Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Otros.

Expediente 32/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
32/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/01/2023

Partes del expediente

  • Javier Ignacio Rodríguez Padilla
  • Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de dieciocho de enero del año en curso, del que se desprende se admitió el recurso de queja interpuesto en autos, mismo que se registró con el número estadístico 54/2023; por tanto, se ordena que dicho comunicado obre como constancia. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por el cual el quejoso ******* y ********, a través de su autorizado *********, interpone recurso de queja contra el auto de once de enero de dos mil veintitrés, que desechó la demanda. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a); 100; y, 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, el expediente original del presente juicio, sin que se remitan los agravios físicamente al haberse presentado electrónicamente. Por tanto, se le hace saber que en el expediente únicamente obra la demanda, constancia de notificación del acuerdo impugnado y demás promociones presentadas por la parte quejosa, mientras que las demás actuaciones, así como los agravios correspondientes, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico formado por este juzgado, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, en el que se establece que a partir del uno de diciembre del año en curso, los expedientes físicos deberán contener solamente aquellos documentos presentados por esa vía, así como las notificaciones, por lo que desde este momento queda vinculado el expediente electrónico para su consulta. Notifíquese por lista en el cuaderno de antecedentes.

  3. Principal

    Colima, Colima, once de enero de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Alejandro Rodríguez Cervera, por conducto de su defensor Jorge Ernesto Pablo Jiménez,contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima y otra, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA 14, 16, 19 y 20 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 32/2023-VI. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia, de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como autoridades responsables a: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: El juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, Colima; que actúa dentro DE LA CAUSA PENAL 181/2021. EJECUTORA: LO ES EL director del Centro de Reinserción Social Colima (.)". 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA 3 ??????????????? "V. ACTO RECLAMADO Y VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO a) Del Director del Centro de Reinserción Social Colima, RECLAMO LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO ORDENADO POR LA RESPONSABLE ORDENADORA EN los autos de la causa penal 181/2021, EN CUANTO A MANTENER PRIVADOS DE LA LIBERTAD A LOS QUEJOSOS. b) el acto reclamado a la RESPONSABLE ciudadano Juez Antonio Trujillo Ruíz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, residente en la ciudad del mismo nombre, dentro de LA CAUSA PENAL número 181/2021, LO ES LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, DICTADA EN AUDIENCIA DE AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, DESDE EL DÍA 18 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO (.)" Asimismo, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la parte quejosa presentó previamente diversa demanda de amparo contra el mismo juez responsable y otras y por el mismo acto reclamado y otros; demanda que fue radicada y registrada con el número de expediente 832/2021 del índice de éste órgano jurisdiccional. Desechamiento de la demanda Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia P./J. 128/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188643, Pleno Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Jurisprudencia (Constitucional)., de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se dijo en párrafos que preceden, que del análisis integral del escrito de demanda y escrito aclaratorio que dio origen al juicio de amparo 832/2021, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclamó del Juez de Distrito, en funciones de Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de Colima, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, lo siguiente: i) el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretados en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 181/2021; ii) la acción del Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula II-VII Manzanillo, de no entregarle en tiempo y forma copias de todo lo actuado dentro de la carpeta de investigación 487/2021 que dio origen a la causa penal federal 180/2021; y, iii) la expedición, promulgación y publicación del Decreto de treinta de noviembre de dos mil diez, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular de los artículos 9, fracción I, inciso d), y 10, fracción I, inciso c), misma que reclama como heteraoaplicativa. 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA 5 ??????????????? Demanda que fue desechada por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, la cual causo estado el uno de febrero de dos mil veintidós, al haber causado estado el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso de revisión 478/2021. Constancias, que constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXII. J/12, con número de registro 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Por tanto, a consideración de este juzgador se advierte que el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." El dispositivo en mención, en relación con la fracción X del propio precepto, establece que dicha instancia será improcedente 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiese sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por la propia norma o acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Como se ve, esta hipótesis de improcedencia está vinculada con la cosa juzgada. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que la cosa juzgada debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Además, el Alto Tribunal determinó, en diversos criterios, que la autoridad de la cosa juzgada se integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. Por un lado, en sentido estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse posteriormente en diverso proceso y, en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los siguientes elementos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos. b) Identidad en la causa aducida en el juicio. c) Identidad en el objeto. Ejemplo de lo anterior es la jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 72, Quinta Parte, Séptima Época, página 49, que dice: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer". En este sentido, en términos del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cosa juzgada que provoca la improcedencia del juicio de amparo exige, de manera estricta, que concurra lo siguiente: 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA 7 ??????????????? 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de la misma naturaleza. 2) Que tales juicios hubiesen sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Como se advierte, se satisfacen las condiciones para que se actualice la causa de improcedencia en estudio por lo que ve al acto aquí analizado (la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretado en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 181/2021) pues los quejosos y las autoridades responsables son las mismas en el juicio de amparo 832/2021 y en el que nos ocupa, por lo que hay identidad de partes. También existe identidad de actos reclamados, pues en ambos juicios se reclama la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretado en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 181/2021; y, en el juicio de amparo 832/2021 por auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda, la cual causó estado el uno de febrero de dos mil veintidós, al haber causado estado el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó el recurso de revisión 478/2021 que interpuso la parte quejosa contra el auto de desechamiento dictado por este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la página ciento cuarenta y dos, Volumen 205-216, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Por ello, se actualiza la institución de cosa juzgada respecto al análisis de la causa de improcedencia delimitada en parágrafos que preceden, al existir un pronunciamiento sobre los mismos quejosos ? 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Alejandro Rodríguez Cervera? y acto reclamado? medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretado en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 181/2021. Consecuentemente, al existir identidad de acto reclamado y de la autoridad responsable que lo emitió, ello implica que existe imposibilidad jurídica para analizar dos veces el acto aquí reclamado, porque la causa de improcedencia en comento, como se mencionó, tiene como finalidad evitar la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus intereses en uno previo, además, de impedir la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; de ahí la improcedencia de este juicio de amparo. Por lo tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley en cita. No es obstáculo a lo anterior, que señale autoridades ordenadoras y ejecutoras distintas; en virtud de que en ambos, reclama en esencia a la autoridad responsable ordenadora la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretado en audiencia de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 181/2021. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, la cual este Juzgado comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, misma que se lee en la página 423, que dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. INTRASCENDENCIA DE LA DIVERSIDAD DE AUTORIDADES EJECUTORAS SEÑALADAS EN UNO Y OTRO. Para que opere la causal de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo 73 de la ley de la materia, hay que atender a la identidad del acto reclamado, de quejoso y de autoridades responsables ordenadoras, siendo irrelevante la diversidad de autoridades ejecutoras señaladas en uno y otro juicio de garantías, porque de no ser así, se llegaría al absurdo de que si se promovieran tantos juicios de amparo como nuevas autoridades responsables ejecutoras se vayan señalando en cada uno de ellos no operaría la improcedencia de la acción". Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA 9 ??????????????? pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con la formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesario para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) d la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA 11 ??????????????? décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Acceso a expediente y notificación electrónica. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza notificación y acceso del expediente vía electrónica, en virtud de que el usuario que proporciona para tal efecto se encuentra registrado. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que las partes que así lo solicitan quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBILSIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica". 26/05/25 13:05:54 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.35.32.38.35.36.37 ALEJANDRA NAVARRO MOCTEZUMA 13 ??????????????? Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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