Javier Castillo Bravo
Expediente 271/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Javier Castillo Bravo
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, por el cual remite el testimonio del conflicto competencial 22/2019, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León y este órgano de control constitucional, en cuyos puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Sí existe conflicto de competencia. SEGUNDO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, es el competente para conocer del amparo indirecto promovido por ***. TERCERO. Denúnciese ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de criterios referida en el último considerando de esta ejecutoria." En tales condiciones, acúsese recibo mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Con fundamento en el artículo 214 del último ordenamiento legal en cita, archívese el presente cuaderno de antecedentes del juicio de amparo 271/2019-IV como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que no se aceptó la competencia declinada. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, siete de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y este órgano de control constitucional. Asimismo, se toma nota de que dicho conflicto competencial quedó registrado con el número ********************. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, a través del cual remite el juicio de amparo 534/2019-IV de su índice, promovido por Javier Castillo Bravo, contra actos que reclama del Coordinador General de los Centros Federales con sede en la Ciudad de México y otras autoridades dado que dicha juzgadora federal declaró carecer de competencia legal para conocer de ese asunto y la declinó a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, en turno. En consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 271/2019-IV. Ahora, hágase del conocimiento a la Juez de Distrito oficiante que este órgano de control Constitucional no comparte lo acordado en el juicio de amparo de origen, respecto a la incompetencia declinada por razón de territorio. Lo anterior, debido a que dicho órgano de control constitucional fundamenta su declaración de incompetencia, en los numerales 107, fracción VII, de la Constitución General de la República Mexicana, y 37 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República Mexicana, y en forma toral lo motiva en el hecho de que el quejoso Javier Castillo Bravo, reclama la orden de traslado llevada a cabo el diecinueve de mayo de dos mil trece, que se ejecutó en su perjuicio, del Centro Estatal de Reinserción Social número Uno en "La Pila", ubicado en la ciudad de San Luis Potosí; en que se encontraba recluso al diverso centro penitenciario estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí; por lo que considera el juzgado federal de mérito que dicha orden al no haberse ejecutado dentro de su jurisdicción carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo. Al respecto, cabe tener en cuenta que de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se obtiene que al inicio de ésta, el quejoso refiere que actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número Doce, "CPS-Ocampo" incluso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones dicho lugar de reclusión. Lo que se corrobora con la diligencia de notificación realizada por el actuario adscrito a ese Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León (foja 17), del acuerdo de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 534/2019-IV de su índice; de la que se advierte, que dicho fedatario judicial se constituyó en las instalaciones del referido centro penitenciario federal, ubicado en Ocampo, Guanajuato, y notificó personalmente al quejoso Javier Castillo Bravo, dicho proveído. En ese estado de cosas, se debe precisar que de acuerdo a lo que establece el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un lugar y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los órganos de control constitucional que ejerzan sus funciones en esas localidades, será competente para conocer de la demanda de amparo. Ahora bien, tratándose de la orden de traslado de un reo de un centro de penitenciario a otro, por su naturaleza resulta ser un acto de tracto sucesivo, pues desde que inicia el acto hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material del interno, luego entonces, sus efectos no se agotan con su emisión, sino que se prolongan hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En esta línea de pensamiento, se puede concluir que cuando se promueve una demanda de amparo indirecto, en contra de una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un lugar y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la referida Ley de Amparo; por ende, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió la demanda de amparo, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Fundamenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro: 169343; localizable en la página: 225, del Tomo XXVIII, Julio de 2008, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; del rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. Conforme al artículo 36, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En congruencia con lo anterior, se concluye que si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 36 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno." En consecuencia, al estar interno el quejoso Javier Castillo Bravo, en el Centro Federal de Reinserción Social número Doce, "CPS-Ocampo", es inconcuso que la orden de traslado concluyó con su internamiento en dicho centro penitenciario, lugar que se encuentra dentro de la jurisdicción del juez de distrito que aquí se declara incompetente; además de que, al no estar dicho solicitante de amparo interno en el centro carcelario de esta ciudad, es que no le resulta competencia a este órgano de control constitucional para conocer de dicha demanda de amparo. Máxime, que si bien es cierto que el promovente de amparo señala como acto reclamado la orden ejecutada el diecinueve de mayo de dos mil trece; también es cierto que, ello se infiere únicamente de lo aseverado por el solicitante de amparo en su demanda pero sin que exista plena certeza de su existencia, pues de los informes recibidos de las autoridades respecto de la suspensión de plano, se advierte que negaron la existencia de la orden de traslado reclamada; por tanto, será hasta que obren los informes justificados en los que se alleguen o se recaben las constancias correspondientes, en las que se tenga certeza de la existencia de la orden reclamada. Asimismo, se debe considerar que con posterioridad a la orden señalada, posiblemente exista una diversa orden en la que se determinó trasladar al quejoso al Centro Federal de Readaptación Social Número Doce "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, Guanajuato; por lo que una vez que se cuenten con las constancias aportadas por el Director General de ese centro de reclusión, se tendrá que dar vista al quejoso, para que manifieste si amplía la demanda de amparo respecto de la última orden existente. Lo anterior se considera así, por que existiría un impedimento jurídico al analizar únicamente una orden anteriormente ejecutada si con posterioridad a ésta existen diversas órdenes de traslado en las que se justifique la razón del por qué se trasladó al quejoso al centro federal de reinserción con sede en Ocampo, Guanajuato. Además, de que hasta este momento procesal se desconocen las razones y fundamentos que justifiquen que el solicitante de amparo se encuentra recluido en el Cefereso en comento; de ahí que se estima prudente que para determinar la competencia para conocer del asunto, se debe contar con los elementos de convicción necesarios para determinar la legalidad o constitucionalidad respecto de si el quejoso debe permanecer en un centro de reinserción social federal o estatal, lo que acontecerá hasta en tanto esté integrado el expediente de amparo. Resulta aplicable, por su sentido, la tesis: I.6o.P.55 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, registro: 2007523; localizable en la página: 2382; del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III; de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; del rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EL QUEJOSO RECLAMA QUE PRETENDEN REUBICARLO EN OTRO CEFERESO, SIN INDICAR A CUÁL, Y PRESENTA LA DEMANDA EN UNA ENTIDAD QUE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INMUEBLE (DISTRITO FEDERAL), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE AQUÉL SE ENCUENTRE INTERNO. Si el quejoso se encuentra interno en un CEFERESO del Estado de México (Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "El Altiplano" en Almoloya de Juárez), y reclama que pretenden reubicarlo en otro, sin indicar a cuál, pero promueve la demanda de amparo indirecto ante la autoridad judicial con potestad en una entidad que no cuenta con este tipo de inmueble (Distrito Federal), la competencia para conocerla se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar en donde aquél se encuentra interno, pues al no haber un centro penitenciario con esas características en el Distrito Federal -porque los que existen atañen únicamente a personas relacionadas con delitos del orden común, en donde la aplicación del sistema penitenciario corresponde a las autoridades locales y no a las federales-, no tendría ejecución material la orden de traslado en esta entidad; por tanto, no se actualiza la hipótesis de prevención en el conocimiento de la demanda, a que alude el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." En ese tenor, es que no se acepta la competencia declinada por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. En consecuencia, devuélvanse las constancias a la Juez oficiante para que provea lo conducente. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo y solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
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