Javier Estrada Espinoza y Otros.

Expediente 32/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
32/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • Javier Estrada Espinoza y Otros.
  • Presidente Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala
  • Raúl Morales Arista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de dos de mayo de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su ARCHIVO judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. No se omite señalar que el documento que exhibió la parte quejosa dentro del presente juicio, se encuentra catalogado como no original; por tanto, es procedente su devolución y se autoriza desde este momento en caso de que así lo solicite, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de noventa días, se destruirán junto con el expediente, de conformidad con el artículo 21 de Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dos de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, mediante el cual, da cumplimiento a los requerimientos que se les hizo en proveídos de nueve de marzo y diecinueve de abril del año en curso; para tal efecto, remite copia autentificada del oficio SMC/078/22, de veintiséis de abril del presente año, del cual se advierte la notificación realizada a la parte quejosa del contenido de dicho oficio, así como de diversas constancias, mismas que tienen relación con el acto reclamado dentro del presente juicio. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes, dada la determinación que se emitirá a continuación: SE ACTUALIZA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, es menester precisar que la parte quejosa, señaló como acto reclamado dentro del presente juicio, la negativa por parte de las autoridades responsables, de dar contestación a su petición presentada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, relativa a expedirles copia certificada correspondiente a la acta recepción realizada por la administración municipal 2017-2021 y 2021-2024 del Ayuntamiento Municipal de Calpulalpan, Tlaxcala. Por su parte la autoridad responsable oficiante, manifiesta en su oficio de cuenta, que el pasado veintiséis de abril del año en curso, emitió el oficio SMC/078/22, mediante el cual se dio contestación a la petición de los ahora quejosos, y les fue entregadas las copias certificadas materia de la presente litis, adjuntando para tal efecto, el acuse de recibo del citado oficio con fecha de recibido de veintiocho de abril pasado. En ese sentido, es evidente que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)." De la transcripción anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "Época: Novena Época Registro: 917637 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 103 Página: 81 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Como se anunció con anterioridad, cesaron los efectos de los actos reclamados, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, al estar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Es aplicable a la anterior consideración, por su identidad jurídica la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que a la letra dice: "Época: Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA. En consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno las diez horas con treinta y dos minutos del tres de mayo de dos mil veintidós, fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio. Notifíquese; por lista a la parte quejosa por ser el lugar señalado para tal efecto, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que mediante auto de veintidós de marzo de año en curso, se requirió a la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, remitiera las constancias solicitadas mediante auto de nueve de marzo del año en curso, consistentes en copia certificada del acuerdo que recayó al escrito petitorio -materia de la presente litis-, así como la notificación realizada de dicho acuerdo al hoy quejoso; sin embargo a la fecha dicha autoridad no ha dado cumplimiento al citado requerimiento, no obstante de estar debidamente notificada, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos. Por tanto, requiérase nuevamente a la mencionada autoridad responsable, para que remita copia certificada de todas y cada una de las constancias que tengan relación con el acto reclamado, de conformidad en lo establecido por el artículo 75 de la Ley de Amparo, a fin de sustentar lo manifestado en su informe justificado; subsistiendo el apercibimiento decretado en autos. Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que mediante auto de veintidós de marzo de año en curso, se requirió a la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, remitiera las constancias solicitadas mediante auto de nueve de marzo del año en curso, consistentes en copia certificada del acuerdo que recayó al escrito petitorio -materia de la presente litis-, así como la notificación realizada de dicho acuerdo al hoy quejoso; en consecuencia, se aprecia que aun transcurre el término establecido en el artículo 24 de la Ley de Amparo, para que se lleve a cabo la mencionada notificación encomendada al Actuario adscrito a este juzgado. En tal virtud, a fin de que transcurra en su totalidad el referido término, se difiere y en su lugar se fijan las DEIZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que mediante auto de veintidós de marzo de año en curso, se requirió a la autoridad responsable Síndico Municipal del Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, remitiera las constancias solicitadas mediante auto de nueve de marzo del año en curso, consistentes en copia certificada del acuerdo que recayó al escrito petitorio -materia de la presente litis-, así como la notificación realizada de dicho acuerdo al hoy quejoso; en consecuencia, se aprecia que aun transcurre el término establecido en el artículo 24 de la Ley de Amparo, para que se lleve a cabo la mencionada notificación encomendada al Actuario adscrito a este juzgado. En tal virtud, a fin de que transcurra en su totalidad el referido término, se difiere y en su lugar se fijan las DEIZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.

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