Javier Ignacio Romero Tellez
Expediente 164/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 22/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Javier Ignacio Romero Tellez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de tres días concedido al quejoso Javier Ignacio Romero Téllez, mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciocho, a efecto de que reconociera como suyas las firmas estampadas en los escritos recibidos en la Oficialía de Partes de este juzgado el seis de junio del año en curso, sin que a la fecha se presentara a ratificar las mismas. En tal virtud, dado que el quejoso fue omiso en dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el indicado proveído, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en el aludido auto; en consecuencia, no ha lugar a acordar lo conducente a las solicitudes formuladas por el promovente de garantías en los referidos ocursos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los escritos de cuenta, signados al parecer por el quejoso Javier Ignacio Romero Téllez, mediante los cuales, en el primero formula manifestaciones en vía de alegatos, en el segundo solicita copias certificadas y en el último designa autorizado para imponerse de autos. Sin embargo, antes de proveer respecto de su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su numeral 2º, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente ante este Juzgado Federal, ubicado en Calle Abasolo 414, Zona Centro, de esta ciudad, debidamente identificado con documento oficial con fotografía vigente, a efecto de que bajo protesta de decir verdad y haciendo de su conocimiento que quien declara con falsedad ante una autoridad judicial puede ser acreedor desde una multa hasta la privación de su libertad, manifieste si reconoce o no como suyas las firmas estampadas en los ocursos de cuenta y, por ende, si ratifica el contenido de los mismos; lo anterior, en atención a que existe discrepancia entre las que aparecen en el lugar correspondiente a las firmas que calzan, así como en los diversos escritos anteriormente exhibidos en este sumario y la estampada en el escrito de demanda de amparo; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo concedido, no se acordara lo conducente a sus peticiones. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número 202, sustentada por la Tercera Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Lo anterior, ya que del estado procesal que guardan los presentes autos, como de los mismos se advierte, que mediante escritos presentados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, en fechas dos, diez y veinticuatro de mayo de este año, respectivamente, el quejoso Javier Ignacio Romero Téllez ha formulado diversas manifestaciones en vía de alegatos, de los cuales se advierte discrepancia en sus firmas correspondientes, no obstante tener conocimiento de la conclusión del presente asunto, tal como se desprende de las constancias de notificación relativas (fojas 31 y 32 vuelta). En las relatadas circunstancias, ante las descritas promociones frívolas e intrascendentes, calificación que se les otorga en razón de que no resulta indispensable su admisión a trámite, ya que carecen del derecho subjetivo correspondiente, pues no producen consecuencia jurídica alguna; se apercibe al directo quejoso, así como a su autorizado, que de continuar con una conducta obscura e intrascendental, o bien, de ser falsa la firma que calcen los ocursos concernientes, con fundamento en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se ordenara dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de dirimir cualquier posibilidad de que se esté ante la comisión de algún delito de los contemplados al efecto por la Ley de Amparo. Cobra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), por contradicción de tesis, visible en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA****, LA DETERMINACIÓN DE SIETE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de junio de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los escritos de cuenta, signados al parecer por el quejoso Javier Ignacio Romero Téllez, mediante los cuales, en el primero formula manifestaciones en vía de alegatos, en el segundo solicita copias certificadas y en el último designa autorizado para imponerse de autos. Sin embargo, antes de proveer respecto de su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos de su numeral 2º, requiérase al quejoso para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, se presente ante este Juzgado Federal, ubicado en Calle Abasolo 414, Zona Centro, de esta ciudad, debidamente identificado con documento oficial con fotografía vigente, a efecto de que bajo protesta de decir verdad y haciendo de su conocimiento que quien declara con falsedad ante una autoridad judicial puede ser acreedor desde una multa hasta la privación de su libertad, manifieste si reconoce o no como suyas las firmas estampadas en los ocursos de cuenta y, por ende, si ratifica el contenido de los mismos; lo anterior, en atención a que existe discrepancia entre las que aparecen en el lugar correspondiente a las firmas que calzan, así como en los diversos escritos anteriormente exhibidos en este sumario y la estampada en el escrito de demanda de amparo; apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo concedido, no se acordara lo conducente a sus peticiones. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número 202, sustentada por la Tercera Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento sesenta y cinco, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Lo anterior, ya que del estado procesal que guardan los presentes autos, como de los mismos se advierte, que mediante escritos presentados en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, en fechas dos, diez y veinticuatro de mayo de este año, respectivamente, el quejoso Javier Ignacio Romero Téllez ha formulado diversas manifestaciones en vía de alegatos, de los cuales se advierte discrepancia en sus firmas correspondientes, no obstante tener conocimiento de la conclusión del presente asunto, tal como se desprende de las constancias de notificación relativas (fojas 31 y 32 vuelta). En las relatadas circunstancias, ante las descritas promociones frívolas e intrascendentes, calificación que se les otorga en razón de que no resulta indispensable su admisión a trámite, ya que carecen del derecho subjetivo correspondiente, pues no producen consecuencia jurídica alguna; se apercibe al directo quejoso, así como a su autorizado, que de continuar con una conducta obscura e intrascendental, o bien, de ser falsa la firma que calcen los ocursos concernientes, con fundamento en el artículo 261 de la Ley de Amparo, se ordenara dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de dirimir cualquier posibilidad de que se esté ante la comisión de algún delito de los contemplados al efecto por la Ley de Amparo. Cobra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), por contradicción de tesis, visible en la página 5, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Javier Ignacio Romero Téllez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
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