Javier Cote Pérez
Expediente 920/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Javier Cote Pérez
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en auto de tres de agosto de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha determinación ha causado estado. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo judicial del presente juicio de amparo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veintitrés de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional dentro de los treinta días siguientes, realizará la destrucción correspondiente y concluida la misma, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Como se señaló en la certificación que antecede, en el presente juicio de amparo no obran documentos originales aportados por el quejoso. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales consiguientes, la razón de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, levantada por el Actuario Judicial adscrito, de la que se advierte la imposibilidad para notificar al quejoso ********** el proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, en razón de que dicho fedatario hace constar que al enviar la notificación de dicho auto al correo electrónico proporcionado por la parte quejosa, apareció una leyenda que dice: "No se encontró despachojuridicag108 en gmail.com", de la cual anexa una impresión; además, de autos se advierte la diversa razón de doce de agosto del presente año, en la cual el Actuario Judicial asentó la imposibilidad de notificar personalmente al impetrante el referido proveído de desechamiento de la demanda amparo, en virtud de que no logró ubicar el domicilio señalado en calle Morelos número diez, Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala, y al preguntar en una tienda de abarrotes denominada "LUPITA" fue informado que la persona buscada ya no habita en esa avenida. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento realizado en auto de tres de agosto del año en curso, por lo cual se comisiona al Actuario Judicial para que notifique por lista a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de tres de agosto del año en curso y las subsecuentes resoluciones, aun las que deban ser personales, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio en la ciudad de Apizaco y/o Tlaxcala para tales efectos. Notifíquese y por lista al quejoso el auto de tres de agosto del año en curso. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 3 DE AGOSTO DE 2022. Apizaco, Tlaxcala, a tres de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Procuradora General de Justicia de Tlaxcala y otra autoridad. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 920/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo; para lo cual se recuerda que el peticionario de amparo señala como acto reclamado: La restricción de mi derecho humano de acceso a la justicia derivada de las omisiones del representante social de practicar las investigaciones para la debida integración de la carpeta de investigación AITLAX/T2/598/2022. La falta de determinación de la referida investigación, en el sentido de integrar y judicializar en contra de quien resulte responsable. Atento a lo anterior, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Importa tener presente que de acuerdo con el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, el juicio constitucional es improcedente en contra actos de autoridades administrativas (distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo), que deban ser revisados de oficio, o en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del medio de defensa, con los mismos alcances que prevé la propia ley y, sin exigir mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el de la suspensión provisional. Sin embargo, se prevé que no existe obligación de agotar tales medios de defensa y, por tanto, se puede acudir directamente al juicio de amparo, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, en el caso, es menester traer a contexto los artículos 109, fracción XXI, y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. De acuerdo con los numerales transcritos, la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 antes citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria; por lo que puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Por tanto, como la parte quejosa reclama omisiones atribuidas al representante social durante la integración de la carpeta de investigación, debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa; de ahí que si el accionante constitucional no lo hizo así, es patente que no agotó el medio de impugnación ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Situación que incluso es más benéfica para la parte peticionaria del amparo, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el juez de control resolvería lo conducente sobre las omisiones atribuidas al agente investigador y no tendría que esperarse la dilación necesaria y complejidad que implica el trámite del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad. Así como la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho aimpugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Consecuentemente, dado que el promovente del amparo inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, con fundamento en el numeral 113 de dicha legislación, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. PROPORCIONA CORREO. Por otra parte, se tiene a la quejosa proporcionando como una forma especial y expedita de contacto no procesal, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a ********** por contar con cédula registrada ante el Registro Nacional de Profesiones. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de cámaras fotográficas o cualquier otro medio electrónico de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a quince de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales consiguientes, la razón levantada por el Actuario Judicial adscrito de doce de agosto de dos mil veintidós, en la que asienta la imposibilidad de notificar personalmente al quejoso ****** el proveído de tres de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, en virtud de que el fedatario judicial no logró ubicar el domicilio señalado en calle Morelos número diez, Santa María Acuitlapilco, Tlaxcala, y al preguntar en una tienda de abarrotes denominada "LUPITA" fue informado que la persona buscada ya no habita en esa avenida, de lo cual esta autoridad judicial toma conocimiento. Ahora bien, tomando en consideración que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso ****** proporcionó el correo electrónico despachojuridicag108@gmail.com, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que comunique este acuerdo al antes nombrado y lo requiera para que en el término de tres días contados a partir de la recepción de dicho correo, señale un domicilio cierto en las ciudades de Apizaco o Tlaxcala, Tlaxcala, donde pueda ser notificado, apercibido que de no hacerlo, se procederá a notificar por lista el acuerdo de tres de agosto del año en curso, así como las subsecuentes resoluciones, de conformidad con los artículos 26, fracción III, 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese y comuníquese este auto por correo electrónico al quejoso.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a tres de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por derecho propio, contra actos de la Procuradora General de Justicia de Tlaxcala y otra autoridad. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 920/2022. En el entendido de que las constancias inherentes a los cuadernillos auxiliares, o bien que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan, ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 112, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo imponen, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo; para lo cual se recuerda que el peticionario de amparo señala como acto reclamado: La restricción de mi derecho humano de acceso a la justicia derivada de las omisiones del representante social de practicar las investigaciones para la debida integración de la carpeta de investigación AITLAX/T2/598/2022. La falta de determinación de la referida investigación, en el sentido de integrar y judicializar en contra de quien resulte responsable. Atento a lo anterior, se estima que debe desecharse de plano la demanda de amparo al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Importa tener presente que de acuerdo con el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia, el juicio constitucional es improcedente en contra actos de autoridades administrativas (distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo), que deban ser revisados de oficio, o en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; siempre que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del medio de defensa, con los mismos alcances que prevé la propia ley y, sin exigir mayores requisitos que los requeridos para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el de la suspensión provisional. Sin embargo, se prevé que no existe obligación de agotar tales medios de defensa y, por tanto, se puede acudir directamente al juicio de amparo, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la constitución o cuando el recurso se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Ahora bien, en el caso, es menester traer a contexto los artículos 109, fracción XXI, y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen lo siguiente: [.] Artículo 109. Derecho de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la victima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]. [.] Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir, en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación." De acuerdo con los numerales transcritos, la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 antes citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria; por lo que puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora [.]. Por tanto, como la parte quejosa reclama omisiones atribuidas al representante social durante la integración de la carpeta de investigación, debe entenderse, en relación con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que previamente a acudir a éste, debió impugnarse a través del referido medio ordinario de defensa; de ahí que si el accionante constitucional no lo hizo así, es patente que no agotó el medio de impugnación ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Situación que incluso es más benéfica para la parte peticionaria del amparo, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el juez de control resolvería lo conducente sobre las omisiones atribuidas al agente investigador y no tendría que esperarse la dilación necesaria y complejidad que implica el trámite del juicio de amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: [.] SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad [.]. Así como la Jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: [.] SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho aimpugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos [...]. Consecuentemente, dado que el promovente del amparo inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XX, del numeral 61 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, con fundamento en el numeral 113 de dicha legislación, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a los impetrantes que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. PROPORCIONA CORREO. Por otra parte, se tiene a la quejosa proporcionando como una forma especial y expedita de contacto no procesal, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS AMPLIOS. Por otra parte, como lo solicita la quejosa, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo a ********** por contar con cédula registrada ante el Registro Nacional de Profesiones. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otro lado, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de cámaras fotográficas o cualquier otro medio electrónico de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura. TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente al quejoso.
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