Javier Montes Zepeda
Expediente 1766/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1766/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- Javier Montes Zepeda
Actuaciones
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- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio recibido en este órgano jurisdiccional el nueve de diciembre de este año (foja 172 a 179), el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa *****. En relación con lo anterior, por auto de diez de diciembre del actual año (foja 180), se dio vista a la parte quejosa y terceras interesadas, con el referido comunicado, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a las terceras interesadas y agraviado el dieciséis de diciembre actual (foja 183, 186 y 189); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para las mismas del dieciocho al veinte del mes y anualidad en comento, sin que hubieren desahogado esa vista. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 134 a 145), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: " Deje insubsistente la resolución de siete de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio Ejecutivo Mercantil 1226/2010, que declaró improcedente el recurso de revocación; y, confirmó el auto de veintisiete de abril del mismo año; y, Siguiendo los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, dicte otra en la que declare fundados los agravios expuestos por el quejoso en el recurso de revocación de trato, y resuelva lo que en derecho proceda. ." Resolución que causó ejecutoria el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 168 y 169). De lo anterior, se colige que los actos que debía realizar la autoridad responsable, para cumplir con dicho fallo protector, eran los siguientes: Dejar insubsistente la resolución de siete de junio de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 1226/2010; y. Emitir una nueva resolución, en la que declarara fundados los agravios expuestos por el quejoso en el recurso de revocación de trato, y resolviera lo que en derecho correspondiera. Luego, a través del oficio presentado en la Oficina de Correspondencia de este juzgado, el nueve de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 172 a 179), el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada de la resolución emitida el seis de los cursantes, a través de la cual, por una parte, dejó insubsistente la resolución emitida el siete de junio de dos mil dieciocho y, por otra, en cumplimiento al fallo protector emitido en autos, declaró fundado el recurso de revocación promovido por Javier Montes Zepeda, en su carácter de parte actora en el juicio natural, respecto del auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y lo modificó. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el Libro de Gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa haber dado cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa haber dado cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados, con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCEROS INTERESADOS.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia terminada de engrosar el veintidós de octubre de dos mil diecinueve (fojas 134 a 145), dentro del plazo que prevé el ordinal 86 de la legislación de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal citado en primer término, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 192 de la Ley en comento, requiérase a la autoridad responsable denominada Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido. Sin que en el presente asunto se actualice la hipótesis contenida en el numeral 192, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en el sentido de requerir al superior jerárquico para que ordene a la responsable, a dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo, en virtud de tratarse de órgano con actividad jurisdiccional. Es aplicable al caso la Jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, Materia Común, visible a página mil trescientos setenta y ocho, Libro Nueve, Agosto de dos mil catorce, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que versa: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en los ordinales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con domicilio en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejaran el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 193 de la citada Ley. Por último, devuélvanse las constancias remitidas por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo mercantil, con sede en esta ciudad, en apoyo a su informe con justificación, constante de dos tomos, toda vez que resulta innecesaria su retención. NOTIFÍQUESE.
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