Javier Melendez Arellano

Expediente 147/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
147/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/03/2022

Partes del expediente

  • Javier Melendez Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. 24. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: 25. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por .............., contra los actos y autoridades señaladas en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de presente fallo. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, once de marzo de dos mil veintidós. I. Escrito ampliación. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso .............., por el cual pretende ampliar su escrito inicial de demanda; en tal virtud, se provee: II. Se desecha ampliación de demanda. Una vez analizado en su integridad la demanda de amparo y el de cuenta por el cual se pretende la ampliación del primero, debe considerarse que no se está en ninguna de las hipótesis previstas en el numeral 111 de la Ley de Amparo, y por ello procede desechar lo peticionado. En efecto, el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." De la transcripción que precede, se tiene que la ampliación de demanda procede siempre que concurran los requisitos que se sintetizan de la siguiente forma: Que el ocurso por el que se intenta, se presente dentro del plazo previsto para la presentación de la demanda, en el caso, quince días. Que el quejoso tenga conocimiento de los actos de autoridad, dentro del plazo aludido y, que guarden estrecha relación con los actos inicialmente combatidos. Que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Una vez esbozado lo anterior y después del estudio integral de la demanda de amparo en relación con el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo respecto del acto, autoridad y antecedentes que constituyen el acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los supuestos en los que procede la ampliación de demanda, esto es, la ampliación de demanda puede recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establece la Ley de Amparo, y cuando no se haya celebrado la audiencia constitucional. En el caso, como se desprende, la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo, como ya se dijo, por acto, autoridad y antecedentes. Ahora, del escrito de ampliación de demanda se advierte que combate lo siguiente: "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: De la autoridad Ordenadora: DEL JUEZ OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA, LA CUAL CARECE DE REQUISITOS ESENCIALES Y FORMALES DE PROCEDENCIA DE LA MISMA." De lo antes transcrito, se obtiene que la parte quejosa se duele del auto admisorio que dictó el juez en el controvertido natural, de lo cual tuvo conocimiento a través del informe justificado rendido en el presente asunto el veintidós de febrero actual, notificándose a la parte quejosa por lista el veintitrés siguiente. Ahora, del párrafo anterior, se obtiene que la ampliación que pretende la parte quejosa, si bien se localiza en tiempo, lo cierto es que, igual que al promoverse una demanda de amparo, el juez de distrito debe determinar si el acto reclamado ya sea inicial o en ampliación es procedente conforme a lo establecido en la Ley de Amparo, en ese sentido, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, preceptos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 107: El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Al respecto, es necesario abundar que los actos dentro de juicio han sido interpretados como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la tesis I.13o.A.3 K, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , tomo XIII, marzo de 2011, Novena Época, página 1742, del rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos humanos y fundamentales; así como los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Esto es, los derechos sustantivos protegidos por la Constitución que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara en favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales y humanos. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla de la fracción III inciso a) del artículo 107 Constitucional. En apoyo, por identidad de razones jurídicas, se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es por ello que, resulta improcedente la ampliación de demanda que plantea el quejoso, ya que lo que pretende es ampliar el acto de autoridad por la emisión del proveído de admisión de demanda presentada por su contraria, radicada con el número ........ del índice del Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Al respecto de advierte, de las constancias que acompañó la autoridad responsable al rendir su informe justificado relativas al juicio sumario civil sobre terminación de contrato radicado con el número de expediente........, de las que se advierte que el veintiséis de enero del año en curso, dictó auto de radicación de dicho juicio, ordenando realizar el emplazamiento de las partes demandas. Documentales que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 202, 203 y 205, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser un documento expedido por funcionario en ejercicio de sus facultades. En ese sentido, se hace patente que el acto admisorio de veintiséis de enero del año actual, dictado en el juicio sumario civil sobre terminación de contrato ........del índice del Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, no es considerado como de imposible reparación, pues la circunstancia de la que se duele la parte quejosa, de ningún modo afecta sus derechos fundamentales, dado que no necesariamente trascenderá al resultado de la sentencia definitiva que se dicte al resolver el juicio génesis de donde derivan los actos reclamados, ya que ejerciendo su derecho de defensa, con los diversos medios que tenga a su alcance y conforme a derecho, pudiera obtener un fallo favorable a sus intereses. Además de ello, de referir que la demanda del juicio natural es improcedente, dicha circunstancia de traduce en una violación procesal, que de no obtener sentencia favorable a sus intereses, sería reparable y estudiada en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, por ser una violación procesal en el procedimiento. De ahí que por el momento no se hace patente que el acto reclamado genere una situación de irreparabilidad en agravio de la parte quejosa, pues tal cuestión, en todo caso, se verá reflejada al momento del dictado de la resolución respectiva. Aplica a lo dicho, la tesis de jurisprudencia número 3a. /J. 40 26/89, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto". Igualmente aplicable por identidad de razones jurídicas la tesis jurisprudencial I.7o.C. J/3, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 68, agosto de 1993, visible en la página 49 cuyo rubro es: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS". En esa tesitura, es dable concluir que los actos por los que pretende ampliar su demanda no son considerados como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues como se indicó la admisión de la demanda y ordenar el emplazamiento no produce de manera inmediata e irreparable una afectación a algún derecho fundamental en perjuicio de la parte quejosa, sino que por el contrario el objeto del llamamiento a juicio atiende a que las partes involucradas en una controversia judicial, puedan comparecer a juicio a hacer valer su defensa conforme a sus intereses y no dejarlas en estado de indefensión, lo que no quiere decir que con el solo emplazamiento se transgredan derechos fundamentales e inclusive que la determinación que resuelva el procedimiento sea contrario a sus intereses, puesto que por el momento no se tiene la certeza de que dicha determinación incida en la forma de cómo habrá de resolverse el juicio de origen y, como consecuencia, pudiere obtener una resolución favorable, ya que de no ser así, podrá impugnarla en amparo directo. Tiene sustento a lo anterior por identidad de razones, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Robustece a lo dicho, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, identificada bajo el número 82, consultable en la página 107, Sexta Parte, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917 - 1985, bajo la voz: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO BIINSTANCIAL. Cuando se señalan como actos reclamados violaciones al procedimiento cometidas durante la secuela del mismo que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, previstas en los artículos 159 y 160 de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio de garantías promovido en la vía indirecta, ya que al disponer el artículo 161 de la propia ley reglamentaria del juicio constitucional, que dichas violaciones sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al interponerse la demanda contra la sentencia definitiva, se está en la hipótesis de la fracción XVIII del artículo 73 de la citada codificación, motivo por el que debe decretarse el sobreseimiento, atento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia." Corolario de lo expuesto, se actualiza manifiesta e indudablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que da lugar a DESECHAR la ampliación de demanda de que se trata, en términos del artículo 111 de dicho ordenamiento. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintidós de febrero de dos mil veintidós. I. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la siguiente autoridad responsable: Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de la responsable. II. Pruebas. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la citada autoridad las documentales que allega conjuntamente con su oficio, sin perjuicio de hacer relación de ella al momento de la audiencia que se celebre en el presente juicio. III. Formar tomos de pruebas. Con las copias certificadas que remite la autoridad responsable, fórmese por separado el cuaderno de pruebas correspondiente e identifíquese como tomo I. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, el oficio antes relacionado será debidamente digitalizado para su consulta a través del expediente electrónico; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad, estas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, para su consulta. IV. Vista. Con el contenido del informe y constancias de que se trata dese vista a las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. V. Datos de localización. En atención al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional, proporciona los datos para comunicación solicitados, de los que se toma nota para los efectos conducentes. Notifíquese.

  4. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. I. Se informa vías de cumplimiento Agréguese a los autos el oficio signado por .........., delegada autorizada de la Secretaría de Finanzas Públicas Municipales de San Juan del Río, Querétaro; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad informando las vías de cumplimiento al fallo protector, para corroborar lo anterior remite las constancias respectivas. II. Solicita prórroga. Asimismo, dicha autoridad solicita una prórroga a efecto de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace de su conocimiento que se le otorga el plazo de diez días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que cumpla con la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. III. Apercibimiento Se apercibe a la citada que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán efectivas las medidas de apremio decretadas en autos. Notifíquese.

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