Javier Ernesto Gomez Cruz
Expediente 500/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Ernesto Gomez Cruz
- Irina Torres Pupo
- JAVIER ERNESTO GOMEZ CRUZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Córdoba, Veracruz, seis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2, de la Ley de la materia, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior el hecho de que las autoridades responsables no se encuentren notificadas o que no les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de la materia, toda vez que su sentido no les causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA LA SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 500/2021 promovido por .. contra actos del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; que consideraron violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 11, 17, 33 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de junio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba ., acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, señalando como actos reclamados los siguientes: - La orden de deportación. - La orden de detención y su ejecución. SEGUNDO. Otorgamiento de la suspensión de plano y admisión a trámite de la demanda de amparo. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en esta ciudad, al que por cuestión de turno correspondió conocer del asunto, mediante auto de diez de junio de dos mil veintiuno, concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados para los efectos que ahí se indican; y admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Inexistencia de autoridad. El veintiséis de julio, dieciocho de octubre y diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por inexistentes a las autoridades señaladas como 2. Titular del Instituto Nacional de Migración, Delegación Federal del Estado de Chiapas (Subdelegación Federal Zona Sur), con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; 11. Titular del Instituto Nacional de Migración (Titular de Oficina de Representación del Instituto Nacional en el Estado de México), con residencia en Toluca, Estado de México; 18. Migración, con residencia en el municipio de Acayucan, Veracruz y 19. Titular de los Retenes y Volantas del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Huimanguillo, Tabasco. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en razón de que los actos reclamados, de ser ciertos, tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que los quejosos reclaman de las autoridades responsables lo siguiente: - La orden de deportación. - La orden de detención y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Jefe del Departamento de Juicios de Amparo "A", en suplencia por ausencia y como inferior jerárquico del 1. Sub Comisionado Jurídico representante del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México; Jefe de Departamento de Asuntos jurídicos y Atención al Migrante, adscrito a la Oficina de Representación del 3. Instituto Nacional de Migración de Chiapas, en ausencia del titular de dicha oficina; 4. Encargada de la Jefatura del departamento de asuntos jurídicos "B" en la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración; 5. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Veracruz, con sede Veracruz Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la 6. Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Puebla; 7. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Nuevo Laredo Tamaulipas; 8. Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Saltillo, Coahuila; 9. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua; Titular de la Oficina de Representación del 10. Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México; 12. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración con sede en Hidalgo; Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del 13. Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esa ciudad; Encargado de la 14. Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, con sede en esa ciudad; 15. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León; 16. Titular de la Oficina de Representación en Guanajuato del Instituto Nacional de Migración, con residencia en León Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del 17. Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, con ese en esa ciudad; al rendir sus informes justificados, negaron la existencia de los actos reclamados. Los quejosos no aportaron prueba idónea tendente a desvirtuar tal negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 181, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". También es aplicable la jurisprudencia número I.2o. J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 77, tomo 80, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados". No pasa inadvertido que el 3. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Atención al Migrante, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Chiapas, haya indicado que los quejosos . estuvieron alojados en la Estación Migratoria "El Cupape", con motivo del operativo "Operación Orden Migratoria"; empero, de las constancias que remitió se advierte que la orden de retención se emitió con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el once de junio de dos mil veintiuno, y luego el dieciocho del citado mes y año, se les otorgó el oficio de salida respectivo; y la existencia del acto reclamado debe estimarse, en general, en relación con la fecha en que se promueva la demanda de amparo respectiva, pues de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse previamente de actos posteriores y distintos de los que dieron origen a la solicitud de la protección constitucional. De ahí que resulte inexistente el acto atribuido a la autoridad en mención. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª/J.36/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, tomo VII, junio de 1998, materias común y penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que, en el auto admisorio se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por .., contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando tercero de este fallo y por los motivos ahí expuestos. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas, con ese en esa ciudad, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se observa que el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del 17. Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, con sede en esa ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos por el que se le solicita se pronuncie respecto del nombre correcto de la quejosa, Irina Torres Pupo y/o González; ello, a pesar de estar debidamente notificado del oficio por el que se le requirió, lo que se corrobora con el acuse de recibo que obra glosado en autos. En consecuencia, se requiere a la citada autoridad para que de manera inmediata de cumplimiento a lo solicitado por esta autoridad y aclare el contenido de su informe justificado respecto del nombre correcto de la quejosa Irina Torres Pupo y/o González. Apercibido, que de no cumplir con lo solicitado se le impondrá una multa de mil Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260, fracción II, de la citada Ley, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, la que se fija objetivamente, atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias; la cual se llevará a cabo por videoconferencia. Por tanto, se requiere a las partes para que, hasta cinco días antes de la fecha para la audiencia constitucional, por una parte, proporcionen un correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, y por otra, remitan copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma. En el entendido que, de no cumplir con lo anterior, la audiencia se celebrará sin su comparecencia.
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