Javier Ortega Dueñas

Expediente 1343/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1343/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Javier Ortega Dueñas
  • Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    . Tepic, Nayarit, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Admisión recurso de inconformidad. Téngase por recibido el comunicado procedente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el auto de cuatro del presente mes y año, del que se advierte que se admitió el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, contra la determinación de uno de agosto de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo 1530/2022, del índice de este Juzgado de Distrito; recurso que se registró con el número 62/2023. Agréguense para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Ecsar Edgardo Alarcón Dimas, que autoriza y da fe. William

  2. Principal

    . Tepic, Nayarit, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos, del cual se advierte que la autoridad responsable Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado fue omisa en remitir el proceso legislativo de la Ley Laboral Burócrata del Estado de Nayarit y aunado a lo anterior, es un hecho notorio que al realizar la búsqueda de dicho proceso legislativo en la página oficial del https://procesolegislativo.congresonayarit.gob.mx/leyes-y-decretos/, el mismo no se encuentra, como a continuación se muestra: Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento de constancias. Derivado de lo anterior, de conformidad con el dispositivo 75 de la Ley de Amparo y diverso 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por así disponerlo su numeral 2°, requiérase a la autoridad responsable denominada Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente se sirva remitir las constancias relativas al proceso legislativo de la Ley Laboral Burócrata del Estado de Nayarit, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. En caso de incumplimiento o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización vigente en esta fecha, con fundamento el ordinal 237, fracción I, en relación con los numerales 238 y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página cuatrocientos cincuenta y cuatro, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos diecisiete a dos mil, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SI HAY EVIDENCIA SOBRE SU EXISTENCIA DEBE INDAGARSE Y, EN SU CASO, RECABARSE OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ACREDITARLA. De conformidad con el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia, por lo general, deben ser examinadas de oficio. Por ende, si de autos se advierte alguna evidencia sobre su existencia como la indagación y, en su caso, recabación de pruebas necesarias para acreditar dichas causales también debe hacerse de oficio y en cualquiera de las instancias en que se encuentre el procedimiento en el juicio de garantías. Desatender tal obligación transgrede las reglas fundamentales que rigen dicho procedimiento y hace necesaria su reposición en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia." Asimismo, en la Tesis I.13º. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de trece de abril de dos mil uno, que a la letra señala: "LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." Diferimiento y audiencia constitucional. Se difiere la audiencia constitucional de referencia y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la finalidad de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis de Jurisprudencia número 54/2000 aprobada por el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98 en sesión del veintiocho de marzo del año dos mil, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de ese Alto Tribunal, y que literalmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, (".el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretaria Valeria Aimme Lara Horta, que autoriza y da fe. VALH/Luis.

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta presentado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del titular de la citada secretaría, con sede en esta ciudad, y anexos; a través del cual en cumplimiento al auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, remite las copias certificadas que le fueron solicitadas relacionadas con el acto reclamado. Por tanto, agréguense el oficio y anexos de cuenta a efecto de que se tomen en consideración en términos del dispositivo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, y dese vista a las partes a fin de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Diferimiento y audiencia constitucional. En razón de la vista otorgada en párrafos que anteceden, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido de las documentales de referencia, y estén en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    . Tepic, Nayarit, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha NO SE HA ACATADO LA EJECUTORIA DE AMPARO, no obstante, a que el procedimiento de amparo no puede quedar al arbitrio de las partes, ya que no se cumpliría lo establecido en el artículo 17 constitucional, es decir, procurar una justicia pronta y expedita. Requerimiento. De conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, acredite haber dado cumplimiento a los efectos de la sentencia concesoria, esto es: Lleve a cabo actos necesarios aun de forma oficiosa para lograr que se satisfagan al trabajador aquí quejoso, todas las prestaciones que obtuvo a su favor en el laudo pronunciado el veintinueve de agosto de dos mil diecisiete en el juicio laboral 467/2014 de su índice, tal como se establece en la ejecutoria dictada en el incidente de inejecución de sentencia 44/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad. Apercibimiento. Para el caso de no dar cumplimiento sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización de conformidad con el dispositivo 259, en relación con el 237, fracción I de la Ley de Amparo. Incidente de inejecución. En términos del numeral 193, quinto párrafo, de la Ley de Amparo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado correspondiente para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, en la inteligencia de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo seguirá teniendo responsabilidad que puede derivar en la separación del cargo y la consignación del titular y en su caso a su superior jerárquico. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante el secretario Josué Jesús Gaona Ortiz, que autoriza y da fe. Julia Esther

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