Javier Cruz Martínez
Expediente 5/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/04/2019
Partes del expediente
- Javier Cruz Martínez
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, nueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ninguna de las partes interpuso el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, en contra del proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo que nos ocupa; por ende, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese conforme a derecho. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio 316/2019 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del acuerdo de pruebas de ocho de marzo de dos mil diecinueve; con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese al expediente para que obre como corresponda. Ahora bien, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por el quejoso Javier Cruz Martínez, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la referida legislación. Dispositivo legal que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir el artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que surta la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por el impetrante Javier Cruz Martínez, se hace consistir en la omisión de la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, de emitir el acuerdo de pruebas dentro del expediente administrativo laboral 204/E06/2017. Ahora bien, mediante el oficio de cuenta, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada del auto de ocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual dictó el acuerdo de pruebas dentro del juicio laboral de origen, cuya omisión de proveer constituía el acto reclamado dentro de este asunto. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con quince minutos del dos de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese conforme a derecho. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a la persona moral tercero interesada Pronatam, S. A de C. V., el auto de trece de marzo de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado del presente asunto, se advierte que en proveído de seis de febrero de dos mil diecinueve, se requirió a la Junta Especial Numero Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, y al Actuario adscrito a dicha autoridad laboral, ambos con sede en esta ciudad, para que allegaran diversas constancias; sin embargo, el doce de febrero de dos mil diecinueve, feneció el plazo de tres días otorgado para hacerlo, sin que hayan remitido algún documento (foja 24). En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a las mencionadas responsables, para que en el término de tres días, remitan las constancias en que se apoyaron para emitir sus actos presuntivamente ciertos; en la inteligencia de que sigue vigente el apercibimiento con que fueron conminadas en auto de seis de febrero del año actual. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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