Javier Hernández Lara
Expediente 101/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 101/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 25/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Javier Hernández Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de ocho de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no realice el cómputo para saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables y al tercero interesado, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia Constitucional el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumplan el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, autorizando para seguir conociendo asuntos en Materia Penal hasta su total conclusión, las constancias que exhibió en el presente sumario Constitucional, consistente en un anexo de pruebas; solicitando el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Javier Hernández Lara es: La emisión de la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ...Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Asimismo, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo en contra del auto de sujeción a proceso porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio del término probatorio. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por la obligación que la ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca una causal de improcedencia. ... En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto girada en su contra; y, sin embargo, de las constancias que remite el Juez Segundo Familiar responsable, consistentes en copia certificada de la resolución de fecha seis de abril del año que transcurre (fojas 69 a 83), se advierte que en la causa penal de origen 12/2018, de la que emana el acto restrictivo de libertad reclamado, en la citada fecha, se resolvió la situación jurídica del inculpado -aquí quejoso-, decretándose auto de sujeción a proceso en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daño en las cosas por culpa, en agravio de Octavio Macías Torres. Por consiguiente, es obvio que la situación jurídica del quejoso Javier Hernández Lara por la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto aquí reclamados, se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de sujeción a proceso; provocándose con dicho cambio de situación jurídica que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto privativo de libertad reclamado y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de sujeción a proceso, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. ...En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica de los actos reclamados, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Debe señalarse que lo anterior no impide que el quejoso, si así lo considera conducente, promueva demanda de amparo contra el nuevo acto, cumpliendo con las formalidades que la ley de la materia señala para tal efecto. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (once horas con diez minutos del nueve de mayo de dos mil dieciocho) Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA OCHO DE MAYO DEL PRESENTE AÑO AL TERCERO INTERESADO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, a ocho de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Javier Hernández Lara es: La emisión de la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario Constitucional evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio Constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ...Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia Constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia Constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Asimismo, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo en contra del auto de sujeción a proceso porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio del término probatorio. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por la obligación que la ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca una causal de improcedencia. ... En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto girada en su contra; y, sin embargo, de las constancias que remite el Juez Segundo Familiar responsable, consistentes en copia certificada de la resolución de fecha seis de abril del año que transcurre (fojas 69 a 83), se advierte que en la causa penal de origen 12/2018, de la que emana el acto restrictivo de libertad reclamado, en la citada fecha, se resolvió la situación jurídica del inculpado -aquí quejoso-, decretándose auto de sujeción a proceso en su contra, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daño en las cosas por culpa, en agravio de Octavio Macías Torres. Por consiguiente, es obvio que la situación jurídica del quejoso Javier Hernández Lara por la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto aquí reclamados, se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de sujeción a proceso; provocándose con dicho cambio de situación jurídica que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas al acto privativo de libertad reclamado y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de sujeción a proceso, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. ...En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia Constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica de los actos reclamados, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Debe señalarse que lo anterior no impide que el quejoso, si así lo considera conducente, promueva demanda de amparo contra el nuevo acto, cumpliendo con las formalidades que la ley de la materia señala para tal efecto. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia Constitucional (once horas con diez minutos del nueve de mayo de dos mil dieciocho) Notifíquese personalmente.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que ha fenecido el término de quince días concedido al quejoso, mediante proveído de cuatro de abril del año en curso (fojas 62 y 63), para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los términos del acuerdo de mérito; sin que hubiese realizado manifestación en ese sentido; motivo por el cual, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, se continúa la secuela procesal en el presente juicio de amparo teniendo sólo como autoridades responsables y actos reclamados a los señalados en su libelo Constitucional. Notifíquese.
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