Javier Sánchez García
Expediente 746/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 746/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/12/2018
Partes del expediente
- Javier Sánchez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El treinta de mayo de dos mil diecisiete (fojas 179-199), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Javier Sánchez García, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; y al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, respectivamente, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte accionante de garantías lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo la cantidad que resulte por descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del veintiocho de febrero de dos mil nueve al quince de marzo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los ordinales impugnados, consistente en el descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del veintiocho de febrero de dos mil nueve al quince de marzo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones), que están acreditados en autos con las copias certificadas correspondientes, ya que resultan ilegales al ser consecuencia de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales. Inconforme con lo anterior la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes determinaron confirmar la sentencia recurrida (fojas 179-199) En ese contexto, la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables referidas, esencialmente, realizaran lo siguiente: 1. Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito; hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. 2. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan al quejoso las cantidades que le fueron descontadas con motivo de la aplicación de la deducción denominada "concepto 53", desde la fecha en que se le otorgó su dictamen de pensión. Así, el uno de octubre del año en curso se requirió a la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días acatara lo anterior. En cumplimiento a ello, mediante diverso proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 272) se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informando que por oficio FP/1116/2018 de tres de octubre pasado, notificó al quejoso, entre otras cosas, que se abstendría de aplicarle en su perjuicio, tanto en lo presente como en lo futuro, el contenido de los artículos tildados de inconstitucionales en la sentencia definitiva emitida en autos, hasta que éstos fueran modificados . Luego, a fin de acatar con lo ordenado en la ejecutoria de mérito, el veintidós y veintitrés de octubre de la presente anualidad (foja 277 y 280), se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado, los oficios registrados con los números de folio 28090 y 28286 signados por el Director General Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como por el Director General del Fondo de Pensiones para los trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, a través de los cuales comunicaron que el dieciséis de octubre anterior, se realizó una transferencia bancaria a favor del quejoso, valiosa por la cantidad de $121,364.00 (ciento veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 69/100 moneda nacional), cantidad que correspondía a la devolución de las deducciones realizadas con motivo de la aplicación del "concepto 53" y, para corroborar su dicho, remitieron copia de la constancias del movimiento bancario referido (fojas 278 y 281), la cual se aprecia que es la misma que arrojo la operación aritmética que allego la primera de las autoridades responsables (foja 275) Lo anterior es así, dado que al quejoso le fue aplicada la deducción de mérito a partir de la segunda quincena de febrero de dos mil nueve (fecha en que le fue emitido su dictamen de pensión correspondiente), hasta la segunda quincena de abril de dos mil diecisiete (fecha en que le fue concedida la suspensión definitiva de los actos que reclamó). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las aludidas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa los normativos tildados de inconstitucionales, manifestando que se abstendrían de aplicárselos hasta en tanto éstos fueran reformados y, por otra, devolvieron al solicitante del amparo la cantidad 121,364.00 (ciento veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 69/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del concepto materia del presente juicio. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Por último, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El treinta de mayo de dos mil diecisiete (fojas 179-199), se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por Javier Sánchez García, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Nayarit, así como al Director General y Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado; y al Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, respectivamente, todos con residencia en esta ciudad; para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte accionante de garantías lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito, hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; y 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, le devuelva a la peticionaria de amparo la cantidad que resulte por descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del veintiocho de febrero de dos mil nueve al quince de marzo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones); además, el importe de posteriores descuentos que le hubiese efectuado con base en los preceptos legales declarados inconstitucionales e inconvencionales. Lo que deberá realizar a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que de llevarse a cabo de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia, documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad a este órgano judicial, para acreditar el cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los ordinales impugnados, consistente en el descuento efectuado en los recibos de nómina a partir del veintiocho de febrero de dos mil nueve al quince de marzo de dos mil diecisiete, por concepto 53 (fondo de pensiones), que están acreditados en autos con las copias certificadas correspondientes, ya que resultan ilegales al ser consecuencia de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales e inconvencionales. Inconforme con lo anterior la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes determinaron confirmar la sentencia recurrida (fojas 179-199) En ese contexto, la concesión de amparo fue para que las autoridades responsables referidas, esencialmente, realizaran lo siguiente: 1. Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los preceptos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales artículos, hasta que no se modifique la normativa de mérito; hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones. 2. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelvan al quejoso las cantidades que le fueron descontadas con motivo de la aplicación de la deducción denominada "concepto 53", desde la fecha en que se le otorgó su dictamen de pensión. Así, el uno de octubre del año en curso se requirió a la autoridad responsable Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días acatara lo anterior. En cumplimiento a ello, mediante diverso proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 272) se tuvo al Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informando que por oficio FP/1116/2018 de tres de octubre pasado, notificó al quejoso, entre otras cosas, que se abstendría de aplicarle en su perjuicio, tanto en lo presente como en lo futuro, el contenido de los artículos tildados de inconstitucionales en la sentencia definitiva emitida en autos, hasta que éstos fueran modificados . Luego, a fin de acatar con lo ordenado en la ejecutoria de mérito, el veintidós y veintitrés de octubre de la presente anualidad (foja 277 y 280), se recibieron en la oficialía de partes de este juzgado, los oficios registrados con los números de folio 28090 y 28286 signados por el Director General Jurídico Contencioso dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, así como por el Director General del Fondo de Pensiones para los trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, ambos con residencia en esta ciudad, a través de los cuales comunicaron que el dieciséis de octubre anterior, se realizó una transferencia bancaria a favor del quejoso, valiosa por la cantidad de $121,364.00 (ciento veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 69/100 moneda nacional), cantidad que correspondía a la devolución de las deducciones realizadas con motivo de la aplicación del "concepto 53" y, para corroborar su dicho, remitieron copia de la constancias del movimiento bancario referido (fojas 278 y 281), la cual se aprecia que es la misma que arrojo la operación aritmética que allego la primera de las autoridades responsables (foja 275) Lo anterior es así, dado que al quejoso le fue aplicada la deducción de mérito a partir de la segunda quincena de febrero de dos mil nueve (fecha en que le fue emitido su dictamen de pensión correspondiente), hasta la segunda quincena de abril de dos mil diecisiete (fecha en que le fue concedida la suspensión definitiva de los actos que reclamó). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las aludidas autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa los normativos tildados de inconstitucionales, manifestando que se abstendrían de aplicárselos hasta en tanto éstos fueran reformados y, por otra, devolvieron al solicitante del amparo la cantidad 121,364.00 (ciento veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 69/100 moneda nacional), por concepto de la devolución del concepto materia del presente juicio. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Por último, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de concesoria de amparo en autos, en razón de que realizó una transferencia bancaria al quejoso, a efecto de devolverle la cantidad que se le descontó con motivo de la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, lo anterior, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno, toda vez que mediante oficio DJC/5820/2018, presentado ante la oficialía de partes de este juzgado federal el veintidós de octubre del año en curso, la Secretaría de Finanzas del Estado de Nayarit, a través de su representante, informó sobre la citada transferencia bancaria realizada al quejoso; y, por auto dictado el día siguiente se dio vista a éste. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta presentado por el ** en representación de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos que se adjuntan, a través del cual informa que en cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo, realizó unas transferencia bancaria a favor del quejoso por la cantidad de $121,364.00 (ciento veintiún mil trescientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional) y, para corroborar su dicho, acompaña copia simple de la transferencia interbancaria, expedida por la institución bancaria Santander; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte gestionante del amparo, con el oficio de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. **
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