Javier Eduardo Castañeda Cortes

Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
442/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Javier Eduardo Castañeda Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Declara firme auto. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por lista, previo citatorio, al tercero interesado Guillermo Rojas Ramírez el veinte de septiembre de dos mil veintitrés; la cual, surtió efectos al siguiente día hábil, es decir, el jueves veintiuno de septiembre, de conformidad con el artículo 31, fracción II, de la Ley de Amparo y, por ende, el aludido plazo transcurrió del veintidós de septiembre al trece de octubre de la presente anualidad, previo descuento de los días: i) veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, así como uno, siete y ocho de octubre, por ser sábados y domingos, inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) doce de octubre por disposición expresa de dicho numeral. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme. II. Archivo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones e insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en los artículos 14, fracción II, y 17 fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 9 del Acuerdo. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17 fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. III. Devolución de documentos a las partes. Por otro lado, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que se remitieron en complemento al informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, las documentales siguientes: ( Dos discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el tres de abril y veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA; y, ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el cuaderno auxiliar I de pruebas del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las documentales devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye a la persona actuaria judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que en el acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Para dar margen a lo anterior, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en la foja en donde obra la mica que contiene el segundo disco antes aludido -foja 148 del juicio de amparo en que se actúa-, para los efectos legales procedentes. IV. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por lista al tercero interesado *** -víctima del delito-; por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, mediante cualquier medio de comunicación interna a la persona actuaria de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido a la jueza responsable.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintiocho de julio de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso ***, respecto la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el veintitrés de agosto del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de veintinueve de agosto del actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, por contravenir los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en el artículo 20, Apartados A, fracción V, y B, fracciones I y IX, de la Constitución. Consecuentemente, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Esto se justificó, en lo que interesa, en lo siguiente: A. Se indicó que la agente del ministerio público no acreditó la necesidad de que continuara la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, teniendo en cuenta los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado tanto en el amparo en revisión 315/2021 como en diversos precedentes para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y/o, c) la conducta de las autoridades. B. Ciertamente, se refirió que los motivos que expuso no se encontraban justificados, pues, respecto a la complejidad del asunto, únicamente hizo alusión a la pluralidad de los sujetos activos y a la existencia de un concurso de delitos; motivos que, por sí solos, no evidenciaban que el asunto tuviera el grado complejidad que ameritara la prolongación de la medida y la falta de la resolución que pusiera fin al conflicto. C. Al respecto, se estimó que la fiscal debió exponer y acreditar, con elementos de convicción, cómo esas circunstancias retrasaban la solución del conflicto para justificar la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, más si se tomaba en consideración que la defensa particular del quejoso, en su exposición, narró que el tres de abril de dos mil veintiuno se inició la investigación complementaria con el dictado del auto de vinculación a proceso y que el veintiuno de julio de dos mil veintiuno se había cerrado la misma y se había formulado acusación en contra de su representado. D. Lo anterior, a criterio de este juzgador, denotó que desde esta última fecha, esto es, casi dos años antes de la emisión de la resolución reclamada -tres de abril de dos mil veintitrés-, el proceso penal estaba listo para proseguir con la etapa intermedia y, en su caso, con el juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento; por lo que, como lo había señalado la defensa, la prolongación de la prisión preventiva oficiosa no encontraba justificación en la complejidad del asunto alegada por la representación social. Dicho de otra forma, a partir del momento en que el ministerio público formuló su acusación, no existían más líneas de investigación que agotar ni más medios de convicción que recabar por su parte, por lo que se encontraba en condiciones de continuar con las siguientes etapas del procedimiento penal: el desahogo de la audiencia intermedia y, en su caso, juicio oral. De ahí que, se reiteró, la complejidad del asunto que alegó no era idónea para prolongar la prisión preventiva. E. Por otro lado, por cuanto a la actividad procesal del interesado, se dijo que este órgano de control constitucional coincidía con la jueza de control en que la voluntad del imputado o acusado de culminar el controvertido penal a través del procedimiento abreviado constituía un acto de defensa; sin embargo, también se consideró que ese acto debía analizarse en conjunto con la obligación del ministerio público de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, prevista en el artículo 131, fracción XVIII, del código nacional. Ello, se precisó, cobraba mayor relevancia si se tomaba en cuenta que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del código nacional, disponían que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. F. En ese sentido, de la información expuesta en audiencia, se apreció que la defensa había realizado todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el procedimiento abreviado desde que se propuso el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, como el pago a la víctima de la reparación del daño y la manifestación de su voluntad ante la autoridad jurisdiccional, o por lo menos, se indicó, no se desprendía situación diferente, es decir, que la fiscalía hubiere expresado y demostrado que, al momento del dictado de la resolución reclamada, se encontrara pendiente algún acto que debiera realizar el quejoso o su defensa para la autorización de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso penal. G. En cambio, por cuanto al aspecto relativo a la conducta de las autoridades, se pudo deducir que el ministerio público había incurrido en diversas omisiones para promover ante la jueza de control la solicitud de procedimiento abreviado de forma efectiva. En efecto, este juzgado se percató que la defensa particular indicó, en lo que interesa: i) que en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la fiscalía comunicando que existía un cambio de formatos para la solicitud del procedimiento abreviado y que se encontraba realizando todas las gestiones necesarias para cubrir con los requisitos respectivos; ii) que en atención a un requerimiento efectuado en una audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós -siete meses después-, la fiscalía general del estado informó, mediante oficio FGP/CGL/814/2022, que no existía solicitud de procedimiento abreviado respecto al ahora quejoso; iii) que el cinco de septiembre de dos mil veintidós -casi cuatro meses después-, se tuvo a la fiscalía manifestando que ya estaba en condiciones para el desahogo del procedimiento abreviado; y, iv) que la agente del ministerio público no compareció a las tres audiencias siguientes ni a las fijadas para el doce de enero y diecisiete de marzo, ambas de dos mil veintitrés. H. Se mencionó que esta información fue vertida en audiencia, sin que la fiscal la hubiera refutado o desvirtuado; por lo que se consideró que la dilación en el procedimiento, más que deberse al ejercicio de derecho de defensa, tuvo sustento en las faltas y omisiones del ministerio público, pues, como se vio, desde que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno se planteó ante la autoridad jurisdiccional, por primera vez, la posibilidad de culminar con el conflicto a través del procedimiento abreviado hasta el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en que la fiscalía informó que ya estaba en condiciones para tal efecto, transcurrió más de un año sin que se desahogara ese mecanismo anticipado. A ello, se dijo, se sumó la circunstancia de que, con posterioridad, la representación social no acudió a cinco citas de audiencia que se fijaron para ese fin y que hubo un lapso considerable en el que la fiscalía no hizo las gestiones condignas para la aprobación del procedimiento abreviado en relación con el ahora quejoso. I. Además, se precisó que reunir los formatos necesarios para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento abreviado; correspondía a la representación social y de ninguna manera podía ser imputable al ahora quejoso y a su defensa, ya que se trataban de formalidades meramente administrativas no reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales; máxime que, se insistió, hasta donde este juzgado se percató, el quejoso y su defensa habían gestionado y realizado todos los actos necesarios para la autorización de ese medio anticipado de solución del conflicto, como el pago de la reparación del daño. J. Por otro lado, se estimó que el riesgo de sustracción alegado por la fiscalía no era un aspecto que debía considerarse para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa cuando su duración había excedido de los dos años que establece artículo 20, apartado B, fracción IX, Constitucional, puesto que, en ese supuesto, el escrutinio que debe realizarse es el señalado en el amparo en revisión 315/2021; esto es, que la prórroga que solicitara la fiscalía se justificara en la complejidad del asunto, en la actividad procesal del interesado y/o en la conducta de las autoridades. En todo caso, se especificó, este aspecto alegado por la fiscalía, podía tomarse en consideración al momento de imponerse diversas medidas cautelares, si se había decidido que la prolongación de la prisión preventiva oficiosa no se encuentra justificada. K. En ese tenor, se consideró que la agente del ministerio público no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de las autoridades intervinientes en el proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Más bien se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional, siendo el único aspecto pendiente para ese fin -según se apreció del contenido de la audiencia-; por tanto, se concluyó que la jueza de control no ajustó su decisión al escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ocasionando que la medida cautelar se haya extendido innecesariamente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, una vez que se le requiriera el cumplimiento del fallo, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés. 3. Enseguida, siguiendo los lineamientos del fallo protector fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolver la solicitud de prórroga formulada por la agente del ministerio público, declarando que no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia -. Y, en consecuencia, ordenara el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, debía abrir debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Se precisó que la referida jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado; sin embargo, si por causas de fuerza mayor, dicha jueza no podía presidir ni llevar a cabo la audiencia de cumplimiento al fallo, la persona juzgadora que se designara para tal efecto, después de dejar sin efectos el acto reclamado, en presencia de las partes comparecientes, debía reproducir en su integridad el registro de audio y video de la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés y, luego, proseguir con el cumplimiento de los demás efectos. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante oficio 34936/2023/JC, remitió un disco versátil digital, relativo al registro de audio y video de la audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa 990/2021/PUEBLA; de la cual, se advierte que realizó lo siguiente en cumplimiento al fallo protector: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno -acto reclamado-. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolvió la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, abrió debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Y una vez concluida la intervención de las partes, impuso al quejoso las siguientes medidas cautelares: i) la presentación periódica mensual; ii) prohibición de salir del Estado de Puebla; y, iii) no acercarse a las víctimas por ningún medio. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la resolución reclamada; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés; iii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa; y, iv) previo debate entre las partes, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente al tercero interesado ***-víctima del delito-; y, por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintiocho de julio de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso ***, respecto la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el veintitrés de agosto del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de veintinueve de agosto del actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, por contravenir los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en el artículo 20, Apartados A, fracción V, y B, fracciones I y IX, de la Constitución. Consecuentemente, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Esto se justificó, en lo que interesa, en lo siguiente: A. Se indicó que la agente del ministerio público no acreditó la necesidad de que continuara la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, teniendo en cuenta los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado tanto en el amparo en revisión 315/2021 como en diversos precedentes para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y/o, c) la conducta de las autoridades. B. Ciertamente, se refirió que los motivos que expuso no se encontraban justificados, pues, respecto a la complejidad del asunto, únicamente hizo alusión a la pluralidad de los sujetos activos y a la existencia de un concurso de delitos; motivos que, por sí solos, no evidenciaban que el asunto tuviera el grado complejidad que ameritara la prolongación de la medida y la falta de la resolución que pusiera fin al conflicto. C. Al respecto, se estimó que la fiscal debió exponer y acreditar, con elementos de convicción, cómo esas circunstancias retrasaban la solución del conflicto para justificar la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, más si se tomaba en consideración que la defensa particular del quejoso, en su exposición, narró que el tres de abril de dos mil veintiuno se inició la investigación complementaria con el dictado del auto de vinculación a proceso y que el veintiuno de julio de dos mil veintiuno se había cerrado la misma y se había formulado acusación en contra de su representado. D. Lo anterior, a criterio de este juzgador, denotó que desde esta última fecha, esto es, casi dos años antes de la emisión de la resolución reclamada -tres de abril de dos mil veintitrés-, el proceso penal estaba listo para proseguir con la etapa intermedia y, en su caso, con el juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento; por lo que, como lo había señalado la defensa, la prolongación de la prisión preventiva oficiosa no encontraba justificación en la complejidad del asunto alegada por la representación social. Dicho de otra forma, a partir del momento en que el ministerio público formuló su acusación, no existían más líneas de investigación que agotar ni más medios de convicción que recabar por su parte, por lo que se encontraba en condiciones de continuar con las siguientes etapas del procedimiento penal: el desahogo de la audiencia intermedia y, en su caso, juicio oral. De ahí que, se reiteró, la complejidad del asunto que alegó no era idónea para prolongar la prisión preventiva. E. Por otro lado, por cuanto a la actividad procesal del interesado, se dijo que este órgano de control constitucional coincidía con la jueza de control en que la voluntad del imputado o acusado de culminar el controvertido penal a través del procedimiento abreviado constituía un acto de defensa; sin embargo, también se consideró que ese acto debía analizarse en conjunto con la obligación del ministerio público de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, prevista en el artículo 131, fracción XVIII, del código nacional. Ello, se precisó, cobraba mayor relevancia si se tomaba en cuenta que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del código nacional, disponían que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. F. En ese sentido, de la información expuesta en audiencia, se apreció que la defensa había realizado todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el procedimiento abreviado desde que se propuso el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, como el pago a la víctima de la reparación del daño y la manifestación de su voluntad ante la autoridad jurisdiccional, o por lo menos, se indicó, no se desprendía situación diferente, es decir, que la fiscalía hubiere expresado y demostrado que, al momento del dictado de la resolución reclamada, se encontrara pendiente algún acto que debiera realizar el quejoso o su defensa para la autorización de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso penal. G. En cambio, por cuanto al aspecto relativo a la conducta de las autoridades, se pudo deducir que el ministerio público había incurrido en diversas omisiones para promover ante la jueza de control la solicitud de procedimiento abreviado de forma efectiva. En efecto, este juzgado se percató que la defensa particular indicó, en lo que interesa: i) que en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la fiscalía comunicando que existía un cambio de formatos para la solicitud del procedimiento abreviado y que se encontraba realizando todas las gestiones necesarias para cubrir con los requisitos respectivos; ii) que en atención a un requerimiento efectuado en una audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós -siete meses después-, la fiscalía general del estado informó, mediante oficio FGP/CGL/814/2022, que no existía solicitud de procedimiento abreviado respecto al ahora quejoso; iii) que el cinco de septiembre de dos mil veintidós -casi cuatro meses después-, se tuvo a la fiscalía manifestando que ya estaba en condiciones para el desahogo del procedimiento abreviado; y, iv) que la agente del ministerio público no compareció a las tres audiencias siguientes ni a las fijadas para el doce de enero y diecisiete de marzo, ambas de dos mil veintitrés. H. Se mencionó que esta información fue vertida en audiencia, sin que la fiscal la hubiera refutado o desvirtuado; por lo que se consideró que la dilación en el procedimiento, más que deberse al ejercicio de derecho de defensa, tuvo sustento en las faltas y omisiones del ministerio público, pues, como se vio, desde que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno se planteó ante la autoridad jurisdiccional, por primera vez, la posibilidad de culminar con el conflicto a través del procedimiento abreviado hasta el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en que la fiscalía informó que ya estaba en condiciones para tal efecto, transcurrió más de un año sin que se desahogara ese mecanismo anticipado. A ello, se dijo, se sumó la circunstancia de que, con posterioridad, la representación social no acudió a cinco citas de audiencia que se fijaron para ese fin y que hubo un lapso considerable en el que la fiscalía no hizo las gestiones condignas para la aprobación del procedimiento abreviado en relación con el ahora quejoso. I. Además, se precisó que reunir los formatos necesarios para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento abreviado; correspondía a la representación social y de ninguna manera podía ser imputable al ahora quejoso y a su defensa, ya que se trataban de formalidades meramente administrativas no reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales; máxime que, se insistió, hasta donde este juzgado se percató, el quejoso y su defensa habían gestionado y realizado todos los actos necesarios para la autorización de ese medio anticipado de solución del conflicto, como el pago de la reparación del daño. J. Por otro lado, se estimó que el riesgo de sustracción alegado por la fiscalía no era un aspecto que debía considerarse para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa cuando su duración había excedido de los dos años que establece artículo 20, apartado B, fracción IX, Constitucional, puesto que, en ese supuesto, el escrutinio que debe realizarse es el señalado en el amparo en revisión 315/2021; esto es, que la prórroga que solicitara la fiscalía se justificara en la complejidad del asunto, en la actividad procesal del interesado y/o en la conducta de las autoridades. En todo caso, se especificó, este aspecto alegado por la fiscalía, podía tomarse en consideración al momento de imponerse diversas medidas cautelares, si se había decidido que la prolongación de la prisión preventiva oficiosa no se encuentra justificada. K. En ese tenor, se consideró que la agente del ministerio público no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de las autoridades intervinientes en el proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Más bien se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional, siendo el único aspecto pendiente para ese fin -según se apreció del contenido de la audiencia-; por tanto, se concluyó que la jueza de control no ajustó su decisión al escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ocasionando que la medida cautelar se haya extendido innecesariamente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, una vez que se le requiriera el cumplimiento del fallo, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés. 3. Enseguida, siguiendo los lineamientos del fallo protector fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolver la solicitud de prórroga formulada por la agente del ministerio público, declarando que no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia -. Y, en consecuencia, ordenara el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, debía abrir debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Se precisó que la referida jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado; sin embargo, si por causas de fuerza mayor, dicha jueza no podía presidir ni llevar a cabo la audiencia de cumplimiento al fallo, la persona juzgadora que se designara para tal efecto, después de dejar sin efectos el acto reclamado, en presencia de las partes comparecientes, debía reproducir en su integridad el registro de audio y video de la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés y, luego, proseguir con el cumplimiento de los demás efectos. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante oficio 34936/2023/JC, remitió un disco versátil digital, relativo al registro de audio y video de la audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa 990/2021/PUEBLA; de la cual, se advierte que realizó lo siguiente en cumplimiento al fallo protector: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno -acto reclamado-. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolvió la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, abrió debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Y una vez concluida la intervención de las partes, impuso al quejoso las siguientes medidas cautelares: i) la presentación periódica mensual; ii) prohibición de salir del Estado de Puebla; y, iii) no acercarse a las víctimas por ningún medio. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la resolución reclamada; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés; iii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa; y, iv) previo debate entre las partes, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente al tercero interesado ***-víctima del delito-; y, por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, once de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintiocho de julio de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que concedió el amparo al quejoso ***, respecto la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando octavo y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el veintitrés de agosto del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de veintinueve de agosto del actual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestaran lo que estimaran conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se declaró inconstitucional la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ***en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno. Lo anterior, por contravenir los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal, consagrados en el artículo 20, Apartados A, fracción V, y B, fracciones I y IX, de la Constitución. Consecuentemente, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicho acto. Esto se justificó, en lo que interesa, en lo siguiente: A. Se indicó que la agente del ministerio público no acreditó la necesidad de que continuara la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso, teniendo en cuenta los elementos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado tanto en el amparo en revisión 315/2021 como en diversos precedentes para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa, a saber: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y/o, c) la conducta de las autoridades. B. Ciertamente, se refirió que los motivos que expuso no se encontraban justificados, pues, respecto a la complejidad del asunto, únicamente hizo alusión a la pluralidad de los sujetos activos y a la existencia de un concurso de delitos; motivos que, por sí solos, no evidenciaban que el asunto tuviera el grado complejidad que ameritara la prolongación de la medida y la falta de la resolución que pusiera fin al conflicto. C. Al respecto, se estimó que la fiscal debió exponer y acreditar, con elementos de convicción, cómo esas circunstancias retrasaban la solución del conflicto para justificar la necesidad de prorrogar la prisión preventiva, más si se tomaba en consideración que la defensa particular del quejoso, en su exposición, narró que el tres de abril de dos mil veintiuno se inició la investigación complementaria con el dictado del auto de vinculación a proceso y que el veintiuno de julio de dos mil veintiuno se había cerrado la misma y se había formulado acusación en contra de su representado. D. Lo anterior, a criterio de este juzgador, denotó que desde esta última fecha, esto es, casi dos años antes de la emisión de la resolución reclamada -tres de abril de dos mil veintitrés-, el proceso penal estaba listo para proseguir con la etapa intermedia y, en su caso, con el juicio oral ante un tribunal de enjuiciamiento; por lo que, como lo había señalado la defensa, la prolongación de la prisión preventiva oficiosa no encontraba justificación en la complejidad del asunto alegada por la representación social. Dicho de otra forma, a partir del momento en que el ministerio público formuló su acusación, no existían más líneas de investigación que agotar ni más medios de convicción que recabar por su parte, por lo que se encontraba en condiciones de continuar con las siguientes etapas del procedimiento penal: el desahogo de la audiencia intermedia y, en su caso, juicio oral. De ahí que, se reiteró, la complejidad del asunto que alegó no era idónea para prolongar la prisión preventiva. E. Por otro lado, por cuanto a la actividad procesal del interesado, se dijo que este órgano de control constitucional coincidía con la jueza de control en que la voluntad del imputado o acusado de culminar el controvertido penal a través del procedimiento abreviado constituía un acto de defensa; sin embargo, también se consideró que ese acto debía analizarse en conjunto con la obligación del ministerio público de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, prevista en el artículo 131, fracción XVIII, del código nacional. Ello, se precisó, cobraba mayor relevancia si se tomaba en cuenta que los artículos 201, fracción I, 202, párrafo primero, y 205, párrafo primero, del código nacional, disponían que corresponde únicamente al Ministerio Público solicitar el procedimiento abreviado. F. En ese sentido, de la información expuesta en audiencia, se apreció que la defensa había realizado todos los actos necesarios para que se llevara a cabo el procedimiento abreviado desde que se propuso el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, como el pago a la víctima de la reparación del daño y la manifestación de su voluntad ante la autoridad jurisdiccional, o por lo menos, se indicó, no se desprendía situación diferente, es decir, que la fiscalía hubiere expresado y demostrado que, al momento del dictado de la resolución reclamada, se encontrara pendiente algún acto que debiera realizar el quejoso o su defensa para la autorización de la mencionada forma anticipada de terminación del proceso penal. G. En cambio, por cuanto al aspecto relativo a la conducta de las autoridades, se pudo deducir que el ministerio público había incurrido en diversas omisiones para promover ante la jueza de control la solicitud de procedimiento abreviado de forma efectiva. En efecto, este juzgado se percató que la defensa particular indicó, en lo que interesa: i) que en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a la fiscalía comunicando que existía un cambio de formatos para la solicitud del procedimiento abreviado y que se encontraba realizando todas las gestiones necesarias para cubrir con los requisitos respectivos; ii) que en atención a un requerimiento efectuado en una audiencia de veintitrés de mayo de dos mil veintidós -siete meses después-, la fiscalía general del estado informó, mediante oficio FGP/CGL/814/2022, que no existía solicitud de procedimiento abreviado respecto al ahora quejoso; iii) que el cinco de septiembre de dos mil veintidós -casi cuatro meses después-, se tuvo a la fiscalía manifestando que ya estaba en condiciones para el desahogo del procedimiento abreviado; y, iv) que la agente del ministerio público no compareció a las tres audiencias siguientes ni a las fijadas para el doce de enero y diecisiete de marzo, ambas de dos mil veintitrés. H. Se mencionó que esta información fue vertida en audiencia, sin que la fiscal la hubiera refutado o desvirtuado; por lo que se consideró que la dilación en el procedimiento, más que deberse al ejercicio de derecho de defensa, tuvo sustento en las faltas y omisiones del ministerio público, pues, como se vio, desde que el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno se planteó ante la autoridad jurisdiccional, por primera vez, la posibilidad de culminar con el conflicto a través del procedimiento abreviado hasta el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en que la fiscalía informó que ya estaba en condiciones para tal efecto, transcurrió más de un año sin que se desahogara ese mecanismo anticipado. A ello, se dijo, se sumó la circunstancia de que, con posterioridad, la representación social no acudió a cinco citas de audiencia que se fijaron para ese fin y que hubo un lapso considerable en el que la fiscalía no hizo las gestiones condignas para la aprobación del procedimiento abreviado en relación con el ahora quejoso. I. Además, se precisó que reunir los formatos necesarios para acceder a la solución del conflicto a través del procedimiento abreviado; correspondía a la representación social y de ninguna manera podía ser imputable al ahora quejoso y a su defensa, ya que se trataban de formalidades meramente administrativas no reguladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales; máxime que, se insistió, hasta donde este juzgado se percató, el quejoso y su defensa habían gestionado y realizado todos los actos necesarios para la autorización de ese medio anticipado de solución del conflicto, como el pago de la reparación del daño. J. Por otro lado, se estimó que el riesgo de sustracción alegado por la fiscalía no era un aspecto que debía considerarse para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa cuando su duración había excedido de los dos años que establece artículo 20, apartado B, fracción IX, Constitucional, puesto que, en ese supuesto, el escrutinio que debe realizarse es el señalado en el amparo en revisión 315/2021; esto es, que la prórroga que solicitara la fiscalía se justificara en la complejidad del asunto, en la actividad procesal del interesado y/o en la conducta de las autoridades. En todo caso, se especificó, este aspecto alegado por la fiscalía, podía tomarse en consideración al momento de imponerse diversas medidas cautelares, si se había decidido que la prolongación de la prisión preventiva oficiosa no se encuentra justificada. K. En ese tenor, se consideró que la agente del ministerio público no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de las autoridades intervinientes en el proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Más bien se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional, siendo el único aspecto pendiente para ese fin -según se apreció del contenido de la audiencia-; por tanto, se concluyó que la jueza de control no ajustó su decisión al escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ocasionando que la medida cautelar se haya extendido innecesariamente. En ese sentido, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, una vez que se le requiriera el cumplimiento del fallo, señalara fecha para la celebración de la audiencia en la que se habría de dar cumplimiento al fallo protector dentro de la causa penal 990/2021/PUEBLA, en donde debía realizar lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución reclamada. 2. Reiterar y dejar intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés. 3. Enseguida, siguiendo los lineamientos del fallo protector fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolver la solicitud de prórroga formulada por la agente del ministerio público, declarando que no demostró que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional -siendo el único aspecto pendiente para tal fin, como se apreció del contenido de la audiencia -. Y, en consecuencia, ordenara el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, debía abrir debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Se precisó que la referida jueza de control debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado; sin embargo, si por causas de fuerza mayor, dicha jueza no podía presidir ni llevar a cabo la audiencia de cumplimiento al fallo, la persona juzgadora que se designara para tal efecto, después de dejar sin efectos el acto reclamado, en presencia de las partes comparecientes, debía reproducir en su integridad el registro de audio y video de la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés y, luego, proseguir con el cumplimiento de los demás efectos. III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable Liszet del Carmen Fuentes Trueba, Jueza de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, mediante oficio 34936/2023/JC, remitió un disco versátil digital, relativo al registro de audio y video de la audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, llevada a cabo dentro de la carpeta judicial administrativa 990/2021/PUEBLA; de la cual, se advierte que realizó lo siguiente en cumplimiento al fallo protector: 1. Dejó insubsistente la resolución dictada en audiencia oral celebrada el tres de abril de dos mil veintitrés, en donde la jueza de control responsable, a petición del ministerio público, prorrogó por dos meses más la prisión preventiva oficiosa impuesta en audiencia inicial de tres de abril de dos mil veintiuno -acto reclamado-. 2. Reiteró y dejó intocado todo lo manifestado por las partes en la audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés. 3. Enseguida, con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, resolvió la solicitud de prórroga formulada por el ministerio público, declarando que no había demostrado que el asunto resultaba de tal complejidad, que la actividad procesal del interesado era el detonante de la dilación para la culminación del proceso y/o una conducta diligente de la autoridad jurisdiccional en la conducción del proceso, para justificar la prolongación de la prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso. Que, al contrario, se evidenció una dilación de su parte en realizar los trámites necesarios para proponer el procedimiento abreviado ante la autoridad jurisdiccional. Y, en consecuencia, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa. 4. Posteriormente, abrió debate para la discusión sobre la imposición al quejoso de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. Y una vez concluida la intervención de las partes, impuso al quejoso las siguientes medidas cautelares: i) la presentación periódica mensual; ii) prohibición de salir del Estado de Puebla; y, iii) no acercarse a las víctimas por ningún medio. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, la jueza de control responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos la resolución reclamada; ii) dictó una nueva en la que dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes en audiencia de tres de abril de dos mil veintitrés; iii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo del fallo y ajustándose escrutinio elevado de justificación que marcó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 315/2021, ordenó el cese de la prisión preventiva oficiosa; y, iv) previo debate entre las partes, impuso al quejoso medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese electrónicamente al quejoso ***, por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; personalmente al tercero interesado ***-víctima del delito-; y, por oficio a la autoridad responsable, a la fiscal tercera interesada y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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