Javier Castrellón de León
Expediente 608/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 608/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/07/2022
Partes del expediente
- Javier Castrellón de León
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de quince de junio de dos mil veintidós, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Javier Castrellón de León; por ende, con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por Javier Castrellón de León, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Valle Hermoso, por violaciones que estima del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado Federal bajo el número 608/2022-I. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que como autoridad responsable y acto reclamado, se señalaron los siguientes: Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Valle Hermoso. "Del C. Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuatro Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, reclamo, la ilegal resolución incidental de fecha 23-veintitrés de mayo de 2022-dos mil veintidós, que por escrito emitiera la Responsable dentro del juicio ordinario mercantil número 108/2014, mediante el cual resuelve el recurso de revocación que presentara la parte actora en contra de la admisión de la prueba confesional, en donde decreta revocar el auto de fecha 29-veintinueve de marzo de 2022-dos mil veintidós, y dejar de admitir la prueba confesional a cargo del director general de la persona moral demandante." Como se analizará, en el presente asunto se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo en vigor, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [...] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;" Se dice lo anterior, ya que en la especie, el acto que se combate en esta vía constitucional, no puede considerarse de aquéllos que deban producir sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para que sea procedente el juicio de garantías biinstancial. En efecto, de la demanda de amparo en análisis, se advierte que: El quejoso Javier Catrellón de León, es parte demandada en el juicio origen del acto reclamado. En dicho juicio el demandado aquí quejoso ofreció como prueba de su intención, entre otras, una confesional a cargo del ingeniero Ramón García Salinas, misma que fue admitida por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós. En contra de lo anterior, la parte actora aquí tercero interesada interpuso el recurso de revocación, mismo que fue declarado procedente y, como consecuencia de ello, dejó de admitir la prueba confesional a cargo del ingeniero Ramón García Salinas. Ahora bien, de la lectura de dichos antecedentes y de la totalidad de la demanda de garantías que nos ocupa, se desprende que la inconformidad planteada por el aquí quejoso, que origina su causa de pedir, tiene que ver con la circunstancia de que el Juez natural hubiese desechado la prueba confesional a cargo del ingeniero Ramón García Salinas, misma que había admitido con anterioridad dentro del expediente 108/2014, relativo al juicio ejecutivo mercantil. Ante ello, es evidente que dicho acto de autoridad por esta vía impugnado, constituye una violación procesal cuya ejecución no es de imposible reparación y solo tiene efectos intraprocesales, toda vez que con su dictado no se causa al quejoso un agravio directo a los derechos fundamentales que tutela la Ley Suprema, como son, la libertad, integridad física, posesiones o derechos; y en caso de trascender al resultado de la sentencia que en el juicio de origen se dicte, podrá alegarse y demostrarse como violación procesal a través del juicio de amparo directo que se promueva, en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. Esto es así, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 constitucional, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción procede el amparo indirecto cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten personas extrañas al juicio. En efecto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtenerse una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata. Lo anterior encuentra fundamento en la tesis de jurisprudencia número IX.1º.J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1303, Tomo XVI, octubre de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO. El artículo 161, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo, al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio; esto implica que el juicio de amparo indirecto es improcedente para reclamar una infracción a las normas que rigen el procedimiento, ya que sería inadmisible que éste pudiera promoverse tantas veces como violaciones de este carácter se estima fueron cometidas en un procedimiento, motivando con ello que se demore la resolución de dicho conflicto, pues lo que se pretende es la continuación del procedimiento sin mayores obstáculos, pero con la posibilidad legal de reclamar todas las violaciones procesales que se llegaran a cometer, a través de un solo juicio de garantías que se tramita en la vía directa, en contra de la sentencia, laudo o resolución que pone fin al juicio." Así como, en la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/7, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1536, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de mayo de 2006, Novena Época, que dice: "GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU VIOLACIÓN EN FORMA TEMPORAL NO OTORGA AL ACTO LA CARACTERÍSTICA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. Conforme a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos o fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Carta Magna por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se extinguen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio. Partiendo de tal interpretación es dable concluir que la posible afectación que en forma temporal se pudiera ocasionar con un acto de autoridad a la garantía de impartición de justicia pronta, completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal, verbigracia, el auto que desecha un recurso, el auto que no admite pruebas, etcétera, de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses en el juicio natural, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del quejoso." Por tanto, el acto reclamado por el quejoso en el presente asunto, no puede ser considerado como un acto de imposible reparación, ya que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, y sus efectos en ese tipo de violaciones son meramente formales y pueden ser reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable, pues se trata de una prueba confesional que le fuera desechada; luego, como ve, el acto reclamado en el supuesto de que trascienda al resultado de la sentencia definitiva que se dicte, únicamente afectaría las defensas del quejoso, que podrá alegarse y demostrarse como violación procesal a través del juicio de amparo directo que se promueva, en términos de lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor. En consecuencia, el acto que por esta vía reclama el quejoso, no debe reclamarse en amparo indirecto pues no constituye en un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que debe ser combatida en amparo directo en caso de que se dicte una resolución desfavorable a sus intereses. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada X.1o.20 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 1196, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, cuyo rubro y texto dice: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. MPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso." En esa tesitura, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia que se ha estudiado, establecida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo en vigor, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Javier Castrellón de León, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Valle Hermoso. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otro lado, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como autorizados para oírlas, recibirlas e imponerse de los autos, a los profesionistas que se mencionan en la misma. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Con el fundamento apuntado, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Javier Castrellón de León, contra actos del Juez de Primera Instancia Mixto del Décimo Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en Valle Hermoso. Notifíquese personalmente.
- Principal
I. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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