Javier Orlando Rojas Sanchez
Expediente 290/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 290/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Orlando Rojas Sanchez
- Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión SE CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las diez horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 290/2021 promovido por ., Acto continuo, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: Escrito de demanda de amparo formulado por .; e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo como inexistente a la autoridad señalada como 6. Primer Delegado Regional de la Policía Ministerial de la Zona Centro-Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el período probatorio, la Secretaria hace constar que no hay pruebas aportadas por las partes que relacionar. A lo que la Jueza acuerda: Toda vez que no hay pruebas que relacionar, se tiene por concluido dicho periodo. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció alegatos en el juicio de amparo en que se actúa, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado realizó pedimento alguno, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. A lo anterior la Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, ni pedimento planteado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se da por concluido este periodo procesal. Con lo anterior concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; se levanta esta acta para constancia y se procede a dictar sentencia; y, Vistos, para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo 290/2021, promovido por . contra actos reclamados de la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el seis de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, y turnada a la oficialía de partes de este Juzgado el siete de abril siguiente, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, teniéndose como actos reclamados los siguientes: - La orden de aprehensión y/o detención y su ejecución. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. El siete de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda de amparo, solicitó informes con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Autoridades inexistentes. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, se tuvo como inexistente a la autoridad señalada como 6. Primer Delegado Regional de la Policía Ministerial de la Zona Centro-Córdoba, con sede en Córdoba, Veracruz. CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ya que, de ser cierto, el acto reclamado tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Fiscales 1. Primera; 2. Segunda, 4. Fiscal Cuarta, por sí y como encargada de la 3. Fiscalía Tercera y 5. Fiscalía Quinta, Especializadas en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad; y el 7. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro-Córdoba, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la orden de aprehensión y/o detención y su ejecución. La parte quejosa no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de siete de abril de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que se requería de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial, esto es, la publicación de sus datos personales, con la prevención de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido ., contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo. Publíquese la presente resolución en los términos que se indican en el último considerando de esta sentencia.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL. En Córdoba, Veracruz, a las nueve horas con quince minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 290/2021, promovido por ., . Abierto el período probatorio, se hace constar que las partes no ofrecieron pruebas en el presente incidente de suspensión. A lo que la Jueza acuerda: Toda vez que no hay pruebas que relacionar, se tiene por concluido dicho período. Abierto el período de alegatos: Se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que la Jueza acuerda: Dado que las partes no hicieron valer ese derecho, se les tiene por precluido. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia y se pasa al análisis del expediente con el fin de dictar interlocutoria; y, Vistos, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 290/2021, promovido por Javier . contra actos reclamados de la 1. Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra La Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XIV Distrito Judicial en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El quejoso, . reclama de las autoridades responsables lo siguiente: - Las órdenes de aprehensión, detención; y su ejecución. SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno se tuvo como inexistente a la autoridad denominada 6. Primer Delegado Regional de la Policía Ministerial de la Zona Centro-Córdoba, por lo que resulta innecesario pronunciarse respecto de los actos que de ella se reclamaron. TERCERO. Las autoridades responsables, Fiscales 1. Primera y 2. Segunda, Especializadas en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes previos, negaron la existencia de todos los actos que se les reclaman. La parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, razón por la cual debe negarse la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables a que se contrae este apartado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Tesis de Jurisprudencia número VI.2º.J-19, visible en la página 133, del Tomo II, Julio-1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyo rubro y texto, es el siguiente: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consiguientemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. La 4. Fiscal Cuarta, por sí y como encargada de la 3. Fiscalía Tercera y 5. Fiscalía Quinta, Especializadas en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión y detención, respecto de .; sin embargo, el nombre correcto del quejoso es . en relación con quien omitió pronunciarse; por tanto, se presume cierto el acto precisado. Por otro lado, la autoridad ejecutora 7. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro-Córdoba, al rendir su informe previo, negó la existencia de los actos reclamados; empero, dicha negativa queda desvirtuada al haberse presumido ciertos los actos atribuidos a las Fiscales Tercera, Cuarta y Quinta Especializadas en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niños, Niñas y Trata de Personas de la Unidad de Procuración de Justicia Número Uno, de esta ciudad, y estar facultada para llevar a cabo su ejecución. QUINTO. Con fundamento en los numerales 163 y 166 de la Ley de Amparo, respecto de los actos atribuidos a las autoridades de que trata el considerando inmediato anterior, la suspensión se otorga condicionando sus efectos en los siguientes términos: Si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no se han efectuado los actos reclamados, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, y no se prive de la libertad a ., hasta que las autoridades responsables reciban notificación sobre la resolución en la que se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio principal, sin perjuicio de la práctica de diligencias en averiguación de delitos, lo que es de orden público, y por tanto insuspendible. En caso de que los actos reclamados se hayan llevado a cabo, se concede la suspensión para el efecto de que la autoridad deje en libertad al peticionario de amparo, si no se justifican los supuestos de flagrancia, y en caso de existir, deberá dejarlo a disposición del Juez que corresponda en los plazos constitucionales de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, tratándose de delincuencia organizada, a partir de que fuere privada de su libertad según sea el caso; lo anterior, en términos del primer párrafo del artículo 165 de la Ley de Amparo. Si los actos reclamados fueron efectuados por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en contra del quejoso, como probable responsable de algún delito, la suspensión se concede para el efecto de que sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación, de conformidad con el artículo 164, párrafo primero, de la Ley de Amparo. En cambio, si dicho ilícito es de aquellos que implican prisión preventiva oficiosa o exista algún impedimento para que obtenga alguna medida cautelar (oposición ministerial, etcétera), con apoyo en el citado numeral 163 de la Ley de Amparo, la suspensión definitiva se concede para el efecto de que una vez que el quejoso sea detenido quede, por cuanto a su libertad personal, a disposición de este Juzgado, en el lugar destinado para su reclusión, y al de las autoridades responsables que conozcan del procedimiento penal, por cuanto a la continuación de éste; hasta en tanto cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio principal del cual deriva la presente incidencia. En el entendido de que la medida cautelar concedida no surtirá efectos si el peticionario del amparo es sorprendido en flagrante delito o se actualiza el supuesto previsto en el párrafo quinto, del artículo 16 constitucional; si la orden es librada por autoridad distinta a las señaladas como autoridades responsables o si es girada con posterioridad a la promoción de esta demanda. La suspensión que se otorga surte sus efectos desde luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si el quejoso no otorga garantía en el término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, a satisfacción de este Juzgado de Distrito, por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional); cantidad que se fija tomando en consideración la naturaleza de la violación, el peligro en la demora y la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el particular con la ejecución de los actos reclamados. Dicha garantía deberá ser exhibida en cualquiera de las formas establecidas en la ley. Si el promovente exhibe billete de depósito deberá procurar que el mismo sea expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en el entendido de que al llenar el rubro denominado concepto deberá especificar que se exhibe "para que surta sus efectos la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 290/2021", o en cualquiera de las demás formas establecidas por la ley, A NOMBRE DEL DIRECTO QUEJOSO COMO DEPOSITANTE, ante y a satisfacción de este juzgado. En caso de ser póliza de fianza, deberá de ser a disposición de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado. Asimismo, de conformidad con los artículos 174, 175 y 291 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, la compañía respectiva deberá comprometerse, para el caso que sea necesario hacerla efectiva, al trámite previsto en el artículo 278 de ese ordenamiento. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA. Se previene a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 166, fracción II, del ordenamiento legal en cita, se presente ante la autoridad responsable ordenadora por la cual se concedió la suspensión definitiva, dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído para la continuación del procedimiento de donde derivan los actos reclamados, debiendo acreditar con la constancia respectiva en la que se advierta el sello de la autoridad responsable el cumplimiento de esta prevención ante este Juzgado de Distrito dentro del mismo plazo al que se hizo alusión con anterioridad, esto es, tres días hábiles. De no hacerlo, la suspensión concedida dejará de surtir sus efectos, se mandará hacer efectiva la garantía, que en su caso se otorgue, en favor del Erario Federal y se dejará a las autoridades responsables en completa aptitud de ejecutar los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J.149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 371, tomo XXVII, correspondiente al mes de enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DE LA QUEJOSA DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación de la quejosa de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se requiere a la autoridad responsable para que informe el incumplimiento de la parte quejosa de comparecer a la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y además con apoyo en los artículos 128, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se NIEGA a ., la suspensión definitiva que solicitó en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando tercero y por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se CONCEDE a ., la suspensión definitiva que solicitó en contra de los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables precisadas en el considerando cuarto de esta resolución y por los motivos expuestos en quinto.
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