Javier Cruz Monroy
Expediente 1905/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1905/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/02/2019
Partes del expediente
- Javier Cruz Monroy
- Segunda Sala Civil de la Región Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
V. Toluca, Estado de México a veintidós de febrero de dos mil diecinueve. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de once de los cursantes, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Ahora, del estado procesal de este asunto, se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
V) Toluca, Estado de México a once de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se evidencia que la parte quejosa Javier Cruz Monroy, quien se ostenta como Presidente Municipal de Villa del Carbón, Estado de México, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Toluca, Estado de México; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (f. 41-45), y con apoyo en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones, así como las subsecuentes que deberán ser personales por medio de lista que se fija en este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al que anexa testimonio de la ejecutoria dictada el veinticinco de enero del año en curso, en el conflicto competencial 1/2019 de su índice, en el que determinó declarar que este Juzgado de Distrito debe continuar el conocimiento del presente asunto; en consecuencia, acúsese recibo a la superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda respectiva, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos del ordenamiento citado, por las razones que a continuación se indican. Los ordinales 61 fracción XXIII y 107, fracción V, de la ley de la materia prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De la demanda se desprende que se señala como acto reclamado la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 769/2018 del índice de la Primera Sala Civil Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual confirma la resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la que se desestima la excepción de cosa juzgada, emitida en el expediente 537/2018, de la estadística del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, relativo al juicio de nulidad absoluta y plena del supuesto acuerdo de reordenamiento del Tianguis Municipal de Villa del Carbón, Estado de México. En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no es considerado como de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional, pues del acto reclamado se advierte que no se reclama por alguna infracción a un derecho humano, como se advierte de la lectura de demanda de amparo. Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama, porque dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otras, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías fundamentales y los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que tratándose de la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 769/2018 del índice de la Primera Sala Civil Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, mediante el cual confirma la resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la que se desestima la excepción de cosa juzgada, emitida en el expediente 537/2018, de la estadística del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México, relativo al juicio de nulidad absoluta y plena del supuesto acuerdo de reordenamiento del Tianguis Municipal de Villa del Carbón, Estado de México, la cual no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva, si es contraria a los intereses del impetrante de amparo. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en el toca de apelación 769/2018 del índice de la Sala responsable, mediante el cual confirma la resolución interlocutoria de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en la que se desestima la excepción de cosa juzgada, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable. Por lo tanto, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado o derechos humanos tutelados en los tratados internacionales, protegidos por las garantías consagradas en la Carta Magna, que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V del ordinal 107 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, debe combatirse hasta que se dicte la sentencia en la hipótesis que ésta sea desfavorable al afectado, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación, como se refirió anteriormente. Es aplicable a esta determinación la tesis jurisprudencial IV.2º.C. J/2 (10ª), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo III, visible en la página 1539 que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013): El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De igual manera, complementa a esta determinación la tesis jurisprudencial P./J. 12/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, visible en la página 6 que dice: "COSA JUZGADA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA ESTA EXCEPCIÓN, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Contra la resolución que desestima la excepción de cosa juzgada es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que afecten materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo; esto es, aquella resolución es un acto de naturaleza procesal, por lo que la única consecuencia que genera la improcedencia del amparo indirecto, es que continúe la secuela procesal del juicio de origen hasta el dictado de la sentencia definitiva, por lo que no da lugar a una afectación material directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación. Por otro lado, no puede estimarse que exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, toda vez que la violación procesal que se pretende combatir a través del juicio de amparo indirecto puede resolverse en sentido favorable al interesado en la sentencia definitiva, por lo que no habrá trascendido en su perjuicio, además de que el hecho de que no proceda el juicio de amparo indirecto, no significa que el inconforme quede sin defensa, sino que tiene que sujetarse a los requisitos, términos, plazos y límites establecidos en el sistema jurídico mexicano, máxime que al tratarse de un derecho procesal, éste se encuentra dentro de la categoría de garantías judiciales que proporcionan el debido acceso a la justicia, el cual, en su caso, puede llegar a analizarse y restituirse a través del juicio de amparo directo.". En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.
- Principal
V. Toluca, Estado de México a dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 591/2018-V (orden 591/2018), derivado del presente juicio de amparo, a través del cual se solicitó notificar al quejoso el auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Al oficio y anexo referido se le otorga pleno valor probatorio, pues se reconoce como medio de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En ese sentido, para los efectos legales conducentes certifíquese el oficio de referencia, de conformidad con la Jurisprudencia 1a/J. 27/2007 visible en la página treinta, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, Novena Época, cuyo rubro es: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Por tanto, con fundamento el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene por notificada a la parte quejosa del auto de mérito. Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. Toluca, Estado de México a ocho de enero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio cual el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, comunica que registró el posible conflicto competencial suscitado entre este juzgado y el Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con el número 1/2019; circunstancia de la cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional y estese en espera de la determinación que el superior realice al conflicto de mérito. Notifíquese.
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