Javier Castrellón de León
Expediente 611/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 611/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/07/2022
Partes del expediente
- Javier Castrellón de León
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de dieciséis de junio de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por ********************; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca en el local de este órgano jurisdiccional en día y hora hábil debidamente identificado, a efecto de recoger los documentos originales que en su caso hubiesen allegado a este asunto, previa constancia de recibo que se deje en autos; apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado éstos serán destruidos, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de demanda de amparo signado por Javier Castrellon de León, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 611/2022-IV. A continuación, se procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo que se recibe, de la que se advierten los siguientes actos reclamados y autoridad responsable: Autoridad responsable: a) Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa. Acto reclamado: "1.- Del C. Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, reclamo, el ilegal auto futuro e inminente que habrá de dictar la Responsable Ordenadora mediante el cual se le requiera a los demandados la entrega voluntaria de las escrituras de los predios que se hubieran rematado en la audiencia de remate, que se llevará a cabo dentro del Juicio Sumario Hipotecario No. 718/2015, auto mediante el cual se nos pretende privar de bienes de nuestra propiedad sin haberse respetado las formalidades esenciales del procedimiento judicial de donde nace el acto que como inconstitucional se reclama en este contradictorio constitucional." (sic) Como se analizará, en el presente juicio de amparo se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respecto, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad materia o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendió al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." En efecto, conforme al numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de amparo en vigor, se desprende que el legislador en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate en aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice. Además, sobre el tema existe criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 74/2015, en la que determinó que para efectos de la procedencia del juicio de amparo en los procedimientos de remate la última resolución impugnable es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados; es decir, no es necesario que se dicten ambas para que sea procedente el juicio de amparo, sino que basta que ordene alguna de ellas. Lo anteriormente resuelto dio origen a la jurisprudencia 1a./J.13/2016 (10a.) consultable en la página 1066, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común que en su rubro y texto dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Lo anterior así se considera, porque de la demanda de amparo se desprende que el acto deriva de un procedimiento de remate, en el cual, la contraparte del quejoso pidió al juez de conocimiento ordenara la escrituración de los inmuebles que refiere, pero esta determinación aún no es emitida, sino que medió un requerimiento previo según puede advertirse de los antecedentes del acto. Entonces, si el quejoso se duele de diversas violaciones cometidas durante el procedimiento de remate derivado del juicio hipotecario número 718/2015, tramitado por el Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, en el que se aprobó el remate celebrado en audiencia por videoconferencia zoom de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, y se adjudicó los inmuebles hipotecados a la parte actora; es evidente que no se está ante la última resolución para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que se haya emitido el acuerdo que ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien el que ordene entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, independientemente que solo se emita uno de ellos, lo cual no viene contenido en el acto que ahora reclama, por lo que en términos de lo dispuesto por el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías solo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, en la que indistintamente contenga la orden para el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados; lo que implica que el quejoso puede plantear en su demanda todas las violaciones que estimara se hubieren cometido durante dicho procedimiento, hasta en tanto se ordene alguna de ellas. En esa tesitura, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia que se ha estudiado, establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Castrellon de León, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Autorizados. Téngase al quejoso señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda de garantías, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Alfonso Hernández Rodríguez, quien tiene capturada su cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, de cuya consulta se agrega la impresión relativa; por cuanto hace al profesionistas Erick Fernando Robles Saldierna, se autoriza únicamente para el efecto de oír y recibir notificaciones, hasta en tanto demuestre a este Juzgado de Distrito contar con cédula profesional que lo acredite como licenciado en derecho. Notificaciones. En otro contexto, se desprende que la parte quejosa en su escrito de demanda, solicitó el acceso al expediente electrónico mediante firma electrónica (FIREL), al presente asunto, así como para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, y consultar acuerdos, resoluciones y sentencias emitidas en esta contienda. En términos del artículo 77 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a las tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se autoriza al licenciado Alfonso Hernández Rodríguez, para que tenga acceso al expediente electrónico y reciban notificaciones, por encontrarse registrado ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el correo electrónico alfohdz66@hotmail.com, con nombre de usuario "AlfonsoHernandez66". Acceso a la información. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. En mérito de lo expuesto se resuelve: ÚNICO: Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Javier Castrellon de León, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, por actualizarse, de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia invocada. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
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