Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Otros.

Expediente 518/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
518/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Javier Ignacio Rodríguez Padilla y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado de autos se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se desechó la demanda de amparo; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. Por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de esta fecha, se ordena su destrucción dentro de los treinta días siguientes, debiendo remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, el secretario deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, defensor particular de *******, contra actos del Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante: la Ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el juicio con el número 518/2022-III. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Análisis de la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado: La audiencia de de dieciocho de junio del citado año, en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial) y donde dicen los quejosos se de desestimó la declaración del imputado Alejandro Rodríguez Cervera, en la cual el quejoso declara "QUE LOS POLICIAS APRENSORES LE REALIZARON DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO Y ASI MISMO LO AGREDIERON A GOLPES Y A MALAS PALABRAS", dictada en la causa penal 181/2021. La referida audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que una vez que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial), en la causa penal 181/2021, el Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, tesis: P./J. 40/2000, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, en el escrito de demanda, los quejosos manifiestan bajo protesta de decir verdad en lo que interesa lo siguiente: "VI. FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA: El día 23 DE MAYO DEL AÑO 2022, En la queja 1018/2022, del índice de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata, en atención a lo siguiente: El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia 120/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se dijo en párrafos que preceden, que del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como actor reclamado: La audiencia de de dieciocho de junio del citado año, en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial) y donde dicen los quejosos se desestimó la declaración del imputado *****, en la cual el quejoso declara "QUE LOS POLICIAS APRENSORES LE REALIZARON DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO Y ASI MISMO LO AGREDIERON A GOLPES Y A MALAS PALABRAS", dictada en la causa penal *****. La referida audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que una vez que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial), en la causa penal 181/2021, el Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Por tanto, a consideración de este juzgador se advierte que por lo que respecta al acto reclamado identificado en el inciso a), el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.) La citada causa de improcedencia opera contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo y para que se actualice tal hipótesis, es preciso que ambos juicios, hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra idéntica autoridad responsable y por iguales actos reclamados, aun cuando se aleguen diversas violaciones constitucionales. Resulta aplicable a lo anterior la tesis de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 16, Tercera Parte, página 58,que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". En atención a lo dispuesto a la norma jurídica invocada, este órgano jurisdiccional considera que para poder determinar la actualización de la causa de improcedencia en cita, resulta necesario que en el caso se actualicen los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el presente juicio haya sido materia de otro juicio de amparo. Que ese juicio este pendiente de resolverse en primera o única instancia o en revisión. Que ambos juicios de amparo estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Expuesto lo anterior, a continuación se procederá a verificar la actualización de cada uno de los supuestos precisados a efecto de establecer la acreditación de la causa de improcedencia mencionada al inicio del presente considerando. De esta manera, en lo que respecta al inciso 1), se establece que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional la existencia de un diverso juicio de amparo 644/2021-III, del índice de este juzgado, el cual se admitió a trámite el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se resolvió mediante sentencia que se terminó de engrosar el veinte de abril de dos mil veintidós. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número XXI. 3. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, página 804, cuyo rubro establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN". En el juicio de amparo en cita, fue señalado como acto reclamado: la audiencia inicial de catorce de junio de dos mil veintiuno, en donde: a) se calificó de legal la detención de los imputados (quejosos); y, la diversa audiencia de dieciocho de junio del citado año; b) en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial), en la causa penal 181/2021, respecto de los quejosos ******. Por lo cual, en el caso se concluye que el acto reclamado en el presente juicio, consistente en la audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial) y donde dicen los quejosos se desestimó la declaración del imputado Alejandro Rodríguez Cervera, es materia de un diverso juicio de amparo, dado que en ambos los quejosos reclamaron de la autoridad responsable la referida audiencia, no es obstáculo que en el presente juicio de amparo los quejosos aduzcan que se desestimó la declaración del imputado Alejandro Rodríguez Cervera, en la cual el quejoso declara "QUE LOS POLICIAS APRENSORES LE REALIZARON DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO Y ASI MISMO LO AGREDIERON A GOLPES Y A MALAS PALABRAS", dictada en la causa penal 181/2021, cuestión que ya fue abordada en la sentencia emitida en el juicio de amparo 644/2021, del índice de este órgano de control constitucional. Por otro lado, en lo que respecta al inciso 2), se tiene que el diverso juicio de amparo ******, se acredita que dicho juicio no ha sido resuelto en definitiva, es decir, no se acredita la circunstancia de que se haya resuelto el recurso de revisión interpuesto por los aquí quejosos, por conducto de su defensor particular, a la fecha en que se presenta la demanda de amparo aquí analizada. Expuesto lo anterior, en el caso se encuentra acreditado que el diverso juicio de amparo *****, se encuentra pendiente de resolverse en definitiva el recurso de revisión interpuesto por los quejosos por conducto de sus defensor particular; y por tanto, se considera que se actualiza el supuesto antes mencionado. Por otra parte, en lo que respecta al inciso 3), se tiene que tanto el presente juicio, como el diverso juicio de amparo 644/2021-III, fue promovido por los quejosos, señalando en ambos como autoridades responsables, al: Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad. De la misma manera, se tiene que en ambos juicios de amparo los quejosos señalaron como acto reclamado la audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial). En este orden de ideas, de lo expuesto anteriormente se desprende que el acto reclamado en este juicio de amparo, no puede ser motivo de análisis del presente juicio, pues como se estableciera previamente, el mismo resulta improcedente, toda vez que dicho acto reclamado es materia del diverso juicio de amparo 644/2021-III, del índice de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, en virtud de que dicho juicio de amparo, fue promovido por los mismos quejosos, se designó a la misma autoridad responsable y se señaló como acto reclamado la audiencia de de dieciocho de junio del citado año, en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial) y a lo ateniente a desestimar la declaración del imputado Alejandro Rodríguez Cervera, en la cual el quejoso declara "QUE LOS POLICIAS APRENSORES LE REALIZARON DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO Y ASI MISMO LO AGREDIERON A GOLPES Y A MALAS PALABRAS", la cual la hace destacar para impugnar la ilegal detención, esta última ya fue analizada ya fue analizada en la sentencia dictada en el juicio de amparo ******. Es decir, la improcedencia en estudio se actualiza, en tanto que en una segunda demanda de amparo, el quejoso reclama nuevamente la audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial); así como el hecho de que se haya desestimado la declaración del imputado Alejandro Rodríguez Cervera, en la cual el quejoso declara "QUE LOS POLICIAS APRENSORES LE REALIZARON DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO Y ASI MISMO LO AGREDIERON A GOLPES Y A MALAS PALABRAS", dentro de la causa penal 181/2021; por parte de la misma autoridad responsable, lo cual ya fue reclamado y analizado en el primer juicio de amparo ******; sin que a la fecha el mismo se encuentre resuelto en definitiva a la fecha en que se presenta la demanda de amparo. Por tanto, es indefectible que ante la existencia de un diverso juicio de amparo y por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, no cabe la posibilidad que éste órgano de control constitucional esté en condiciones de analizar el acto reclamado en el presente juicio; pues de admitir tal facultad, implicaría reconocer la posibilidad de que en contra de un mismo acto reclamado, se puedan promover diversos juicios, los cuales podría llegar a resolverse de manera contradictoria. Al respecto, resulta aplicable la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 205-216, Primera Parte, página 142, de rubro y texto "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia". Resulta aplicable, en su parte conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XCIX, Primera Parte, Materia (s): Común, página: 41, registro: 257752, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Consecuentemente, respecto del acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la audiencia de de dieciocho de junio del citado año, en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial) y donde dicen los quejosos se de desestimó la declaración del imputado Alejandro Rodríguez Cervera, en la cual el quejoso declara "QUE LOS POLICIAS APRENSORES LE REALIZARON DETONACIONES DE ARMA DE FUEGO Y ASI MISMO LO AGREDIERON A GOLPES Y A MALAS PALABRAS", dictada en la causa penal 181/2021; se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, en relación con el diverso numeral 113, de la Ley de Amparo, por lo que la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente y desechar la demanda de amparo. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la demanda. Asimismo, por lo que respecta al acto reclamado identificado con el inciso b), consistente en la referida audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que una vez que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial), en la causa penal *****, el Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; este juzgado advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que impide conocerla, previsto en el artículo 61, fracción XIV, de la ley, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente. Sobre el tema se precisa destacar que el elemento que materializa la extemporaneidad del amparo es el consentimiento tácito de la parte quejosa, lo que acontece cuando no impugna el acto de autoridad dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de la ley, en los términos prescriptivos siguientes: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. De conformidad con el primer párrafo de este precepto, el plazo genérico para impugnar cualquier acto de autoridad es de quince días, excepto en aquellos supuestos enumerados en las fracciones I, II, III y IV, de los cuales prevé un plazo distinto. En el caso analizado, el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en las fracciones de referencia, ya que la audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que una vez que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial), en la causa penal *****, el Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; no se reclama una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; tampoco reclama una sentencia definitiva condenatoria en un el proceso penal de origen, en el que se le haya impuesto una pena de prisión; no se es un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población ejidal comunal; y, aunque si bien el acto reclamado, es privativo de la libertad, lo cierto es, que no fue emitido fuera de procedimiento, tampoco es de los implique peligro de la privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No pasa inadvertido que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa en el capítulo de "VI. FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA" señale que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la queja 1018/2022, del índice dela Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior es así, porque como se advierte de la certificación de cuenta, se observa que *****, defensor particular de los directos quejosos *****, imputados en la causa penal *****, con anterioridad a la promoción del presente juicio, promovieron el diverso juicio de amparo ******, del índice de este órgano jurisdiccional, en el cual se reclamó la audiencia inicial de catorce de junio de dos mil veintiuno, en donde: a) se calificó de legal la detención de los imputados (quejosos); y, la diversa audiencia de dieciocho de junio del citado año; b) en la que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial), en la causa penal *****, seguida ante Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, se advierte del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que el citado juicio de amparo se radicó en este órgano jurisdiccional; el cual constituye el último antecedente del expediente del que derivan los actos reclamados. Lo anterior, se tiene en cuenta por constituir un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y con apoyo en la tesis VI.1°.P.J/25 publicada en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noventa Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Así como la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con el registro 2017123, Décima Época del rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). De los antecedentes del juicio de amparo *****, se advierte con plena certeza que los quejosos tuvieron conocimiento de los actos reclamados, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, pues lo impetrantes de amparo estuvieron presentes en la referida audiencia, en la que una vez que se les decretó el auto de vinculación a proceso, se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Lo anterior es así, pues de conformidad con los artículos 153, 154, 155, 157, 159 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una de las reglas generales para imponer la medida cautelar, precisamente es que se haya formulado imputación y el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea éste de una duración de setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, o bien que se haya vinculado a proceso, lo que en la causa de donde emana el acto reclamado, así sucedió, se les vinculó a proceso en la causa penal 181/2021, por los hechos que se les imputa; pero además, los propios quejosos, estuvieron presentes en la referida audiencia en la que se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que ahorita reclaman; es inverosímil que digan que ello lo conocieron hasta el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, al momento de que se les notificó la queja 1018/2022 del índice de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo tales premisas, de modo que su impugnación se rige en términos del plazo genérico de quince días; por tanto, solo resta determinar la forma en que se debe computar. En ese orden, el artículo 18 de la ley prevé: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de esta disposición, los plazos previstos en el artículo 17 de la ley se computa a partir del día siguiente hábil en que acontezca alguno de los supuestos siguientes: a) Cuando surta sus efectos la notificación de la resolución o el acuerdo impugnado, conforme a la ley que lo regula. b) Desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. c) A partir de que la parte quejosa se ostente sabedora de los actos que le agravian o de su ejecución. d) Al momento de la entrada en vigor, cuando se traten de disposiciones de carácter general. Entonces, el supuesto para computar el plazo que tuvo para promover la demanda de amparo es el descrito en el inciso b), esto es quince días desde el momento en que la parte quejosa conozca los actos reclamados. Cierto, como se advierte de la certificación de cuenta, y de lo manifestado por el propio quejoso se acredita que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que estipula el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior es así, ya que -se insiste- la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos que combate, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, por lo que desde esa data los impetrantes se encontraban en posibilidad de promover el juicio de amparo en contra de los actos en mención, pues no existe circunstancia narrada que justificara el impedimento para así hacerlo; por lo que es claro, que el termino de quince días para la presentación de la demanda, le empezó a transcurrir a partir del veintidós de junio de dos mil veintiuno, para concluir el doce de julio de dos mil veintiuno; término en el cual se excluyen los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de junio, tres, cuatro, diez y once de julio de dos mil veintiuno, por ser días inhábiles en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que si la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, presentó su demanda electrónicamente, a través del sistema Integral Seguimiento de Expedientes (SISE) y remitida para su respectivo clasificación del asunto y el turno aleatorio, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en esta ciudad capital, el veintinueve de mayo de dos mil veintidós; es claro, que a esa fecha, el término de quince días, previsto en el artículo 17, en relación con el artículo 22 de la Ley de Amparo, ya había concluido en exceso. En consecuencia se tienen por consentido el acto reclamado en cuestión, pues en el caso, el acto reclamado fue del conocimiento de los quejosos desde el dieciocho de junio del dos mil veintiuno, y por tanto se encontraba en posibilidad de impugnarlo en esta instancia de amparo, dentro del término legal establecido para tal efecto; por lo que al no haberlo hecho así, consintió el actuar de la autoridad. Apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Diciembre del 2000, Página 1148, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO. El análisis de las causales de improcedencia en el juicio constitucional, imperativo para los tribunales de amparo de manera previa al examen de los conceptos de violación, debe llevarse a cabo al tenor de las constancias que obren en el juicio de garantías; por lo que, tratándose de la causal prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, la fecha de conocimiento por el quejoso del acto reclamado debe establecerse con base en las constancias que obren en dicho juicio y sólo en el caso de que de las mismas no se advierta una fecha distinta a la manifestada por el peticionario de garantías debe tenerse por cierta la señalada en la demanda de amparo; por tanto, cuando de las constancias anexas al informe justificado rendido por una de las autoridades responsables se deduce que el quejoso solicitó copias de documentos que obran en el juicio generador del acto reclamado, es a partir de la fecha de recepción de tales constancias que debe tenérsele por sabedor del acto reclamado y por ende para declarar si se surte la causal de improcedencia a que se refiere la disposición legal mencionada. Asimismo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, Octava Época, página 67, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de epígrafe y contenido siguiente: "AMPARO. IMPROCEDENTE. CUANDO DE LAS ACTUACIONES SE DESPRENDE QUE EL PROMOVENTE CONOCIO CON ANTERIORIDAD EL ACTO RECLAMADO. Si el juicio de amparo lo promueve el albacea de una sucesión, y de las actuaciones que se alleguen al mismo se desprende que el acto reclamado lo conoció anteriormente como heredero, debe entenderse que desde entonces tuvo conocimiento de dicho acto para los efectos del artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis VIII.2o. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, página 652, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE DESECHARSE POR EXTEMPORÁNEA CUANDO HAYA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN A PARTIR DE UNA PRIMERA NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO SE HAYA PRACTICADO OTRA POSTERIOR. Cuando se desprenda de autos que la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa siguiendo los lineamientos que al efecto establezca la ley adjetiva aplicable, y luego, motu proprio, el actuario respectivo realiza otra notificación, debe desecharse por extemporánea la demanda de amparo que se intenta, si su presentación se realiza fuera del término a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, computado tal plazo a partir de la primera notificación puesto que, mientras no se declare su nulidad, surte sus efectos y es desde ese momento cuando empieza a correr el citado término. De este modo, es evidente que si no se instó en tiempo la demanda de amparo contra la resolución que la promovente pretendía combatir, pese a que no había ningún obstáculo que se lo impidiera para acudir ante los órganos constitucionales competentes, ello solo se traduce en una conducta que es atribuible a su persona, por lo que ahora debe soportar las consecuencias inherentes a su pasividad. Al respecto sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En consecuencia, la promoción de la demanda resultó extemporánea, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b), consistente en la referida audiencia de dieciocho de junio del citado año, en la que una vez que se determinó la vinculación a proceso (continuación de la audiencia inicial), en la causa penal *****, el Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en esta ciudad, determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; lo que implica que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, por así haberse acreditado con lo manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda. De este modo, es evidente que si no se instó en tiempo la demanda de amparo contra los actos que el promovente pretendía combatir, pese a que no había ningún obstáculo que se lo impidiera para acudir ante los órganos constitucionales competentes, ello solo se traduce en una conducta que es atribuible a su persona, por lo que ahora debe soportar las consecuencias inherentes a su pasividad. Por lo tanto, si como se encuentra acreditado, la parte quejosa, tuvo conocimiento del acto impugnado, desde el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, sin que haya presentado su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes, sino hasta el veintinueve de mayo de dos mil veintidós; de ahí que es evidente al día de la presentación de la demanda el plazo de quince días para hacerlo había transcurrido, en demasía. En ese contexto, es innegable que desde la fecha indicada el ahora quejoso, tuvo conocimiento del acto reclamado; por tanto, para determinar la oportunidad en el ejercicio de la acción que aquí se intenta, debe imperar la regla general que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento legal. Resultan de aplicación al caso, las tesis de jurisprudencia 13 y 14, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, la página 11, que establecen lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo." "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativos, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. En las relatadas condiciones, se materializa la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X y XIV, en relación con el diverso 18, de la Ley de Amparo, y, por tanto, la demanda de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente. Sin que la presente determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Domicilio procesal e intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como su autorizado en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dicha persona únicamente como autorizado en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Notificaciones vía electrónica Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que las partes que así lo solicitan quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica. Acceso a expediente electrónico. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el [los] usuario[s] que indicó en su misiva. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en él, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Exhorto a las partes. Se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de juicio en línea, en términos del Acuerdo General 21/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica, entre otros, del juicio de amparo. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.

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