Javier Rosales Perez
Expediente 310/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Javier Rosales Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días hábiles, concedido a la parte quejosa en proveído de trece de agosto de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente asunto por el magistrado propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento del auto de referencia, y conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, con base en las constancias que obran en autos. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, del contenido siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En esas condiciones, se tiene que el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, cuyo resolutivo fue el siguiente: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos señaladas en el penúltimo y último de aquéllos." (foja 112 frente). SENTENCIA CAUSÓ EJECUTORIA. Dicha determinación causó ejecutoria el cuatro de julio de dos mil dieciocho, motivo por el cual se requirió al magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, para que diera cumplimiento en los términos expuestos, en la sentencia pronunciada en el presente juicio, cuyos efectos deberían consistir en: OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el fallo identificado como acto reclamado, y siguiendo los lineamientos trazados en la presente sentencia, resuelva con plenitud de jurisdicción respecto del total de los puntos resolutivos que integran la sentencia apelada; reiterando, en lo que no fue motivo de concesión del amparo, lo por ella determinado. ( foja 111 vuelta). INFORME DE CUMPLIMIENTO. En atención a lo anterior, el magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, remitió los oficios registrados bajo los números 5723 y 6295, en los cuales en lo que aquí interesa haciendo del conocimiento de este juzgado federal lo siguiente: Guanajuato, Guanajuato, a diez de julio de dos mil dieciocho. 2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria. por lo que se declara que la resolución dictada por la autoridad federal ha causado ejecutoria, en virtud de ello y como lo ordena la autoridad federal, esta Sala procede a dejar insubsistente la sentencia de data ocho de febrero del dos mil dieciocho y se ordena el dictado de otra siguiendo los lineamientos establecidos (foja 132 vuelta). Y, Por medio del presente, adjunto testimonio de nueva resolución por duplicado, que en fecha del día de hoy, pronunció esta Sala. Guanajuato, Guanajuato, a seis del mes de agosto del año dos mil dieciocho. 2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria. VISTO para resolver en ejecutoria de amparo el toca número 35/2018, con motivo de los recursos de apelación promovidos, el primero por la licenciada ***, en su calidad de Agente del Ministerio Público adscrita, y el segundo por ***, por su propio derecho y en representación de ***, en contra de la sentencia de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Yuriria, Guanajuato, en el Juicio Oral Ordinario número F165/2017, promovido por ***, en contra de ***, sobre disolución del vínculo matrimonial y otras prestaciones (foja 140 y 141). Resolviendo, lo siguiente: PRIMERO. En los términos expuestos en el Considerando Tercero de esta resolución y para los efectos ahí precisados, SE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, en la parte conducente de la que emana esta revisión. SEGUNDO. Por otra parte, se MODIFICA el fallo impugnado para el efecto de fijar el 25% veinticinco por ciento del valor de los bienes del demandado como indemnización a favor de la apelante, y además, dejar intocados el resto de los puntos que no estuvieron relacionados con la falta de pruebas detectada para fijar correctamente la pensión alimentaria reclamada. TERCERO. No se impone condena en costas procesales en esta instancia. CUARTO. Remítase por duplicado testimonio autorizado de la presente resolución al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, a efecto de que se imponga del cumplimiento que esta Sala otorga al fallo tutelar de garantías pronunciado en los autos del Juicio de Amparo número 310/2018 del índice de ese Tribunal Federal. QUINTO. Notifíquese por lista y personalmente. (fojas 156 vuelta y 157 frente). ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO. De lo anterior, se encuentra acreditado fehacientemente que el magistrado propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, el diez de julio de dos mil dieciocho, dejó insubsistente deje insubsistente el fallo identificado como acto reclamado, consistente en la sentencia de ocho de febrero del dos mil dieciocho y el seis de agosto del presente año, con plenitud de jurisdicción, pronunció otra determinación siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia pronunciada por este tribunal federal, es decir resolviendo respecto del total de los puntos resolutivos que integran la sentencia apelada; reiterando, en lo que no fue motivo de concesión del amparo. Lo cual se aprecia de la resolución que acompañó a su informe de cumplimiento (fojas 141 a 167). Por ende, conforme al numeral 196, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la misma, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. EXPEDIENTE ES DEPURABLE. Toda vez que el presente juicio en su primer resolutivo se decretó el sobreseimiento y en el segundo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, por tanto, este expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE ES DEPURABLE. En relación al cuaderno original de incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, en virtud de que en el presente asunto aparece que se le concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de dichas medidas. Lo anterior, por así estar ordenado en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. DUPLICADO DEL INCIDENTE ES DESTRUIBLE EN EL PLAZO DE SEIS MESES. Asimismo, atendiendo al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses. DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DE PARTE QUEJOSA. Finalmente, advirtiéndose de las constancias que integran el expediente en que se actúa que la parte quejosa, adjuntó diversas documentales al presente juicio. Por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, previa copia simple que de los mismos exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de dicha parte, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir dichas documentales, deberá hacerlo de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas, debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el magistrado propietario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, por medio del cual informa el cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando constancias para acreditar su dicho. Previamente a tener o no a la referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, dese vista a la parte quejosa con el informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso indicado, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de control constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el secretario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Guanajuato, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, agréguese para que obre como corresponda el oficio de mérito, y estese en espera de que la citada autoridad responsable informe y acredite el cumplimiento total de la ejecutoria de amparo mencionada, para acordar lo conducente.
- Principal
CAUSA EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, contra la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ***. Por tanto, como lo dispone el ordinal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en cita, en relación con su numeral 2°, se declara que dicho fallo ha causa ejecutoria. ANOTACIÓN EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro que para dicho efecto se lleva en este juzgado federal. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Ahora bien, la protección constitucional otorgada fue para los siguientes efectos: OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Al resultar fundado el motivo de queja en estudio, se impone conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el fallo identificado como acto reclamado, y siguiendo los lineamientos trazados en la presente sentencia, resuelva con plenitud de jurisdicción respecto del total de los puntos resolutivos que integran la sentencia apelada; reiterando, en lo que no fue motivo de concesión del amparo, lo por ella determinado." (foja 111 vuelta). REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. Por tanto, respecto del referido punto de concesión, con fundamento en los artículos 192 y 193 ambos de la Ley de Amparo, requiérase al magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la presente ejecutoria, y una vez hecho lo anterior, remita a este Órgano de Control Constitucional, las constancias que acrediten lo anterior. APERCIBIMIENTO. En el entendido de que en caso de no cumplir con dicho mandato sin causa justificada, o no exponer motivo legal que le impida hacerlo o bien acredite que se encuentra en vías de cumplimiento, dentro del lapso concedido para dicho efecto, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego, aunado a que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación de la autoridad contumaz, ello en términos del párrafo segundo del ordinal 192 de la Ley de la Materia. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento respecto de la autoridad a la que pudiera recaerle el carácter de superior jerárquico de la ahora responsable, dado que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en capital del mismo nombre, ha informado a este Juzgado Federal, que no es Superior Jerárquico de los Jueces de Partido, ya que dichas autoridades jurisdiccionales gozan de autonomía e independencia en su actuar. De ahí que no existe superior jerárquico a quien acudir atendiendo a lo señalado por el artículo 194, de la Ley de Amparo, en vinculación con el diverso 73, fracción XXIX-H de la Constitución Federal, y el diverso 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; tal como en un caso análogo, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sustentar la Jurisprudencia de rubro: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. DEVOLUCIÓN DE TOMO. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias remitidas por las autoridades responsables magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, consistente en un tomo del toca ***, y juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con residencia en yuriria, Guanajuato, consistente en dos tomos en copia certificada del expediente **, así como un sobre cerrado que contiene los siguientes documentos: Disco DVD que contiene grabaciones de audio y video de las audiencias; un primer sobre con acta de matrimonio número 00160, acta de nacimiento número 00316 acta de nacimiento número 00126, escrito suscrito por ***; un segundo sobre con dos escrituras públicas, dos recetas médicas y doce imágenes impresas; un tercer sobre con contrato de cesión de derechos parcelarios, cinco juegos de copias certificadas de diversos expedientes, juego de copias expedido por el director del C.A.D.I. del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF o DIF), recibo de pago comprobante de percepciones, una carta responsiva de compraventa, contrato de cesión de derechos agrarios, dos boletas de ingreso del registro público de la propiedad y del comercio, hoja de gasto efectuado y costo y escrito suscrito por la licenciada ***, se ordena devolverlos a sus lugares de origen, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente.
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