Javier Ernesto Mendez Fernández
Expediente 256/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 19 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 01/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Ernesto Mendez Fernández
- Magistrados que integran Qunta Sala del Trubunal Superior de Justicia del Estado Veracruz
- Xavier Ernesto Mendez Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Téngase por recibido el oficio OF.FGE /COORD.FISC.AUX441 / 2019, firmado por el Fiscal Auxiliar 16° Encargado del Despacho de la Fiscalía Octava del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 4497/2019 de veinticinco de febrero del año en curso, para los efectos conducentes.
- Principal
Vista la certificación que antecede de la que se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición de la inconformidad contra el auto dos de enero de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cabalmente cumplida la sentencia amparadora dictada en este asunto, transcurrió para la parte quejosa y tercera interesada Fernando Moreno Bernabé del diez de enero al treinta de enero de dos mil diecinueve, respectivamente, descontándole los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero del año en curso por haber sido inhábiles, y para para la autoridad tercera interesada denominada Fiscal Octavo Auxiliar del Fiscal General del Estado, con residencia en esta Ciudad, del siete de enero al veinticinco de enero del año en curso, descartándoles los días doce, trece, diecinueve y veinte de enero del presente año por haber sido inhábiles, sin que lo hubieran hecho valer; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse otorgado el amparo y protección constitucional, así mismo, el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá en consecuencia a su depuración, con posterioridad al VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, tomando en consideración que la autoridad responsable denominado Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz con residencia en esta Ciudad, remitió con su informe Justificado dos tomos de prueba relacionados con los autos del toca número 870/2017-A de su índice, mismos que resultan innecesarios conservar por lo que, se ordena su devolución, solicitándole, que una vez que obre en su poder, se sirva acusar recibo de los mismos, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta enviado por el Fiscal Auxiliar Décimo Sexto Encargado del Despacho de la Fiscalía Octava del Fiscal General del Estado con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 6/2019 derivado del auto de dos de enero de dos mil diecinueve, para los efectos conducentes.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Fiscal Auxiliar Decimoséptimo del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa de recibo del diverso oficio 6/2019 de dos de enero del año en curso, dirigido al Fiscal Auxiliar Decimosexto del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, e informa a este juzgado que dicha autoridad se encuentra gozando del primer periodo vacacional de invierno, mismo que comprende del trece de diciembre del año próximo pasado al cuatro de enero del año en curso; respeto a lo anterior una vez que la autoridad en cita se incorpore a sus labores le será entregado el mismo. Finalmente, vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que existe para notificar personalmente al tercero interesado Fernando Moreno Bernabé, la determinación de dos de enero del año en curso, por los motivos en ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, por medio de lista de acuerdos. auto de dos de enero de dos mil dieciocho Visto, el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo número 256/2018 y atento a la certificación que antecede, se procede a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, conforme a lo siguiente. I. Marco legal. Como cuestión previa es menester precisar que el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece que la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el efecto será obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así mismo, para calificar el cumplimiento de las sentencias de amparo debe atenderse al contenido del numeral 196 de la propia ley de la materia, el cual establece el procedimiento que ha de seguirse ante actuaciones de las autoridades responsables, mediante las cuales den o pretendan dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. En ese orden, se tiene que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por ende, sólo podrá ordenarse el archivo de un expediente cuando la sentencia ejecutoria de amparo haya sido cumplida en su totalidad, sin exceso ni defecto, tomando en consideración los alcances para los que se otorgó la protección constitucional. II. Cumplimiento al fallo protector. Para estar en condiciones de calificar el cumplimiento dado al fallo protector, es indispensable establecer la materia determinada por la acción constitucional y límite señalado en la ejecutoria de amparo. Así, cabe destacar que mediante sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, por este juzgado de distrito, se concedió el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Magistrados integrantes de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: ". I. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 870/2017-A, derivado de la causa penal 109/2014 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede Pacho Viejo, Veracruz, que se instruye en contra del quejoso por el delito de pederastia agravada; y II. En su lugar, emita una nueva resolución en la que considere acreditados los elementos del cuerpo del delito de que se trata, tal como se determinó en la ejecutoria que se emitió en el recurso de revisión relativo al juicio de amparo 1730/2015. III. Y, con plenitud de jurisdicción, determine lo que corresponde a la verificación de la acreditación del requisito constitucional de la existencia de indicios que hagan probable la responsabilidad del inculpado, para lo que deberá de manera fundada y motivada, precisar: Si las opiniones que consideró como dictámenes periciales, que no fueron rendidas por la perito oficial que designó el agente del ministerio público investigador, cumplen con las formalidades para ser consideradas como dictámenes periciales, las razones por las que considere que sí cumplen esas formalidades y en su caso, el valor que les asigne. Precisar cuál es el indicio o indicios que de cada una de las pruebas que valoró en el capítulo de la probable responsabilidad, se desprende. De qué manera influyen el o los indicios que a su juicio advierta, en la responsabilidad del inculpado. Deberá valorar de manera integral conforme a los lineamientos precisados la declaración del inculpado, los testimonios de descargo y los documentos que al efecto aportó en su momento el inculpado para reforzar su versión defensiva y pronunciarse respecto de la totalidad de los argumentos defensivos que se hicieron valer. Deberá analizar las imprecisiones, inconsistencias o contradicciones que detecte en la declaración de la víctima del delito, con lo que mencionó a la perito psicóloga y con lo denunciado por el progenitor de este, tomando en cuenta el interés superior del menor, a fin de determinar si lo expresado por el menor agraviado encuentra sustento en diversos medios de prueba y si el resultado del análisis efectuado incide en la credibilidad o verosimilitud de la versión de cargo. Una vez realizado lo anterior, determinara lo que a su consideración proceda respecto de la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, de manera fundada y motivada. Atento a lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que de la contraposición de la sentencia amparadora, con las constancias remitidas por la responsable a fin de acatar la misma, se llega a la convicción de que la ejecutoria de amparo SÍ fue cumplida en su totalidad, como se explica a continuación. El amparo se concedió para que la responsable realizara lo siguiente: La responsable actuó de la siguiente manera: I. Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el toca penal 870/2017-A, derivado de la causa penal 109/2014 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia, con sede Pacho Viejo, Veracruz, que se instruye en contra del quejoso por el delito de pederastia agravada. I. Mediante resolución de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en autos del toca penal 870/2017-A la autoridad responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, emitida en el citado toca penal. (Foja 220 vuelta). II. En su lugar, emita una nueva resolución en la que considere acreditados los elementos del cuerpo del delito de que se trata, tal como se determinó en la ejecutoria que se emitió en el recurso de revisión relativo al juicio de amparo 1730/2015. II. Con fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dictó una nueva resolución en la cual, en atención a los lineamientos fijados en la ejecutoria de amparo, tuvo por acreditados los elementos que constituyen el delito de pederastia agravada, previsto por el artículo 182 párrafo primero y 183 fracción II del Código Penal del Estado de Veracruz. (Foja 221 a 223 vuelta). III. Con plenitud de jurisdicción, determine lo que corresponde a la verificación de la acreditación del requisito constitucional de la existencia de indicios que hagan probable la responsabilidad del inculpado, para lo que deberá de manera fundada y motivada, precisar: A) Si las opiniones (de Roberto Gaona Pintle, Martha Yolanda Cortes Vela y Arturo Pérez Álvarez) que consideró como dictámenes periciales, que no fueron rendidas por la perito oficial que designó el agente del ministerio público investigador, cumplen con las formalidades para ser consideradas como dictámenes periciales, las razones por las que considere que sí cumplen esas formalidades y en su caso, el valor que les asigne. III. En la resolución dictada, la autoridad responsable se avoco al análisis de la probable responsabilidad penal del inculpado, al tenor de los lineamientos contenidos en el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz: A) Considero respecto a tales opiniones lo siguiente: ".Sin que pase inadvertido para este Tribunal de Alzada la inconsistencia que se presentó respecto a la constancia médica de veintinueve de enero de dos mil trece. .debido a que en dicha constancia aparece una firma rúbrica sobre el nombre del doctor Roberto Gaona Pintle, en su carácter de jefe de urgencias, y este último, al rendir su declaración ministerial manifestó que no ratificaba el contenido y firma de esa constancia. .que él fue la primera persona que tuvo a la vista al menor agraviado el veintinueve de enero del año dos mil trece, cuando solicitó atención médica, ya que es jefe del área de urgencias de la clínica y se encarga de "verificar" a cada paciente que llega para saber si se trata o no de una emergencia, que el menor agraviado manifestó que tenía dolor en testículo derecho e inflamación en la misma área, por lo que elaboró la hoja relativa al servicio de urgencia y lo canalizó para que fuera atendido por el doctor Arturo Pérez Álvarez, quien estaba a su cargo en el área de urgencias, que este último y el ciado deponente no firmaron la aludida constancia, que al parecer la elaboró y firmó la doctora Martha Yolanda Cortés Vela, quien entonces era jefa de consulta externa y en la fecha de su deposición era personal eventual de la misma clínica y que tal vez ella la elaboró para agilizar el trámite administrativo; respecto de lo cual, el diverso médico Arturo Pérez Álvarez, en su deposición ministerial también dijo que no ratificaba el contenido y firma de la citada constancia, que él atendió al menor agraviado y le diagnosticó "orquitis derecha", así como que, como se indicó, fue la doctora Martha Yolanda Cortés Vela, quien al declarar ante la agencia investigadora manifestó ser médico suplente del citado instituto y ratificó tal constancia, pues dijo que ella la elaboró y firmó; sin embargo, esa inconsistencia de ninguna forma es imputable al menor agraviado, quien además no estaba en posibilidad jurídica de superarla, por lo que de ninguna forma puede restar veracidad a su dicho; máxime que la existencia de la citada constancia médica corrobora lo manifestado por el propio menor y por su progenitor en el sentido de que en virtud del dolor que el primero presentó fue llevado a la clínica mencionada, donde fue atendido y se le diagnosticó el padecimiento precisado. De igual forma, similar comentario merece en el sentido de que se está en presencia de prueba imperfecta, que no cumple con lo estipulado por los numerales 231, 232, 234 y 235 del Código de Procedimientos Penales; sin embargo, advertimos que esta probanza antes referida, se puede perfeccionar en lo subsecuente por parte de la fiscalía y en ningún momento esta, desvirtúan el valor jurídico de lo narrado por la víctima.(foja 229 vuelta a 231). B) Precisar cuál es el indicio o indicios que de cada una de las pruebas que valoró en el capítulo de la probable responsabilidad, se desprende. C) De qué manera influyen el o los indicios que a su juicio advierta, en la responsabilidad del inculpado. B) y C) Precisó los indicios derivados de cada una de las pruebas valoradas particularmente, de la siguiente manera: ".a) El menor víctima en su declaración ministerial dio noticia de que la primera ocasión en que ocurrieron los eventos que denunció fue en casa de sus abuelos. b) Expresó que los hechos que sufrió tuvieron verificativo en cuatro ocasiones. c) Que en tres ocasiones le fue impuesta la cópula en vía anal. d) Que fue hasta después que lo llevaron a revisión con el doctor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, cuando les dijo a su padres lo que le había ocurrido. e) En los hechos que narró a la psicóloga designada por el Agente del Ministerio Público Investigador, le informó que la primera vez que ocurrieron los hechos que sufrió tuvieron verificativo en la casa en donde habita con sus padres, esto es, en su casa. f) Narró que los hechos que sufrió fue en tres ocasiones. g) Únicamente en una ocasión le fue impuesta la cópula vía anal, e incluso en esta narración manifiesta que el sexo oral fue realizado tanto por él como por el inculpado, lo que no expresó en su declaración ministerial. h) El padre del menor ofendido adujo que con motivo de una dolencia su hijo les dijo que había sufrido de abuso y con motivo de la noticia lo llevaron a que recibiera atención médica con el doctor del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. i) El padre del menor expresó que éste le dijo que había sido penetrado en su ano, que le había hecho sexo oral al inculpado y que éste a su vez realizó la misma acción con la víctima, cuestión ésta última que el menor no expuso ante el fiscal que recibió su declaración. Cuestiones éstas que se valoraron puntualmente y se determinó la veracidad de la denuncia que efectuó contra el inculpado y las variaciones que se detectaron en lista anterior, están relacionadas únicamente con cuestiones accidentales o no afectan la esencia de los hechos denunciados y por ende, se determina que no se afecta la verosimilitud o credibilidad de la misma. .En conclusión, ha quedado clarificado los indicios derivados de cada una de las pruebas, -que se analizaron en particular-, y que aquí se reproduce su estudio, que nos llevan a sostener la justificación de la probable responsabilidad de Xavier o Javier Ernesto Méndez Fernández, al señalar de qué manera influyeron en el ánimo de este tribunal de alzada, para arribar a tal afirmación." las cuales fueron suficientes e influyeron para acreditar la probable responsabilidad del delito de pederastia agravada en contra de un menor de edad. (Foja 243). D) Deberá valorar de manera integral conforme a los lineamientos precisados la declaración del inculpado, los testimonios de descargo y los documentos que al efecto aportó en su momento el inculpado para reforzar su versión defensiva y pronunciarse respecto de la totalidad de los argumentos defensivos que se hicieron valer. D) Valoró las testimoniales de descargo, así como las pruebas documentales aportadas por el inculpado y sus argumentos defensivos de la siguiente manera: "..En conclusión las documentales antes mencionadas, si bien no fueron ratificadas por sus signantes, tal cuestión no implica que no sea necesaria que se realice la ratificación de los referidos documentales, sino que por la etapa en que se encuentra el proceso al no ser obtenida tal ratificación, a consideración de la sala no conlleva a la falta de valor de las pruebas de que se trata, sino que se deberá como se hizo, verificar los hechos o datos que de las mismas se desprendan, determinando el valor que les corresponde, dada su falta de perfeccionamiento. .Como consecuencia de lo antes expuesto, los integrantes de esta Quinta Sala, atendiendo a lo señalado en el inciso d), fracción III, del juicio de amparo, traen como resultado que los medios de prueba de descargo antes valorados consistentes en la declaración del inculpado, los testimonios de descargo y los documentos que al efecto aportó en su momento para reforzar su versión defensista, no tengan la consistencia jurídica para demostrar la inocencia del citado indiciado, más aún que no se logró demostrar la afirmación del inculpado y los padres de éste, que lo señalado por el denunciante (padre de la víctima), sea con el propósito de hacerse de bienes inmuebles propiedad de los abuelos de su hijo, incluso pretendía el denunciante que el inculpado saliera del lugar de su vecindad, obligándolo a radicar fuera de la ciudad de Coatepec, Veracruz; más aún, que no se probó que el padecimiento del menor de "orquitis derecha", fuese una invención, pues como quedó asentado, ello deviene o es resultado de una infección sexual." (Foja 241). E) Deberá analizar las imprecisiones, inconsistencias o contradicciones que detecte en la declaración de la víctima del delito, con lo que mencionó a la perito psicóloga y con lo denunciado por el progenitor de este, tomando en cuenta el interés superior del menor, a fin de determinar si lo expresado por el menor agraviado encuentra sustento en diversos medios de prueba y si el resultado del análisis efectuado incide en la credibilidad o verosimilitud de la versión de cargo. E) Analizo y valoró los dictámenes médico y psicológico conjuntamente con la declaración del menor agraviado y determino que este último goza de credibilidad al encontrarse debidamente robustecida con los dictámenes rendidos, por lo que se concluyó establecer un firme y directo pronunciamiento en contra del inculpado. (Fojas 231 vuelta y 232). F) Una vez realizado lo anterior, determinara lo que a su consideración proceda respecto de la probable responsabilidad del inculpado, aquí quejoso, de manera fundada y motivada. F) En base a las valoraciones realizadas en la resolución dictada, la autoridad responsable determino de manera fundada y motivada que se encontraba acreditada la probable responsabilidad del inculpado y en consecuencia ordenó girar orden de aprehensión en contra de Javier Ernesto Méndez Fernández o Xavier Ernesto Méndez Fernández, por su probable responsabilidad en el delito de pederastia agravada en contra de un menor de edad de identidad resguardada. (foja 243 y 244). Bajo ese tenor, a juicio de quien esto resuelve, se estima que la sentencia ha sido cumplida totalmente en su núcleo esencial, sin defectos o excesos por la autoridad responsable, pues dejó sin efectos el acto reclamado y en su lugar dictó uno nuevo subsanando las violaciones de que adolecía el acto inicialmente reclamado, esto es precisó los elementos del cuerpo del delito en estudio, valoró, razonó y estableció porque las pruebas fueron suficientes para acreditar los elementos del delito consistente en pederastia agravada en contra de la libertad sexual de su menor primo de identidad resguardada. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad responsable al observar la ejecutoria de amparo, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, entendiéndose por exceso que en el nuevo fallo se rebase lo mandado, y por defecto, que se omita lo ordenado, sin que en el caso se pueda analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector, pues el mismo se emitió con plenitud de jurisdicción. No es óbice a lo anterior las manifestaciones vertidas por la parte quejosa en el sentido de que no se da cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, dado que como se preció en párrafos que anteceden la autoridad responsable acató cada uno de los lineamientos señalados en la sentencia amparadora y con libertad de jurisdicción determinó resolver en el mismo sentido que el acto inicialmente reclamado y por lo que hace a las cuestiones de fondo que aduce, las mismas no constituyen parte de los efectos del fallo amparador. III. Manifestaciones. Ahora bien, respecto a las manifestaciones hechas valer por la parte quejosa en su escrito recibido por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el que sostiene que la responsable no dio cumplimiento a la sentencia amparadora, toda vez que el acto dictado en cumplimiento de la ejecutoria de amparo no cuenta con la debida fundamentación y motivación, ya que no enfatizó los extremos legales de la ley aplicable al caso y no hace una valoración correcta de los medios de convicción, aunque debió de entrar al estudio de fondo del problema planteado, lo cual desatendió la autoridad responsable. Son infundadas tales manifestaciones, toda vez que los efectos de la ejecutoria de amparo se constriñeron a cuestiones de forma y no de fondo, como las que aduce el aquí quejoso en su escrito de vista, violaciones formales que fueron subsanadas por la autoridad responsable, ya que, como se dijo anteriormente, justipreció los elementos conformadores del delito de pederastia agravada, estableció bajo la valoración, y argumentación por qué el material probatorio era insuficiente para acreditar los elementos del mismo y finalmente con libertad resolvió lo conducente, entonces, es inconcuso que al haberse emitido la resolución de cumplimiento con libertad de jurisdicción, el suscrito no debe prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, por tanto, no se puede analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector, en virtud de que ello sería análisis, en su caso, de un nuevo juicio de amparo que se interpusiera en contra de esa resolución. Por su contenido, sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. USO DE FACULTAD JURISDICCIONAL. No existe exceso en la ejecución de una sentencia de amparo, porque el tribunal responsable, al dictar la nueva sentencia, resuelva sobre puntos y cuestiones propias de su jurisdicción, que no fueron materia de la controversia constitucional, ni, por tanto, forzosa consecuencia del cumplimiento de la sentencia de amparo, pues si no hay mandato que cumplir, no puede existir exceso de cumplimiento, y en tales casos, los actos del tribunal serán motivo de un nuevo juicio de amparo, pero no del recurso de queja por exceso o defecto de ejecución". IV. Vista a la partes. En ese contexto, dese vista a las partes con la presente resolución e infórmeseles que cuentan con el término de quince días, contado a partir de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, para inconformarse con la misma, en términos de lo establecido en los artículos 201, fracción I y 202 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de dicho término, se ordenará el archivo del expediente, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 196 del ordenamiento legal en cita.
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