Javier Garza Gónzalez
Expediente 1226/2017 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1226/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Javier Garza Gónzalez
- Director General de Prevención y Readaptación Social
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el auto de tres de abril del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, interpusiera el recurso de revisión en su contra, sin que lo hubiera hecho; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido al quejoso la suspensión de plano de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del mismo; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Vistos los autos que integran el presente juicio de amparo, de los que se advierte que los actos reclamados por el quejoso Javier Garza González, se hacen consistir en: Incomunicación, segregación y malos tratos, prohibidos por el artículo 22 Constitucional. El traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. Actos que se encuentran desvinculados entre sí, por ser de naturaleza diversa, pues mientras el primero se trata de las condiciones que dicho quejoso dice sufrir en el Centro Penitenciario Federal Número Cinco Oriente, de Villa Aldama, Veracruz; el segundo consiste en la emisión de la orden de traslado del que fue objeto y por el cual se encuentra en el citado reclusorio federal. PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano es procedente la separación material de juicios, a fin de que los actos reclamados por el promovente sean estudiados de forma separada y así se garanticen los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo, únicamente por cuanto al acto reclamado consistente en: El traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. Y respecto del diverso acto reclamado por el quejoso Javier Garza González, consistente en la incomunicación, segregación y malos tratos, prohibidos por el artículo 22 Constitucional, obténgase copia certificada de las constancias necesarias, para que se estudie por separado en diverso juicio de amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Por tanto, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que se sirva asignar el número de ingreso del asunto que fue motivo de la presente separación de juicios; en el entendido que el mencionado oficio será entregado una vez que obre en autos la constancia de notificación que, del presente proveído se haga al quejoso de que se trata. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, llevado a cabo el nueve de octubre de dos mil diecisiete. Por otro lado, se cuenta en autos con las constancias ofrecidas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados y de las recabadas de manera oficiosa por el suscrito; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numeral 2, al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus facultades. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de las referidas constancias, se aprecia que: 1.- Mediante oficio SSP-DGPRS/CPV/2060/2017, de catorce de agosto de dos mil diecisiete, el Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", con sede en Pacho Viejo, Veracruz, solicitó al Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, el traslado urgente de Javier Garza González y otros. 2.- Por resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, el nombrado Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, atendiendo al riesgo que implicaba el quejoso para la seguridad del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, así como a su perfil criminológico, y por considerarlo de alta peligrosidad, determinó procedente, previa autorización del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Ciudad de México, autorizar el egreso del sentenciado Javier Garza González, del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para ser trasladado al ahora Centro Federal Penitenciario Número 5 Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz; por lo que ordenó notificar dicha resolución a los Jueces de Ejecución o Primero de Primera Instancia, residentes en esta ciudad, así como, en Poza Rica, Veracruz, y a las demás partes involucradas en el referido traslado. 3.- Luego, a través del oficio SSP-DGPRS/DJ/9347/2017, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en esta ciudad, solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, para que se realizara el traslado y permitiera el ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, de Javier Garza González y otros. 4.- Por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/24236/2017, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, comunicó al Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en esta ciudad, que autorizó el ingreso de Javier Garza González y otros, al ahora Centro Penitenciario Federal Número 5 "Oriente", de Villa Aldama, Veracruz, instruyéndolo para que una vez materializado el referido traslado lo informara, justificara y acreditara ante el juez del que se encontrara a disposición el quejoso, el motivo del multicitado traslado. 5.- Así, el traslado del aquí quejoso del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz al ahora Centro Penitenciario Federal Número 5 "Oriente", de Villa Aldama, Veracruz, se llevó a cabo el nueve de octubre de dos mil diecisiete, tal como se aprecia de los sellos estampados en el oficio SSP-DGPRS/DJ/9533/2017, fechado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, y del acta administrativa de ingreso 1579/2017, de esa misma data. 6.- En atención al requerimiento efectuado por el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, el Director General de Prevención y Reinserción Social, de esta ciudad, informó al Juez Primero de Primera Instancia, de Poza Rica, Veracruz, y al Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, que se realizó el traslado del aquí quejoso. 7.- Posteriormente, el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, quien instruyó a Javier Garza González la causa penal 19/2013, de su índice, mediante determinación de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, calificó de legal la orden administrativa de mérito, en la que se autorizó y ordenó que el quejoso de referencia fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", de Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Penitenciario Federal Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. 8.- La referida determinación judicial fue notificada al aquí quejoso y a su defensor, el once de febrero de dos mil diecinueve. 9.- Luego, por escrito ratificado en diligencia de notificación de quince de marzo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, no haber impugnado la determinación judicial de catorce de noviembre de dos mil diecisiete. 10.- Mediante el oficio 1023, recibido en este órgano jurisdiccional, por auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica, Veracruz, informó que el quejoso de mérito no interpuso ningún medio de impugnación al momento de la notificación de la resolución que emitió el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. De lo narrado, se advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Entonces, del referido numeral se deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando sobreviene un diverso acto de autoridad que deja sin vigencia y ejecutividad el reclamado originalmente, es decir, el nuevo acto emitido viene a sustituir al anterior, siendo esta nueva determinación, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad sólo es procedente contra actos definitivos. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Una vez explicado lo anterior, debe reiterarse que el acto que se reclama por esta vía es en esencia el traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, ordenado el tres de octubre de ese mismo año, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, autorizado el cuatro siguiente por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Ciudad de México y ejecutado el nueve de octubre de esa misma anualidad. Posteriormente, la referida orden de traslado emitida por las mencionadas autoridades administrativas, fue legalizada por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica, Veracruz, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, porque la orden de traslado emitida el tres de octubre de dos mil diecisiete y autorizada el cuatro de octubre siguiente, fue sustituida por la resolución de catorce de noviembre de esa misma anualidad, en la que el juez responsable legalizó la emisión de dicha orden de traslado; y es esta última determinación que, por encontrarse vigente, puede ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Consecuentemente, como se adelantó, respecto del acto reclamado consistente en la orden administrativa de traslado, emitida el tres de octubre de dos mil diecisiete, autorizada el cuatro siguiente, y ejecutada el nueve de octubre de ese mismo año, resulta patente que en el presente controvertido se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe mencionarse que de las constancias que integran el presente controvertido, se aprecia que el uno de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que sobreseyó en el asunto; asimismo, la defensora particular del impetrante recurrió la sentencia de mérito, de tal medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien por ejecutoria dictada el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 213/2018, de su índice, revocó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y ordenó reponer el procedimiento a efecto de que se requiriera al quejoso en los términos que indicó en esa resolución de alzada. Así, por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, se requirió al quejoso Javier Garza González, para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz y como acto reclamado el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se calificó de legal su traslado del Centro de Reinserción Social Número I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna, se seguiría la secuela del presente juicio, conforme a los actos señalados inicialmente. Por lo que mediante diligencia actuarial de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el quejoso amplió la demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz y por el acto consistente en el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del cuadernillo relativo a la causa penal 19/2013 de su índice; por ello mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda, y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. Ahora, de los antecedentes que se narraron en párrafos que anteceden, se advierte que por lo que respecta al acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Poza Rica, Veracruz, calificó de legal el traslado ordenado el tres de octubre de ese mismo año, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, y autorizado el cuatro siguiente por el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. En este contexto, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que, al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior tiene su apoyo en la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En la especie, el promovente reclama la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Poza Rica, Veracruz, calificó de legal el traslado ordenado el tres de octubre de ese mismo año, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, autorizado el cuatro siguiente por el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Ciudad de México, y ejecutado el nueve de octubre de ese mismo año; entonces debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de apelación previsto por la Ley de Ejecución Penal que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, específicamente en los artículos 52, 131 y 132, fracción VII, numerales que establecen: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) Lo anterior pone de manifiesto que contra la resolución emitida por un Juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación, medio de impugnación que conforme a lo establecido por el precepto 131, de la citada legislación, tiene como efecto revisar la legalidad de la resolución impugnada, y así confirmar, modificar o revocar la determinación adoptada por el Juez responsable; por tanto, la parte quejosa debió agotar dicho recurso, previo a la prosecución del presente controvertido. En este orden de ideas, si la resolución reclamada puede ser revisada por un tribunal de segunda instancia, quien la puede confirmar, modificar o revocar, y no se agotó el medio de defensa ordinario que contempla la legislación conforme a la que se emitió el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete -acto reclamado-, pues así lo manifestó expresamente el quejoso; por tanto, es incuestionable que dicho quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, actualizándose la causal de improcedencia a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativo a la libertad bajo caución; aunado a que la parte quejosa es el sentenciado en la causa penal 19/2013, en la que se emitió el auto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, y fue notificado de dicha resolución el once de febrero de dos mil diecinueve, por lo que estuvo en aptitud de interponer en su contra el medio de defensa ordinario y además la procedencia de ese recurso no está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Debe puntualizarse que si bien la orden de traslado implica una afectación indirecta a la libertad del aquí quejoso, lo cierto es que en el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en el referido inciso a), toda vez que la orden de traslado de que se trata, ya fue legalizada por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, por lo que ya no hay una afectación a la libertad del quejoso, fuera de procedimiento. Además, en el presente asunto, debe decirse que si bien el referido principio de definitividad prevé un caso de excepción al mismo, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; sin embargo, en el caso concreto, no se está ante dicho supuesto, pues como ya se dijo, el recurso de apelación se encuentra establecido en el ordinal 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en contra de la determinación emitida por un juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación. Por todo lo expuesto, se concluye que en la especie actualizan las causas de improcedencia previstas por las fracciones XVIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la citada legislación, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO.PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Con la presente determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Por otra parte, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social, número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y notifique al quejoso Javier Garza González, el presente acuerdo, haciéndole entrega de copia simple del mismo, quien deberá asentar tal circunstancia en la razón que para tal efecto realice.
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SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Vistos los autos que integran el presente juicio de amparo, de los que se advierte que los actos reclamados por el quejoso Javier Garza González, se hacen consistir en: Incomunicación, segregación y malos tratos, prohibidos por el artículo 22 Constitucional. El traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. Actos que se encuentran desvinculados entre sí, por ser de naturaleza diversa, pues mientras el primero se trata de las condiciones que dicho quejoso dice sufrir en el Centro Penitenciario Federal Número Cinco Oriente, de Villa Aldama, Veracruz; el segundo consiste en la emisión de la orden de traslado del que fue objeto y por el cual se encuentra en el citado reclusorio federal. PROCEDENCIA DE LA SEPARACIÓN DE JUICIOS. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Amparo, de oficio y de plano es procedente la separación material de juicios, a fin de que los actos reclamados por el promovente sean estudiados de forma separada y así se garanticen los principios de exhaustividad y legalidad en el dictado de la sentencia que en su momento pudiera emitirse en el juicio de amparo que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 76/97, sustentada por el Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA". Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo, únicamente por cuanto al acto reclamado consistente en: El traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. Y respecto del diverso acto reclamado por el quejoso Javier Garza González, consistente en la incomunicación, segregación y malos tratos, prohibidos por el artículo 22 Constitucional, obténgase copia certificada de las constancias necesarias, para que se estudie por separado en diverso juicio de amparo. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis jurisprudencial P./J. 78/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Por tanto, gírese atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que se sirva asignar el número de ingreso del asunto que fue motivo de la presente separación de juicios; en el entendido que el mencionado oficio será entregado una vez que obre en autos la constancia de notificación que, del presente proveído se haga al quejoso de que se trata. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, llevado a cabo el nueve de octubre de dos mil diecisiete. Por otro lado, se cuenta en autos con las constancias ofrecidas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados y de las recabadas de manera oficiosa por el suscrito; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de amparo, por remisión expresa del numeral 2, al haber sido expedidas por autoridades en ejercicio de sus facultades. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, de las referidas constancias, se aprecia que: 1.- Mediante oficio SSP-DGPRS/CPV/2060/2017, de catorce de agosto de dos mil diecisiete, el Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", con sede en Pacho Viejo, Veracruz, solicitó al Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, el traslado urgente de Javier Garza González y otros. 2.- Por resolución de tres de octubre de dos mil diecisiete, el nombrado Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, atendiendo al riesgo que implicaba el quejoso para la seguridad del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, así como a su perfil criminológico, y por considerarlo de alta peligrosidad, determinó procedente, previa autorización del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Ciudad de México, autorizar el egreso del sentenciado Javier Garza González, del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", con sede en Pacho Viejo, Veracruz, para ser trasladado al ahora Centro Federal Penitenciario Número 5 Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz; por lo que ordenó notificar dicha resolución a los Jueces de Ejecución o Primero de Primera Instancia, residentes en esta ciudad, así como, en Poza Rica, Veracruz, y a las demás partes involucradas en el referido traslado. 3.- Luego, a través del oficio SSP-DGPRS/DJ/9347/2017, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en esta ciudad, solicitó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, para que se realizara el traslado y permitiera el ingreso al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente", en el Municipio de Villa Aldama, Veracruz, de Javier Garza González y otros. 4.- Por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/24236/2017, de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, comunicó al Director General de Prevención y Reinserción Social, con sede en esta ciudad, que autorizó el ingreso de Javier Garza González y otros, al ahora Centro Penitenciario Federal Número 5 "Oriente", de Villa Aldama, Veracruz, instruyéndolo para que una vez materializado el referido traslado lo informara, justificara y acreditara ante el juez del que se encontrara a disposición el quejoso, el motivo del multicitado traslado. 5.- Así, el traslado del aquí quejoso del Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz al ahora Centro Penitenciario Federal Número 5 "Oriente", de Villa Aldama, Veracruz, se llevó a cabo el nueve de octubre de dos mil diecisiete, tal como se aprecia de los sellos estampados en el oficio SSP-DGPRS/DJ/9533/2017, fechado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, y del acta administrativa de ingreso 1579/2017, de esa misma data. 6.- En atención al requerimiento efectuado por el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, el Director General de Prevención y Reinserción Social, de esta ciudad, informó al Juez Primero de Primera Instancia, de Poza Rica, Veracruz, y al Juez Tercero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, que se realizó el traslado del aquí quejoso. 7.- Posteriormente, el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, quien instruyó a Javier Garza González la causa penal 19/2013, de su índice, mediante determinación de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, calificó de legal la orden administrativa de mérito, en la que se autorizó y ordenó que el quejoso de referencia fuera trasladado del Centro de Reinserción Social Zona I "Xalapa", de Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Penitenciario Federal Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz. 8.- La referida determinación judicial fue notificada al aquí quejoso y a su defensor, el once de febrero de dos mil diecinueve. 9.- Luego, por escrito ratificado en diligencia de notificación de quince de marzo de dos mil diecinueve, el aquí quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, no haber impugnado la determinación judicial de catorce de noviembre de dos mil diecisiete. 10.- Mediante el oficio 1023, recibido en este órgano jurisdiccional, por auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica, Veracruz, informó que el quejoso de mérito no interpuso ningún medio de impugnación al momento de la notificación de la resolución que emitió el catorce de noviembre de dos mil diecisiete. De lo narrado, se advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Entonces, del referido numeral se deriva que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado; es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando sobreviene un diverso acto de autoridad que deja sin vigencia y ejecutividad el reclamado originalmente, es decir, el nuevo acto emitido viene a sustituir al anterior, siendo esta nueva determinación, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo, pues el medio de control de la constitucionalidad sólo es procedente contra actos definitivos. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Una vez explicado lo anterior, debe reiterarse que el acto que se reclama por esta vía es en esencia el traslado del quejoso del Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al diverso Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, ordenado el tres de octubre de ese mismo año, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, autorizado el cuatro siguiente por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Ciudad de México y ejecutado el nueve de octubre de esa misma anualidad. Posteriormente, la referida orden de traslado emitida por las mencionadas autoridades administrativas, fue legalizada por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Poza Rica, Veracruz, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete; por tanto, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, porque la orden de traslado emitida el tres de octubre de dos mil diecisiete y autorizada el cuatro de octubre siguiente, fue sustituida por la resolución de catorce de noviembre de esa misma anualidad, en la que el juez responsable legalizó la emisión de dicha orden de traslado; y es esta última determinación que, por encontrarse vigente, puede ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Consecuentemente, como se adelantó, respecto del acto reclamado consistente en la orden administrativa de traslado, emitida el tres de octubre de dos mil diecisiete, autorizada el cuatro siguiente, y ejecutada el nueve de octubre de ese mismo año, resulta patente que en el presente controvertido se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Por otra parte, debe mencionarse que de las constancias que integran el presente controvertido, se aprecia que el uno de marzo de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que sobreseyó en el asunto; asimismo, la defensora particular del impetrante recurrió la sentencia de mérito, de tal medio de impugnación correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, quien por ejecutoria dictada el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el amparo en revisión 213/2018, de su índice, revocó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y ordenó reponer el procedimiento a efecto de que se requiriera al quejoso en los términos que indicó en esa resolución de alzada. Así, por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, se requirió al quejoso Javier Garza González, para que dentro del término de quince días manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz y como acto reclamado el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se calificó de legal su traslado del Centro de Reinserción Social Número I Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, apercibiéndolo que de no hacer manifestación alguna, se seguiría la secuela del presente juicio, conforme a los actos señalados inicialmente. Por lo que mediante diligencia actuarial de catorce de noviembre de dos mil dieciocho, el quejoso amplió la demanda de amparo por cuanto hace a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz y por el acto consistente en el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del cuadernillo relativo a la causa penal 19/2013 de su índice; por ello mediante auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por ampliada la demanda, y se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado. Ahora, de los antecedentes que se narraron en párrafos que anteceden, se advierte que por lo que respecta al acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Poza Rica, Veracruz, calificó de legal el traslado ordenado el tres de octubre de ese mismo año, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, y autorizado el cuatro siguiente por el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Ciudad de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción en cita reglamenta uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de "definitividad del acto reclamado," que se traduce en la improcedencia del juicio de amparo, contra actos respecto de los cuales proceda recurso en su contra, y no se haya agotado el mismo, previo a promover el juicio de amparo, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo precepto y en la jurisprudencia. Del texto de la fracción invocada se desprende el reconocimiento de que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de amparo, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución reclamada, que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo los casos de excepción que se establecen en la fracción invocada. En este contexto, el juicio de amparo es improcedente cuando la ley que sirvió de fundamento para emitir el acto reclamado, contempla algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, por lo que, al no agotarse el recurso ordinario que contempla la ley de donde emana el acto reclamado, se incumple el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior tiene su apoyo en la jurisprudencia I.6o.C. J/37, visible en la página novecientos dos, Tomo XV, Mayo de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En la especie, el promovente reclama la resolución de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Poza Rica, Veracruz, calificó de legal el traslado ordenado el tres de octubre de ese mismo año, por el Director General de Prevención y Reinserción Social, residente en esta ciudad, autorizado el cuatro siguiente por el Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, de la Ciudad de México, y ejecutado el nueve de octubre de ese mismo año; entonces debió agotar, antes de acudir a esta instancia, el recurso de apelación previsto por la Ley de Ejecución Penal que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, específicamente en los artículos 52, 131 y 132, fracción VII, numerales que establecen: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) VII. Traslados; (.) Lo anterior pone de manifiesto que contra la resolución emitida por un Juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación, medio de impugnación que conforme a lo establecido por el precepto 131, de la citada legislación, tiene como efecto revisar la legalidad de la resolución impugnada, y así confirmar, modificar o revocar la determinación adoptada por el Juez responsable; por tanto, la parte quejosa debió agotar dicho recurso, previo a la prosecución del presente controvertido. En este orden de ideas, si la resolución reclamada puede ser revisada por un tribunal de segunda instancia, quien la puede confirmar, modificar o revocar, y no se agotó el medio de defensa ordinario que contempla la legislación conforme a la que se emitió el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete -acto reclamado-, pues así lo manifestó expresamente el quejoso; por tanto, es incuestionable que dicho quejoso no cumplió con el principio de definitividad que rige en la materia de amparo, actualizándose la causal de improcedencia a que se hizo referencia en el cuerpo de esta resolución, prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que la parte quejosa se ubique en alguno de los supuestos de excepción que prevé el citado numeral 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c), de la Ley de Amparo, dado que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o cualquier resolución relativo a la libertad bajo caución; aunado a que la parte quejosa es el sentenciado en la causa penal 19/2013, en la que se emitió el auto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, y fue notificado de dicha resolución el once de febrero de dos mil diecinueve, por lo que estuvo en aptitud de interponer en su contra el medio de defensa ordinario y además la procedencia de ese recurso no está sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla. Debe puntualizarse que si bien la orden de traslado implica una afectación indirecta a la libertad del aquí quejoso, lo cierto es que en el caso, no se actualiza la hipótesis prevista en el referido inciso a), toda vez que la orden de traslado de que se trata, ya fue legalizada por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, por lo que ya no hay una afectación a la libertad del quejoso, fuera de procedimiento. Además, en el presente asunto, debe decirse que si bien el referido principio de definitividad prevé un caso de excepción al mismo, consistente en que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo directamente; sin embargo, en el caso concreto, no se está ante dicho supuesto, pues como ya se dijo, el recurso de apelación se encuentra establecido en el ordinal 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en contra de la determinación emitida por un juez, que califica la legalidad de la determinación administrativa de traslado, procede el recurso de apelación. Por todo lo expuesto, se concluye que en la especie actualizan las causas de improcedencia previstas por las fracciones XVIII y XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 de la citada legislación, debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo. Es ilustrativa, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO.PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Con la presente determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Por otra parte, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional que se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social, número 5 Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz, y notifique al quejoso Javier Garza González, el presente acuerdo, haciéndole entrega de copia simple del mismo, quien deberá asentar tal circunstancia en la razón que para tal efecto realice.
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Vista la diligencia de notificación de quince de marzo de dos mil diecinueve, de la que se advierte que el quejoso Javier Garza González, manifestó: "Ratifico la firma y el contenido del escrito". Atento a lo anterior, visto de nueva cuenta el escrito signado por el quejoso Javier Garza González, mediante el cual pretende ampliar la demanda respecto al acto reclamado consistente en el auto de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, calificó de legal el traslado al que fue sometido. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que por proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, ya se tuvo por ampliada la demanda por cuanto hace al citado acto reclamado y la referida autoridad. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiocho de febrero del año en curso, informa que el sentenciado Javier Garza González, no interpuso ningún medio de impugnación al momento de la notificación, ni posteriormente mediante escrito presentado ante ese juzgado, en contra del auto dictado el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, en el que calificó de legal el traslado autorizado por el Director General de Prevención y Reinserción Social, de esta ciudad. Por lo tanto, con conocimiento de las partes, agréguese dicho oficio para que surta sus efectos legales procedentes.
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