Javier Villagomez Gomez

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Javier Villagomez Gomez
  • Juez Primero de lo Civil Y de Oralidad Familiar En Yuriria, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    Se recibe escrito. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito firmado por el licenciado Sergio Enrique López Barajas, dice en su carácter de autorizado de la parte quejosa -señala autorizados y solicita devolución de documentos-; toda vez en el presente asunto, no tiene reconocido el carácter con que comparece.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, con sede en Yuriria, Guanajuato, a través del cual acusa recibo del diverso 12335/2019, por el cual le fue notificado el proveído de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el que causó estado el diverso de diecinueve de agosto del indicado año, en que se desechó de plano la demanda promovida; de igual manera, se le adjuntó el expediente que señala.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se advierte que no se interpuso el recurso de QUEJA previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Nueva Ley de Amparo, en contra del auto de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo solicitada, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado. En último orden, respecto de las constancias que integran el **, del índice del Juzgado de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, y que remitió al Tribunal de Alzada; al resultar innecesario su retención, devuélvase a su lugar de origen y solicítese el acuse de recibo respectivo.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio 3105 de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato, Capital, al que adjunta por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato y otra autoridad; copias certificadas del Juicio Civil Sumario *** y constancias de emplazamiento del tercero interesado ***. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, con el número 739/2019, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. De la lectura de la resolución de trece de agosto de dos mil diecinueve, transcrita al oficio 3105 de cuenta, dictada el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito con sede en Guanajuato Capital, en los autos del expediente *** de su índice, se obtiene que al analizar la demanda de amparo promovida por ***, determinó que los actos señalados como reclamo constitucional NO están contemplados en las hipótesis de procedencia del Juicio de Amparo Directo que prevé el artículo 170 de la Ley de Amparo; de ahí que declinó la competencia legal para conocer del asunto al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya. Atento a lo determinado por el Tribunal Colegiado oficiante, así como lo dispuesto por los artículos 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato con sede en Celaya, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que promueve ***, contra los actos que reclama del Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato y otra autoridad. Lo anterior, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado oficiante. En el caso, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, se obtiene que ***, por su propio derecho, reclama del Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato y de la Actuaria de su adscripción, a saber, lo siguiente: - El proveído dictado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, en los autos del Juicio Civil Sumario ***; en el que acuerda de conformidad a la solicitud del actor y despacha ejecución en contra del ahí demandado (ahora promovente), con el propósito de ponerlo en posesión del inmueble identificado como -***, de esa ciudad de Yuriria, Guanajuato-; así como su ejecución. Precisión que encuentra apoyo en las Jurisprudencias siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior y una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Como antecedentes del acto reclamado se obtiene que ***, demandó a ****, en la vía sumaria, la recisión del contrato de arrendamiento respecto del inmueble identificado como -fracción de predio urbano ubicado en calle ***, de esa ciudad de Yuriria, Guanajuato-; procedimiento del que correspondió conocer al Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato; radicándose el expediente ***. Una vez que se dio trámite al juicio, se emplazó al demandado, quien contestó la demanda y formuló reconvención; siendo que, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a las partes por celebrando convenio, mismo que ratificaron ante la presencia judicial el once de septiembre siguiente. Por lo anterior, mediante determinación de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, se elevó dicho convenio a la categoría de cosa juzgada; sujetándose a las partes a las cargas contraídas en el referido pacto de voluntades. Conviene enfatizar en lo que ahora importa, que en el referido convenio el actor se comprometió a dar al demandado un término de gracia máximo de seis meses para desalojar el inmueble materia de la controversia, que fenecía en el mes de marzo de dos mil dieciocho. En proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se acordó favorable la solicitud del ahí actor de ejecutar el convenio celebrado y elevado a la categoría de cosa juzgada, por lo que se despachó ejecución en contra del demandado ***, ahora promovente. Enseguida, el referido actor ***, señaló ingeniero para que asistiera en la diligencia de posesión correspondiente, sustituyéndose al profesional respectivo en proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho. Dicho mandato no se llevó a cabo, de ahí que el actor solicitó de nueva cuenta la ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, de ahí que la autoridad señalada como responsable emitió el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Resolución esta última que constituye el acto materia del reclamo constitucional en el presente asunto. Precisiones todas de las que debe destacarse que ***, ahora promovente, ES PARTE EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL DE ORIGEN. De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie, con relación al acto reclamado en el presente asunto, debe desecharse la demanda atento a su evidente e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales en cita, en lo que ahora importa, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Como se expuso en párrafos anteriores, ante el Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, se tramita el Juicio Civil Sumario ***, promovido por ***, en contra del ahora promovente ***, por la recisión del contrato de arrendamiento respecto del inmueble identificado como -fracción de predio urbano ubicado en calle ***, de esa ciudad de Yuriria, Guanajuato-. En dicho procedimiento las partes formularon convenio, mismo se elevó a la categoría de cosa juzgada mediante determinación de veinte de septiembre de dos mil diecisiete; sujetándose a las partes a las cargas contraídas en el referido pacto de voluntades; y en proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se acordó favorable la solicitud del ahí actor de ejecutar ese convenio, por lo que se despachó ejecución en contra del demandado ***, ahora promovente. Fijado lo anterior, es menester destacar que el acto reclamado se dictó en la etapa de ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada, puesto que en dicho proveído de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se ordena la ejecución de ese convenio; acto que no constituye la última determinación dentro de ese procedimiento de ejecución, frente a la cual únicamente es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En otras palabras, cuando el juicio del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra de la última resolución que se dicte en ese procedimiento, atento a lo dispuesto por la fracción IV, segundo párrafo del artículo 107, de la Ley de Amparo. Lo anterior porque de lo expuesto, se pone en evidencia la circunstancia de que el acto reclamado que se impugna en la presente vía constitucional, no se adecua dentro del supuesto de procedencia previsto en la fracción IV, segundo párrafo del numeral 107, de la Ley de Amparo, antes transcrito, toda vez que la autorización para que se ejecute la sentencia considerándose que transcurrió incluso el término acordado para ello de manera voluntaria, de ninguna manera constituye la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución de convenio en el juicio natural; de ahí que en el caso no se configure la hipótesis de procedencia descrita. Por otra parte, es menester indicar que por regla general, cuando se trata de actos que son dictados o emitidos durante la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo es improcedente, precisamente porque la razón esencial que tuvo el legislador para establecer la regla establecida en la fracción IV, segundo párrafo del artículo 114, de la Ley de Amparo, obedece a que se trata de evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es de orden público, tal y como se desprende de la Jurisprudencia 36/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2014, Materia común, página 75, del tenor literal siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. De igual forma, la regla general que se analiza, de manera excepcional admite la procedencia del juicio de amparo biinstancial cuando el acto que se reclama tiene autonomía propia como pudiera ser aquella resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, puesto que tal decisión no conlleva en sí misma la ejecución de la sentencia; en todo caso, se trata de un acto previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, mas no la de ejecutar directa o indirectamente la sentencia dentro del expediente de origen. En otras palabras, el máximo Tribunal de Justicia del País, ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, como en la especie ocurre, excepcionalmente sí pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no tengan como finalidad impedir o retardar la ejecución de la sentencia que se haya emitido; y el acto que se reclame en la demanda de amparo se ubique en alguno de los casos de excepción, lo que no ocurre en la especie. En suma, cuando se trate de actos emitidos después de concluido el juicio, propiamente en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial es improcedente porque conforme a la regla establecida en el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, su procedencia solo acontece en contra de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o bien, se declara la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento. En esas condiciones, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo del juicio de origen, y no ubicarse en alguno de los casos de excepción que admite dicha regla, es inconcuso que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta de la fracción XXIII del artículo 61, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el numeral 107 fracción IV, primer y segundo párrafos, de ese mismo ordenamiento legal; razón por la cual se desecha la demanda de amparo promovida por ***, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal, respecto del reclamo consistente en el proveído dictado el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, por el Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, en los autos del Juicio Civil Sumario ***; a través del cual se autoriza la ejecución del convenio elevado a la categoría de cosa juzgada. Sobre el tema, es de invocarse, por lo que informa, la Jurisprudencia 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, Página 31, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otro lado, toda vez que el promovente del amparo señaló como domicilio para recibir notificaciones los Estrados del Tribunal al que correspondiera conocer de la demanda, y toda vez que aquellos no constituyen un domicilio propiamente dicho, ésta y las subsecuentes notificaciones realícensele por medio de lista, que se fije y publique en los Estrados de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, hasta en tanto formule señalamiento al respecto; y téngasele por autorizado de su parte únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a ***, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. Con las constancias que integran las copias certificadas del Juicio Civil Sumario *** del índice del Juez de Partido Primero Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato; fórmese un tomo de prueba y guárdese por separado para su mejor manejo. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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