Javier López Rodríguez

Expediente 158/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
158/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
04/04/2017

Partes del expediente

  • Javier López Rodríguez
  • Ana María Rodríguez Morales
  • Comisión Nacional Bancaria Y de Valores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil, del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la resolución dictada en la queja administrativo 45/2017; acúsese recibo, y por cuanto de la ejecutoria de que se trata, se advierte que el Tribunal revisor en su único punto resolutivo determino que es infundada la queja interpuesta por la parte quejosa ****, en contra del auto de quince de febrero de dos mil diecisiete, dictado por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos....IV

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa de recibo del oficio 4117/2017, con el que le fue remitido el escrito de agravios, relativo a la queja interpuesta por los quejosos *****, en contra del auto de quince de febrero de dos mil dieciséis, en el que se desechó su demanda de amparo, mismo que admitió y registro con el número 45/2017, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.....IV

  3. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por los quejosos ****, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto dictado el quince de febrero de dos mil diecisiete, en el presente juicio, por el cual se desechó de plano la demanda de garantías, en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto el acto reclamado, pero no las violaciones que aduce; remitiéndole para tal efecto el original del escrito de queja, copia del mismo y copia certificada de las actuaciones del presente sumario, para la substanciación del recurso interpuesto....IV

  4. Principal

    Querétaro, Querétaro, a quince de febrero de dos mil diecisiete. CUMPLE PREVENCIÓN V I S T O el escrito de cuenta signado por los quejosos Javier López Rodríguez y Ana María Rodríguez Morales, por medio del cual dan contestación al requerimiento que se formuló en proveído de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, en consecuencia, se provee: Con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, como se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la demanda de amparo que nos ocupa, habrá de desecharse de acuerdo a lo siguiente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1° de la Ley Federal de Transparencia Acceso a la Información Pública, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, los artículos 6, párrafos primero a quinto y apartado A, fracciones I, II y III, IV y VIII de la Constitución Federal, así como artículo 1°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen lo siguiente: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" "Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. (.) VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. (.) El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.-." Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública." La disposición constitucional reproducida introduce, en la parte que interesa, el derecho de acceso a la información, por virtud del cual todas las personas están en aptitud jurídica de acceder a la información en posesión del gobierno, sin necesidad de que acrediten interés alguno o justifiquen su utilización; salvo que se trate de información reservada, esto es, que se proteja temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, información de la vida privada y datos personales. Derecho que, en el ámbito Federal también se encuentra regulado y en específico, se advierte de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 1, que tiende a garantizar el acceso de toda persona a la información pública en posesión de los sujetos obligados al cumplimiento de la misma. Como se ve, se trata de un derecho en general para conocer la información gubernamental en favor de los particulares; lo que implica que la información en posesión del gobierno debe estar disponible para la sociedad y que, en ese sentido, cualquier particular puede acceder a ella, aun cuando carezca de interés o justificación al efecto, a menos que se trate de información reservada. Bajo ese orden de ideas y, previo a cualquier consideración es pertinente señalar los que los artículos 113, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 8°, incisos a), b) y e) de las Recomendaciones para la Identificación de Información Reservada o Confidencial por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal, emitida por el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 y 37 fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 69 del Código Fiscal de la Federación, establecen lo siguiente: "Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Artículo 113. Se considera información Confidencial: .II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y ." "CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código." "RECOMENDACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL ARTICULO 8º.- También se considerará como información reservada: La que por disposición expresa de una ley sea considerada confidencial; La que por disposición expresa de una ley sea considerada reservada; . e) La que por disposición expresa de una ley sea considerada como secreto (comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario, bursátil o cualquier otro);." En el caso particular, los quejosos reclaman esencialmente: La resolución contenida en el oficio 700-49-00-00-00-2016-4193. La negativa de entrega de información. Las consecuencias de los anteriores actos entre los que se encuentran la afectación a mis derechos humanos, y garantías judiciales en el procedimiento penal. Así, los antecedentes de la demanda se hacen consistir en: Dentro del juicio ejecutivo mercantil 2645/2010, del índice del Juzgado Noveno de Primera Instancia Civil en el Estado de Querétaro, los quejosos, JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ y ANA MARÍA RODRÍGUEZ MORALES, fueron demandados por la existencia de una deuda por la cantidad de $185,658.70 (ciento ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta y ocho 70/100 M.N.), ante dicha situación los citados quejosos, están siendo despojados de su vivienda. Al no tener información respecto a la demanda, los ahora quejosos denunciaron ante la Agencia del Ministerio Público, solicitando a la ahora autoridad responsable, información financiera de la parte actora en el juicio de origen, actualmente tercera interesada, Caja Popular Mexicana Sociedad de Ahorro y Préstamo, y esclarecer los hechos del juicio 2645/2010, como los hechos que motivan la averiguación previa 252/2015. En respuesta a lo anterior, la autoridad responsable, Administrador General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria en el Estado de Querétaro, negó proporcionar la información solicitada, pues como lo expone en su oficio 700-49-00-00-00-2016-4193, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, si bien el artículo 8° constitucional reconoce el derecho de presentar peticiones a cualquier autoridad, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar las exigencias, formalidades y presupuestos procesales previstos en la legislaciones secundarias necesarias para su procedencia, además derivado del diverso oficio 700-49-00-00-00-2016-3477, de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dicha autoridad señalado que se encontraban imposibilitados legalmente para proporcionar la información solicitada de conformidad con el artículo 69 primer párrafo del Código Fiscal de la Federación el cual establece "guardan absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados. Siendo éste el acto que se combate a través de esta vía de amparo. En tal sentido, es evidente que en el caso respecto de los actos reclamados, se actualiza de manera indubitable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se estima así, porque la regla de máxima publicidad que rige el derecho de acceso a la información no es absoluta, pues existen excepciones tratándose del interés público o general, en específico, cuando se trata de información reservada o confidencial, como en el caso se advierte. Así, al establecer el legislador un supuesto general de que la información contenida en materia fiscal concerniente a los datos suministrados por algún contribuyente, tendrá el carácter de reservada, es claro que en el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, habida cuenta de que las autoridades responsables están impedidas para allegarle a los peticionarios de amparo, la información que solicitaron, de ahí que la emisión de la resolución contenida en el oficio 700-49-00-00-00-2016-4193, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, en el aspecto de negarle a los quejosos el entregarles la información que peticionaron previamente y sus consecuencias, no le depara perjuicio, en razón a que se trata de información considerada como reservada con la consecuencias señaladas; por lo que, en el caso, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por JAVIER LÓPEZ RODRÍGUEZ Y ANA MARÍA RODRÍGUEZ MORALES, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Alma Edith Martínez González, Secretaria de Acuerdos del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, encargada del Despacho por licencia del Titular, en términos del artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/0114/2017 de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de la licenciada Ma. Guadalupe Xicoténcatl Pérez, Secretaria que autoriza y da fe.

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