Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Otros.
Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Otros.
Actuaciones
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta a través del cual la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, transcribe el proveído de catorce de agosto del año en curso, del que se desprende proveyó el escrito de demanda de amparo directo interpuesto por la parte quejosa, misma que registró con el número estadístico **********; por tanto, este órgano jurisdiccional queda enterado de dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento firmado electrónicamente por ********************, en su carácter de defensor particular de ********************, a través del ocursante refiere que promueve amparo directo contra la audiencia de revisión de medidas cautelares de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, atribuyéndole dicho acto al Juez de Control que precedió dicha audiencia. En ese sentido, del escrito de cuenta se advierte que el promovente combate en vía de amparo directo contra actos emitidos dentro de la referida causa penal, y no así contra actos emanados en el presente contradictorio federal, se ordena la remisión inmediata al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. Cúmplase.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el artículo 20 del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 34 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 28 del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibido el oficio ********************, suscrito por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que anexa la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta defensor particular de ********************, en cumplimiento al auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, donde se declaró incompetente para conocer de la misma; se ordena acusar recibo. Por tanto, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto y procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 845/2023-III. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Desechamiento de la demanda. A consideración de este juzgador, se advierte que el presente juicio de amparo es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (...)." En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dentro de la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que resolvió infundada la solicitud de la defensa respecto del cambio de medida cautelar de los quejosos y determinando dejarlos en prisión preventiva oficiosa, en virtud de la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II-7 del Equipo de Investigación y Litigación en Colima de la Fiscalía General de la República, en la carpeta de investigación ********************. Por su parte, como se advierte de la certificación de cuenta, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que la parte quejosa presentó previamente diversa demanda de amparo contra las mismas autoridades y actos reclamados, la cual fue radicada y registrada bajo el estadístico ******************** del índice de este órgano jurisdiccional; asunto que se encuentra en trámite pendiente de resolución. Debido a lo anterior, la acción constitucional es improcedente porque el acto reclamado en el presente juicio es materia de otro juicio (********************), el cual fue promovido por la misma parte quejosa y contra las mismas autoridades y actos reclamados; lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, al existir identidad de actos y autoridades responsables, ello implica que existe imposibilidad jurídica para analizar dos veces los actos aquí reclamados, porque la causa de improcedencia en comento, como se mencionó, tiene como finalidad evitar la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo, además, de impedir la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; de ahí la improcedencia de este juicio de amparo. Ello es así, porque el acto reclamado en el presente juicio es materia de otro juicio de amparo, al que le correspondió el número ******************** mismo que fue radicado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, es decir, se encuentra en trámite, respecto de la misma persona, contra los mismos actos reclamados y contra las mismas autoridades responsables; situación que tiene por consecuencia la actualización de la causa de improcedencia consistente en la litispendencia a fin de salvaguardar la certeza jurídica de la quejosa. Además, no se desatiende la jurisprudencia referida, ya que la Suprema Corte estableció que no debía desecharse o sobreseerse bajo el tópico de litispendencia, hasta en tanto uno de los jueces que conocía la controversia la admitiera, lo que en el caso no acontece, primero, porque este juzgado conoce de ambos asuntos, y resulta un hecho notorio que en el diverso ******************** en esta fecha se emitió una determinación de prevención, con la cual se le otorgó su derecho de defensa; aunado a que está en posibilidad de cumplirla y que sea admitida a trámite; en segundo lugar, no se puede llegar al extremo de admitir la presente demanda, porque entonces se emitiría una resolución contradictoria a la primera resolución. Por tanto, se repite, no se desatiende el referido criterio jurisprudencial, aunado que en la presente instancia al ser promovido por la misma persona, contra las mismas autoridades responsables y ser el acto reclamado idéntico jurídicamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley en cita. No es óbice a lo anterior el hecho de se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525. En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Autorizados. Sin que se le tenga como autorizado a la persona que refiere al ser el promovente del amparo. Notificaciones y acceso a expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario ********************. Notifíquese en términos de ley.
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