Javier Navor y/o Nabor Serrano
Expediente 169/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2021
Partes del expediente
- Javier Navor y/o Nabor Serrano
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de febrero de dos mil veintiuno. CAMBIO DE TITULAR. De la certificación de cuenta se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del Juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." CUMPLIMIENTO. De igual forma, visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias remitidas por la autoridad responsable; por tanto, procede determinar si se cumplieron los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el cuatro de septiembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional determinó sobreseer en el presente juicio, y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. b) En auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, una vez reseñado lo antes expuesto, se traen a glosa los efectos de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, los cuales estatuyen lo siguiente: "[.] SEXTO. Efectos de la sentencia. Atento a lo previsto en los artículos 74, fracción V y 77, segundo párrafo de la Ley de Amparo, corresponde al último considerando de la sentencia de amparo, precisar los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. Consecuentemente, a efecto de lograr la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, procede conceder a., el amparo y la protección que de la Justicia Federal, para el efecto de que el Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, realice lo siguiente: ? Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia; dentro del expediente laboral .de su índice, emita el auto referente a las pruebas que reservó mediante acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve y señale fecha para que tenga verificativo la audiencia de desahogo, dentro del término que señala el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, se tuvo a la citada autoridad remitiendo diversas constancias, de las que se advierte lo siguiente: Que mediante auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se acordó lo relativo a las pruebas ofertadas por la parte quejosa. Documentales, que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se tratan de documentos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la medida de que dictó el laudo correspondiente. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, y de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y personalmente al resto de las partes, en los términos indicados en el artículo 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de octubre de dos mil veinte. SE AGREGA ESCRITO. Agréguese a los autos, el oficio proveniente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, mediante el cual exhibe las constancias con las que estima dar cumplimiento al fallo protector. VISTA. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio que se provee, con sus respectivos anexos, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado Federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento a la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de septiembre de dos mil veinte. Toda vez que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que pase inadvertido que no obra en autos el acuse del oficio por el cual se notifica a la autoridad responsable la sentencia que hoy adquiere firmeza, pues la misma no se encuentra legitimada para recurrirla. REQUERIMIENTO. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable precisada, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veinte. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.
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