó su archivo definitivo del mencionado expediente 329/2017-VII.1. Por tanto, se ordena tener a la vista como hecho notorio el expediente de mérito, y obtener copia de las principales constancias del juicio número 329/2017-VII.1 de este índice, para los fines legales conducentes y se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º. Resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 285, tomo XXV, junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De las copias de la demanda de amparo número 329/2017-VII.1 de este índice, así como del presente juicio de amparo 816/2017-IV.2, se concluye que ***, reclamó a la misma autoridad responsable ordenadora Juez de Control de Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato, concretamente los mismos actos reclamados, esto es, el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia celebrada en fecha dieciocho de febrero de dos mi diecisiete dentro de la causa penal 1P2817-21 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de Salvatierra, Guanajuato. De lo anterior, queda de manifiesto que el acto que aquí se reclama ya fue revisado, analizado y resuelto por este Juzgador Federal, dentro del diverso juicio número 329/2017-VII.1 de la estadística de este mismo Juzgado de la Federación; el cual fue sobreseído, causando ejecutoria el veintiséis de mayo actual y por tanto, se trata de un juicio completamente terminado. Hipótesis prevista en la disposición mencionada. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Javier Soto Sánchez, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de la Materia. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia I.6o.T. J/86, publicada en la página número 1532, Novena Época, Registro: 170735, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Común, del siguiente contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal. Al igual que la jurisprudencia, publicada en la página 91, del Semanario Judicial de la Federación 181-186 Tercera Parte, Materia(s): Común, Séptima Época, Registro: 237445, Instancia: Segunda Sala "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías. De igual forma es aplicable la Tesis número XX. 95 K, visible en la página número 420, Tomo IV, Noviembre de 1996, Novena Época, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro que reza: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTIAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista por el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ***. De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene al quejoso señalando como domicilio de su parte para recibir notificaciones de carácter personal las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional y como autorizado de su parte al licenciado ***, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su respectiva cédula profesional en la base de datos, instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, así como en cumplimiento a lo establecido en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre ellas la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciséis, y en términos restringidos del ordinal en cita al licenciado ***, por no tener registrada su cédula profesional en la base de datos de referencia, así como a ***, por así solicitarlo expresamente el peticionario del amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo promovida por *** por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente proveído.

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