Javier Jair Heredia Riverón
Expediente 204/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Jair Heredia Riverón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del auto de cuatro de junio de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a la destrucción del mismo con posterioridad al VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el primer escrito de cuenta, signado por los terceros interesados ********************, ********************,******************** ******************** y********************, mediante el cual señalan domicilio en esta ciudad y autorizados para oír y recibir notificaciones. Al respecto, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, el señalado en su ocurso de cuenta y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 673 y 68896, respectivamente, y por autorizado con la restricción que impone el citado precepto, a ********************, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco acreditó contar con dichos documentos. Por otra parte, tal y como lo solicitan, con apoyo en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común a ********************; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Finamente, respecto a su segundo escrito de cuenta, el cual se advierte que señalan domicilio y autorizados para el incidente de suspensión, díganseles a los promoventes que no ha lugar de acordar de conformidad su petición, en razón de que en el presente juicio de amparo, no se aperturó el incidente de suspensión, tal y como se advierte del proveído de siete de marzo de dos mil dieciocho.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el quejoso en su escrito de demanda reclama a las autoridades responsables: De la Coordinadora de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: La omisión: de coordinar, dirigir, vigilar y supervisar las acciones de los Fiscales Especializados adscritos a su Coordinación dentro de la Carpeta de Investigación FESP/416/2017/VII Estructurar y coordinar los programas y medidas necesarios para prevenir que sus Fiscales no incurran en rezago o, en su caso, en violaciones a las disposiciones normativas, con relación a la obligación de emitir acuerdos o determinaciones. Del Fiscal Séptimo Especializado en Delitos Relacionados con hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad: La omisión: de Realizar las investigaciones necesarias, dictar los acuerdos correspondientes. Determinar el ejercicio de la acción penal. Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar, en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente, así como de verificar la actualización de alguna causal de improcedencia, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo. Así las cosas, el suscrito juzgador de oficio, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán: En efecto, el numeral artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal;. [.]" "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 citado prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Por tanto, si en el presente asunto se señalan como actos reclamados la omisión de coordinar, dirigir, vigilar y supervisar las acciones de los Fiscales Especializados adscritos a su coordinación por parte de la Coordinadora de Fiscales Especializados en Delitos Relacionados en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la omisión por parte del Fiscal Séptimo Especializado en Delitos Relacionados en Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de realizar las investigaciones necesarias, dictar los acuerdos correspondientes y determinar el ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación FESP/416/2017/VII, en la que denunciaron hechos probablemente constitutivos de delito; resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones que a su criterio ha cometido la Fiscal responsable, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. En efecto, si conforme a la norma fundamental como la ordinaria, se establece que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que investigue los hechos que se hicieron de su conocimiento, resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar las omisiones en que a su consideración incurrió la Fiscal responsable. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima acudiría al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Sirven de apoyo a expuesto las jurisprudencias 27/2018 (10a.) y 28/2018 (10a.) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitidas al resolver la contradicción de tesis 233/2017, pendientes de publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, de rubros y contenidos siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." No se soslaya que dichos criterios obligatorios se emitieron después de la admisión de la demanda; no obstante, no debe perderse de vista que la jurisprudencia constituye un medio de desentrañar el sentido de la ley, para el efecto de que los juzgadores puedan aplicarla en forma debida y con criterio uniforme al momento que pronuncien el fallo correspondiente, por lo que dicha disposición de observancia obligatoria no está sometida al principio de irretroactividad, lo cual permite aplicarla aún a los hechos anteriores a su adopción. En las relatadas circunstancias, es patente que en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debe considerarse que el presente asunto es notoriamente improcedente. Por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 173878, de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
Ténganse por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto Municipal Interino de San Rafael Veracruz, a través del cual devuelve diligenciado el despacho 150/2018, con número de orden 346/2018, del índice de este juzgado, librado a efecto de emplazar a juicio a los terceros interesados Juan Antonio Delón Huerta, Héctor Lagunes Reyes, León Stivalet Ramírez, Carlos Sixto Chuzeville Muratalla, Roberto Garcia Castro y Karla Liliana Martínez Torales; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y dese de baja la comunicación oficial de referencia del Libro de Gobierno correspondiente. Por lo anterior, ténganse por debidamente emplazados a los terceros interesados Juan Antonio Delón Huerta, Héctor Lagunes Reyes, León Stivalet Ramírez, Carlos Sixto Chuzeville Muratalla, Roberto Garcia Castro y Karla Liliana Martínez Torales y déseles vista con los informes justificados que obran en autos, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del despacho de cuenta, se advierte que el término de tres días, concedido a los terceros interesados Juan Antonio Delón Huerta por auto de catorce de mayo de dos mil diecisiete, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, transcurrió del veinticinco al veintinueve de mayo del año en curso y para los terceros interesados Héctor Lagunes Reyes, León Stivalet Ramírez, Carlos Sixto Chuzeville Muratalla, Roberto Garcia Castro y Karla Liliana Martínez Torales, transcurrió del veintiocho al treinta de mayo del año en curso, sin que así lo hayan realizado; por consiguiente, hágansele efectivo los apercibimientos con que se les conminó y practíquensele la presente notificación, así como las subsecuentes por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto los terceros interesados subsanen su omisión.
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