Javier García González y Otros.
Expediente 325/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/04/2019
Partes del expediente
- Javier García González y Otros.
- Javier García González
Actuaciones
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; dos de abril de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de catorce de marzo pasado (fojas 20 a la 27), a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente es susceptible en su oportunidad de ser destruible (vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Javier García González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 325/2019-VI. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... Ahora bien de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: ... De la interpretación del precepto legal transcrito parcialmente, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III, de su artículo 107, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, para lo que interesa en este estudio, como ya se dijo, conviene invocar la hipótesis normativa contenida en la fracción XVIII, cuyo contenido fue citado en párrafos precedentes. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la parte inconforme tilda de inconstitucional: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, en la que no acordó de conformidad la solicitud de nulidad de actuaciones solicitada, dentro de la carpeta administrativa 947/2018. La celebración de la audiencia intermedia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve donde se ordenó la apertura del juicio oral dentro de la carpeta administrativa 947/2018. Del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El auto de radicación del juicio oral de siete de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio oral 60/2019, donde se señaló fecha para la audiencia de debate. Éstos no tienen el carácter de definitivos, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que las determinaciones reclamadas pueden ser modificada, revocada o confirmada a través del recurso de revocación. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: ... Así las cosas, la determinación que por esta vía impugna el quejoso, encuadra en el supuesto del artículo 465 del Código Nacional Procedimientos Penales; por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra los actos reclamados, pues el citado artículo dispone que las resoluciones emitidas por una autoridad judicial de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación serán revocables; por tanto, al establecer la legislación la procedencia de la revocación, resulta evidente que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Sin que el quejoso se encuentre en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud, el quejoso estaba obligado a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Asimismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. En efecto, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados son violaciones procesales respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dichas determinaciones no son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto porque constituyen una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: ... De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues los acuerdos donde a) no acordó de conformidad la solicitud de nulidad de actuaciones, b) La celebración de la audiencia intermedia donde se ordenó la apertura del juicio oral, y c) el auto de radicación del juicio oral, donde se señaló fecha para la audiencia de debate, no producen una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del fallo, esto es aun y cuando se no se acordó favorable la nulidad de actuaciones y, por lo tanto se celebró la audiencia intermedia y se apertura la de juicio oral, la sentencia que se emita le puede ser favorable al quejoso, es decir, no necesariamente trascendería el resultado de la sentencia; por ello, dichos actos no lesionan derechos sustantivos en forma irreparable. Es aplicable en lo conducente la tesis XXVII.3o.84 P (10a.), publicada en la página 2196, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, Materia Común Penal, con número de registro 2019043, cuyo rubro y texto son: ... Al caso se cita también la tesis VI.1o.C.51 C (10a.), consultable en la página 1728 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Época: Décima Época, Registro 2006630, del contenido siguiente: ... Además, respecto a los actos uno y dos reclamados al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque las etapas anteriores quedaron superadas precisamente al dictarse el auto de apertura a juicio oral, lo que hace imposible obligar a la autoridad a que reabra una fase que fue agotada; por ende, las violaciones procesales alegadas se consideran consumadas de modo irreparable. Es aplicable al caso la tesis II.1o.P.20 P (10a.), publicada en la página 2439, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Común Penal, con número de registro 2018076, cuyo rubro y texto son: ... Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Javier García González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, de conformidad con el 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia señaladas. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el promovente. Autorizados. Se tienen por autorizados a Ángel Albarrán Bernal y a Vicente Beltrán Ocampo en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
VI) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Javier García González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 325/2019-VI. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... Ahora bien de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: ... De la interpretación del precepto legal transcrito parcialmente, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III, de su artículo 107, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, para lo que interesa en este estudio, como ya se dijo, conviene invocar la hipótesis normativa contenida en la fracción XVIII, cuyo contenido fue citado en párrafos precedentes. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la parte inconforme tilda de inconstitucional: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, en la que no acordó de conformidad la solicitud de nulidad de actuaciones solicitada, dentro de la carpeta administrativa 947/2018. La celebración de la audiencia intermedia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve donde se ordenó la apertura del juicio oral dentro de la carpeta administrativa 947/2018. Del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El auto de radicación del juicio oral de siete de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio oral 60/2019, donde se señaló fecha para la audiencia de debate. Éstos no tienen el carácter de definitivos, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que las determinaciones reclamadas pueden ser modificada, revocada o confirmada a través del recurso de revocación. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: ... Así las cosas, la determinación que por esta vía impugna el quejoso, encuadra en el supuesto del artículo 465 del Código Nacional Procedimientos Penales; por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra los actos reclamados, pues el citado artículo dispone que las resoluciones emitidas por una autoridad judicial de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación serán revocables; por tanto, al establecer la legislación la procedencia de la revocación, resulta evidente que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Sin que el quejoso se encuentre en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud, el quejoso estaba obligado a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Asimismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. En efecto, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados son violaciones procesales respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dichas determinaciones no son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto porque constituyen una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: ... De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues los acuerdos donde a) no acordó de conformidad la solicitud de nulidad de actuaciones, b) La celebración de la audiencia intermedia donde se ordenó la apertura del juicio oral, y c) el auto de radicación del juicio oral, donde se señaló fecha para la audiencia de debate, no producen una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del fallo, esto es aun y cuando se no se acordó favorable la nulidad de actuaciones y, por lo tanto se celebró la audiencia intermedia y se apertura la de juicio oral, la sentencia que se emita le puede ser favorable al quejoso, es decir, no necesariamente trascendería el resultado de la sentencia; por ello, dichos actos no lesionan derechos sustantivos en forma irreparable. Es aplicable en lo conducente la tesis XXVII.3o.84 P (10a.), publicada en la página 2196, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, Materia Común Penal, con número de registro 2019043, cuyo rubro y texto son: ... Al caso se cita también la tesis VI.1o.C.51 C (10a.), consultable en la página 1728 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Época: Décima Época, Registro 2006630, del contenido siguiente: ... Además, respecto a los actos uno y dos reclamados al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque las etapas anteriores quedaron superadas precisamente al dictarse el auto de apertura a juicio oral, lo que hace imposible obligar a la autoridad a que reabra una fase que fue agotada; por ende, las violaciones procesales alegadas se consideran consumadas de modo irreparable. Es aplicable al caso la tesis II.1o.P.20 P (10a.), publicada en la página 2439, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Común Penal, con número de registro 2018076, cuyo rubro y texto son: ... Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Javier García González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, de conformidad con el 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia señaladas. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el promovente. Autorizados. Se tienen por autorizados a Ángel Albarrán Bernal y a Vicente Beltrán Ocampo en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
VI) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; catorce de marzo de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Javier García González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 325/2019-VI. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ... Ahora bien de la precisión del acto reclamado hecha con antelación, procede desechar de plano con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente: ... De la interpretación del precepto legal transcrito parcialmente, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III, de su artículo 107, en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos humanos, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en las fracciones XVIII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, para lo que interesa en este estudio, como ya se dijo, conviene invocar la hipótesis normativa contenida en la fracción XVIII, cuyo contenido fue citado en párrafos precedentes. Por ello, se concluye que la sanción que corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en el desechamiento del juicio intentado, merced a la improcedencia de la acción de amparo que en su caso se promueva. Así pues, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la parte inconforme tilda de inconstitucional: Del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, en la que no acordó de conformidad la solicitud de nulidad de actuaciones solicitada, dentro de la carpeta administrativa 947/2018. La celebración de la audiencia intermedia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve donde se ordenó la apertura del juicio oral dentro de la carpeta administrativa 947/2018. Del Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: El auto de radicación del juicio oral de siete de marzo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio oral 60/2019, donde se señaló fecha para la audiencia de debate. Éstos no tienen el carácter de definitivos, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima que las determinaciones reclamadas pueden ser modificada, revocada o confirmada a través del recurso de revocación. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: ... Así las cosas, la determinación que por esta vía impugna el quejoso, encuadra en el supuesto del artículo 465 del Código Nacional Procedimientos Penales; por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, el quejoso debió agotar el recurso de revocación contra los actos reclamados, pues el citado artículo dispone que las resoluciones emitidas por una autoridad judicial de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación serán revocables; por tanto, al establecer la legislación la procedencia de la revocación, resulta evidente que debió interponer el medio de impugnación de referencia. Sin que el quejoso se encuentre en alguna de las excepciones que contempla la propia fracción XVIII de la ley de la materia; en tal virtud, el quejoso estaba obligado a combatir la resolución reclamada por medio del recurso ordinario antes de acudir al juicio de amparo. Asimismo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional. En efecto, del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que los actos reclamados son violaciones procesales respecto de la cual el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que dichas determinaciones no son impugnables mediante el juicio de amparo indirecto porque constituyen una cuestión de índole procesal que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, a efecto de evidenciarlo es necesario traer al contexto el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, así como 107, fracción III, inciso b), Constitucional que disponen: ... De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo será improcedente cuando ello derive del incumplimiento de alguna disposición de la Carga Magna o bien, de la propia ley que rige la materia, conforme a la cual, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos que sean de imposible reparación, lo que también dispone el Canon Fundamental, con la precisión de que conforme al precepto de la ley de la materia, el legislador establece que deben considerarse actos de imposible reparación, aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Resulta conveniente destacar que en relación a este tópico, al resolver la Contradicción de Tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la que considera que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer qué debe entenderse por dichos actos; con lo cual legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal precisó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que deberían recaer en derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Destacando que a partir de esa interpretación se deducían las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos" lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Concluyendo que dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debería prescindirse de la aplicación del criterio de ese Tribunal Pleno, en el que se reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", ya que al ser emitido a la luz de la Ley de Amparo anterior, hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal. En ese contexto, es evidente que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia en análisis, pues los acuerdos donde a) no acordó de conformidad la solicitud de nulidad de actuaciones, b) La celebración de la audiencia intermedia donde se ordenó la apertura del juicio oral, y c) el auto de radicación del juicio oral, donde se señaló fecha para la audiencia de debate, no producen una afectación material a los derechos sustantivos del quejoso, toda vez que las consecuencias de los actos reclamados, en su caso, ocasionarían una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente trascenderá el resultado del fallo, esto es aun y cuando se no se acordó favorable la nulidad de actuaciones y, por lo tanto se celebró la audiencia intermedia y se apertura la de juicio oral, la sentencia que se emita le puede ser favorable al quejoso, es decir, no necesariamente trascendería el resultado de la sentencia; por ello, dichos actos no lesionan derechos sustantivos en forma irreparable. Es aplicable en lo conducente la tesis XXVII.3o.84 P (10a.), publicada en la página 2196, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, Décima Época, Materia Común Penal, con número de registro 2019043, cuyo rubro y texto son: ... Al caso se cita también la tesis VI.1o.C.51 C (10a.), consultable en la página 1728 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Época: Décima Época, Registro 2006630, del contenido siguiente: ... Además, respecto a los actos uno y dos reclamados al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, porque las etapas anteriores quedaron superadas precisamente al dictarse el auto de apertura a juicio oral, lo que hace imposible obligar a la autoridad a que reabra una fase que fue agotada; por ende, las violaciones procesales alegadas se consideran consumadas de modo irreparable. Es aplicable al caso la tesis II.1o.P.20 P (10a.), publicada en la página 2439, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Común Penal, con número de registro 2018076, cuyo rubro y texto son: ... Por lo anteriormente expuesto, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Javier García González, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y Juez del Tribunal de Enjuiciamiento del mismo Distrito Judicial, de conformidad con el 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia señaladas. Domicilio. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por el promovente. Autorizados. Se tienen por autorizados a Ángel Albarrán Bernal y a Vicente Beltrán Ocampo en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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