Javier Sánchez Rivera
Expediente 368/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 368/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 16/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Sánchez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre en autos los acuses de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que ésta carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a dieciséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre en autos los acuses de recibo de las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que ésta carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues se negó la medida cautelar respecto del acto reclamado. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 368/2022, promovido por*** contra un acto del Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y otras autoridades, el cual consideró violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que aquél consiste en*** Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o inexistencia de los actos que se reclaman. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, 1. Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz; 3. Subdirector Operativo y 4. Delegado Administrativo, ambos en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz; todas con sede en Xalapa; 5. Delegado de Tránsito y Seguridad Vial, con sede en Orizaba, Veracruz; y 6. Delegado de Tránsito y Seguridad Vial, con sede en Nautla, Veracruz, negaron el acto que se les reclama. El quejoso aportó como pruebas las siguientes*** Las pruebas señaladas en los puntos uno y trece, consistente en la copias simples del oficio*** de la identificación, expedida por la Secretaría de Seguridad Pública; adminiculadas con la copia certificada de la primera constancia, remitida por la autoridad responsable, acreditan que el quejoso desempeña el cargo de Oficial Pie Tierra en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial en el Estado de Veracruz, y que fue el titular de ésta quien signó el oficio reclamado, no las responsables señaladas en el primer párrafo de este considerando. En cuanto a las restantes pruebas, son ineficaces para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables, pues se trata de copias simples que carecen de valor probatorio pleno, sólo cuentan con valor indiciario, y no existe en autos otro elemento que, relacionado con ellas, genere la convicción de la participación de las autoridades responsables en el acto reclamado; pero aun de otorgárseles el valor probatorio primeramente referido, no benefician los intereses del quejoso, pues sólo tienden a acreditar el estado de salud del impetrante y su madre. En las relatadas condiciones, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por ende, se impone sobreseer en el presente juicio respecto del reclamo formulado a las autoridades de que trata este considerando. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado del 2. Director General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, consistente en el oficio*** de tres de mayo de dos mil veintidós, mediante el cual instruyó al quejoso a presentarse a partir del seis de mayo siguiente, en las oficinas de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Nautla, Veracruz, para continuar desempeñándose como Oficial Pie Tierra; así se advierte de su informe justificado. Además, la certeza de dicho acto se corrobora con la copia certificada del mismo, remitida por la citada responsable en apoyo a su informe, la cual tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documento público expedido por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. QUINTO. Causa de sobreseimiento en el juicio. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Es fundado lo alegado por la autoridad responsable denominada, 2. Director General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, consistente en que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el no haber agotado el quejoso, previamente a acudir al amparo, el juicio contencioso administrativo. En efecto, el inconforme inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, al no agotar previamente a acudir a la vía constitucional, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, pues el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo dispone*** En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de amparo tratándose de actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Tal principio dispone que antes de promover el juicio de amparo se debe agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados, ya que de lo contrario, se actualizaría su improcedencia, toda vez que a aquél debe acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse en sede ordinaria. Asimismo, la disposición normativa de mérito prevé las excepciones a dicho principio, esto es, los casos en que el gobernado no estará obligado a agotar el juicio, recurso o medio de defensa legal respectivos, antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, se actualiza la referida causa de improcedencia, dado que el oficio reclamado por el quejoso es susceptible de ser revocado, modificado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo previsto en el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz. Así es, los artículos 1, párrafo primero; 2, fracción XIV; y 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, señalan*** De los preceptos transcritos se advierte, en principio, que la codificación de procedimientos administrativos aludida resulta aplicable en los casos de cambio de adscripción, al tratarse de un acto administrativo, pues de acuerdo con la referida ley número 843 es la relación que guardan las corporaciones policiales con el Estado. Asimismo, los indicados numerales disponen que las normas generales para la organización y el funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera Policial se establecerán de conformidad con la citada Ley, los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y por el Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Estado de Veracruz, y que su régimen laboral se regula de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la destacada Ley y reglamentos que de ésta deriven. Salvo que realicen únicamente funciones administrativas, no pertenecerán al Servicio Profesional de Carrera Policial, y serán consideradas personal administrativo de confianza, manteniendo una relación de naturaleza laboral con base en la fracción XIV del referido artículo y apartado de la Carta Magna. En el asunto que nos ocupa, de las constancias que conforman este juicio de amparo se advierte que el quejoso se desempeña como Agente de Tránsito u Oficial Pie Tierra, y que realiza actividades operativas; por tanto, se trata de un miembro de una institución policial, su situación es de naturaleza administrativa y se rige por el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 Constitucional. En ese entendido, el acto reclamado en este juicio de amparo, consistente en el oficio*** de tres de mayo de dos mil veintidós, signado por el Director General de Tránsito y Seguridad Vial en el Estado de Veracruz, en el que se instruye al impetrante a presentarse a partir del seis de mayo siguiente, en las oficinas de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Nautla, Veracruz, para continuar desempeñándose como Oficial Pie Tierra, se ubica en la hipótesis de procedencia del juicio de nulidad, prevista en el artículo 280, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, pues fue emitido por una autoridad administrativa, por lo que sus actos pueden afectar los derechos de la parte quejosa, al ordenarle cambiar de adscripción; y no existe constancia de que haya agotado el citado juicio contencioso, con el que podía obtener la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, esto es, no cumplió con el principio de definitividad que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cabe indicar que en la especie no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad, por lo que el quejoso no estaba exento de la carga de cumplir con dicho principio mediante la promoción del referido juicio ordinario. Por lo que respecta a la excepción contenida en el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que surge a la vida jurídica cuando el acto carece de fundamentación, no se actualiza, pues basta la lectura del oficio reclamado para advertir que la responsable que lo emitió invocó los preceptos que sustentaron su actuar. Tampoco se actualiza la excepción consistente en que sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, pues de la demanda de amparo se advierte que controvierte cuestiones de legalidad. Finalmente, como se vio, el juicio contencioso administrativo se encuentra previsto en una ley, por lo que no se surte la excepción a que hace alusión la parte final del párrafo segundo, de la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Para efecto de evidenciarlo, se estima pertinente partir del texto del referido artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que expresa*** La causa de improcedencia que prevé el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos de éste se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La razón legal de dicho precepto responde, evidentemente, a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que el quejoso haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Por tanto, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse al quejoso que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos*** Ahora bien, como se anticipó, este órgano de control constitucional considera que en el asunto que nos ocupa, se actualizan los supuestos para determinar que el acto reclamado que se analiza deriva de otro consentido. En efecto, el primer presupuesto consiste en a) la existencia de un acto anterior consentido, tácita o expresamente; en el caso, lo es el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, emitido por el Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, mediante el cual ordenó el cambio de adscripción del aquí quejoso, como elemento operativo, a la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Nautla, Veracruz. En el entendido de que no existe constancia alguna de que la parte quejosa hubiera impugnado dicha determinación a través de los medios legales previstos para ello; de ahí que, si omitió hacerlo, entonces consintió el contenido de tal actuación. Cabe destacar que mediante oficio recibido el ocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, la Delegada Jurídica de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado, remitió copia certificada del acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que el Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, ordenó el cambio de adscripción del impetrante; constancia que se puso a vista en auto de nueve de agosto siguiente, notificado el diez de esos mes y año; por lo que el término para ampliar la demanda respecto de dicho acuerdo transcurrió del doce de agosto al uno de septiembre de dos mil veintidós, sin que el quejoso la haya ampliado por dicho acto primigenio. El segundo requisito consistente en b) que exista un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél, también se actualiza, porque el oficio que reclama el quejoso, esto es, el número*** de tres de mayo de dos mil veintidós, es una consecuencia directa del acuerdo de dos de mayo anterior, pues lo que impera es precisamente el contenido de éste, ya que a través del oficio reclamado únicamente se hizo del conocimiento del quejoso la orden dada por el Secretario de Seguridad Pública en aquel acuerdo. El tercero de los requisitos, referente a c) que la situación jurídica del quejoso sea la misma frente al acto anterior, como al posterior; de igual manera se colma, pues en el oficio*** de tres de mayo de dos mil veintidós, subsiste en sus términos la obligación impuesta al aquí quejoso a presentarse ante la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial en Nautla, Veracruz, para continuar desempeñándose como oficial pie tierra; lo que evidencia que la parte quejosa se encuentra en la misma situación jurídica en la que estaba respecto del acuerdo de dos de mayo del año en curso (acto anterior). De ello se colige que el acto primigenio de la afectación real y directa que hoy reclama la parte quejosa, lo constituye el acuerdo de dos de mayo de dos mil veintidós, emitido por el Secretario de Seguridad Pública en el Estado; por tanto, el oficio reclamado de tres de mayo siguiente constituye un acto derivado de otro consentido, que en el caso resulta ser la determinación citada en primer término, pues, se reitera, ésta fue consentida por el impetrante al no haber sido impugnada oportunamente. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia invocadas; se impone sobreseer en el presente juicio, acorde con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto de admisión se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 77, fracción I y 79, de la Ley de Amparo aplicable se resuelve*** ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por*** contra el acto reclamado de las autoridades responsables, precisadas en los considerandos tercero y cuarto, por los motivos expuestos en el tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de la misma. Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL....se turna para dictar sentencia.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Javier Ernesto Gomez Cruz500/2021
- Javier Medina Ordinola978/2022
- Javier Montes López234/2022
- Javier Orlando Rojas Sanchez290/2021
- Javier Ramirez Andrade123/2021
- Javier Rubio Pérez375/2023
- Javier Solis Nieves785/2018
- Javier Tello Velasco831/2019
- Jazmín del Carmen Mata Sánchez809/2022
- Jazmín del Carmen Mata Sánchez753/2023
- Jazmín del Carmen Mata Sánchez937/2022
- Jazmin del Carmen Mata Sánchez938/2022