Javier Garcia Becerril
Expediente 1858/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1858/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Javier Garcia Becerril
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Javier García Becerril, por propio derecho, contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1858/2023-VII. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite, la demanda de amparo. EXHORTACIÓN DE JUICIO EN LÍNEA. En términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional. Asimismo, se sugiere a las partes que en caso de continuar con la tramitación del presente juicio en línea, al consultar el expediente electrónico, verifiquen en todos los campos que aparecen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, ya sea como persona física, representante de persona jurídica pública o representante de persona jurídica privada. Ello, en virtud a que en ocasiones el aludido sistema lo identifica indistintamente en alguno de estos supuestos. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Acorde con el artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y notifíquese la radicación del presente asunto por medio de la lista. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, con los traslados del escrito inicial, se ordena formar por separado el cuaderno incidental correspondiente, en el entendido que se substituye la formación del duplicado físico de dicho cuaderno, con el electrónico que se forme a partir de las constancias digitalizadas que obren en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las diez horas con diez minutos del diez de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO. ... Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con una copia simple de la demanda de amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1858/2023-VII, promovida por Javier García Becerril, por propio derecho, contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas. En el informe requerido, la responsables tendrá que sujetarse a las hipótesis previstas en el numeral 140 de la Ley de Amparo, es decir, tendrá que expresar si es o no cierto el acto que se le atribuye y las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, para tal efecto, se le envía copia de la demanda. Se apercibe a la responsable que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, además de que se harán acreedoras a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización. En el entendido que las autoridades responsables deberán privilegiar de ser posible el uso de los medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo, así como de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, al correo oficial 2jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. AUDIENCIA INCIDENTAL. En términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. En los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo se precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que los peticionarios de garantías deben de reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado las cuales son: a) Que lo solicite el quejoso; b) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios para la quejosa; y d) La apariencia del buen derecho. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta instancia constitucional se hacen consistir en: - La omisión por parte de las responsables de realizar el pago de pensión y demás prestaciones derivadas del dictamen CP/88493/2023, de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, a favor de la parte quejosa. Antes de entrar al estudio sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, es pertinente indicar que los artículos 107, fracción X de la Constitución General de la República, 125 y 128 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgado debe tomar en cuenta para otorgarla, así como los requisitos que la parte peticionaria debe reunir. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. No obstante que se reclame una omisión por parte de las autoridades responsables, el no garantizar el pago de la pensión a la quejosa, es un acto en contra del cual procede la suspensión, en términos de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 147 de la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción X, constitucional y el diverso 147 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. (.)". "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo". El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Conforme al texto constitucional se permite, bajo la reglamentación legal prevista por el legislador, la posibilidad de suspender los actos reclamados materia de los juicios de amparo y, en algunos casos, atendiendo a su naturaleza, el juzgador debe hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, para su otorgamiento. Por tanto, la medida cautelar participa de los efectos de la sentencia definitiva del proceso, específicamente de los efectos prácticos, en cuanto permite mantener al afectado en el goce del derecho que aparentemente le asiste mientras se resuelve el juicio, pero corresponde sólo a la sentencia determinar en definitiva sobre los derechos alegados y, en su caso, dejar sin efectos los actos jurídicos. Por ello, los presupuestos de las medidas cautelares son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto, así como en la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho, siendo sus notas distintivas, la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal, del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: esto es, hasta en tanto adquiera firmeza procesal la sentencia que se dicte en el juicio principal. Así, considerando a la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, se tiene que su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela, cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. Asimismo, en el contenido del segundo párrafo del artículo 147 de la ley de la materia, se prevé la posibilidad de que la medida suspensional, tenga como efecto restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible y se ordena al Juez fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para hacer conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional, siga surtiendo efectos, además de tomar las medidas que estime necesarias para evitar se defrauden derechos de menores o incapaces, en tanto se dicta la sentencia definitiva en el juicio de amparo. De lo anterior, puede apreciarse que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, la quejosa siga gozando de la garantía que pretendía privarle el acto violatorio, mientras se resuelve el juicio de amparo, en la inteligencia de que no solamente, puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento a la quejosa en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). La restricción a lo anterior consiste en que la suspensión no podría llevar a constituir derechos de los cuales la quejosa carecía antes de solicitar la medida cautelar, pues la suspensión sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional, por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional, por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar. De ahí que lo determinante para resolver si se concede es el análisis de la apariencia del buen derecho, que consiste en un juicio preliminar sobre la conformidad a derecho de la pretensión de la quejosa, o de la inconstitucionalidad del acto reclamado frente al cual se solicita la tutela preventiva de la suspensión. Asimismo, es importante precisar que la naturaleza omisiva del acto reclamado no es un factor determinante para conceder la medida cautelar, pues lo importante para que ésta sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." (Registro digital: 2021263. Décima Época. Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286). Ahora bien, en el presente caso, de la copia simple presentada por la quejosa, que corresponde al acuse de recibo de la aceptación de pensión, se advierte de forma indiciaria la existencia de una omisión en el pago de la pensión, que genera una transgresión a los derechos de previsión social del quejoso. En ese sentido, si la regulación del juicio de amparo admite la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento, máxime que en el caso no se sigue perjuicio al interés social y por el contrario, existe el peligro en la demora, porque de no concederse la suspensión se seguiría generando un perjuicio a la quejosa que contraviene el derecho humano a la dignidad humana y al mínimo vital. En esa medida, al advertirse indiciariamente de las constancias que hasta éste momento la omisión reclamada existe y que el quejoso no ha recibido el pago que le corresponde derivado de un dictamen de pensión, generando con ello un perjuicio a su derecho a una vida digna y al mínimo vital, procede conceder la suspensión provisional, para efecto de que las autoridades responsables procedan a realizar el pago de la pensión determinada en el dictamen de pensión CP/88493/2023 pago que debe cubrirse hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, ello tomando en consideración que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por los artículos 128 y 147, segundo y tercer párrafos, ambos de la Ley de Amparo. Cabe precisar que la suspensión únicamente conlleva la obligación de pagar la cantidad determinada en el dictamen de pensión, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, no así la determinación del primer pago que le corresponda desde que se otorgó la pensión, porque eso es materia del juicio de amparo principal. Medida suspensional que conforme a lo dispuesto en el artículo 136, primer párrafo de la Ley de Amparo, surte efectos desde el momento que se pronuncia en la presente determinación, ya que no se advierte que con la suspensión se pueda causar un daño económico a persona alguna, en términos del artículo 132 de la materia, por lo que no se fija ninguna garantía alguna. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de las responsables, que las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, se harán por oficio el cual podrá enviarse mediante correo electrónico, fax o cualquier otra vía que determine el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de privilegiar el trabajo a distancia, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se publica en el sitio oficial de la página del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIDADES INEXISTENTES. En diverso aspecto, se previene al promovente para que, en el caso de que la autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no exista, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo, (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistente y por ende no se les dirigirá comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional el señalamiento de la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. DOMICILIO PROCESAL. Ahora bien, toda vez que el promovente proporciona el usuario "licvelascofranco", de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario que refiere para la consulta electrónica del presente expediente, y se comisiona al actuario adscrito para que le notifique las subsecuentes notificaciones de conformidad con el artículo 30, fracción I, de la Ley de Amparo. En el entendido que únicamente deberán realizarse de manera personal las que así lo ameriten en términos del precepto 26 de la Ley de Amparo; por lo que, las restantes deberán efectuarse por medio de lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el artículo 21 párrafo tercero de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a Roberto Velasco Franco, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. PRUEBAS. De conformidad, con el artículo 143 de la ley de la materia se tiene por anunciadas las pruebas ofertadas por la parte promovente; dada su propia y especial naturaleza sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia incidental. ... Notifíquese.
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