Javier Carreño Flores
Expediente 759/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 759/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Javier Carreño Flores
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Consideraciones previas. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la notificación personal del auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se notificó hasta el mes de febrero del presente año, tal como se indica en la certificación que antecede, por virtud de la suspensión de funciones jurisdiccionales prevista para los períodos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, así como del diecinueve de enero, al nueve de febrero de dos mil veintiuno, ello en términos de las circulares CAP/3/2020, SECNO/4/2021 y SECNO/6/2021, emitidas por las autoridades correspondientes del Consejo de la Judicatura Federal, en las cuales se informó que durante los períodos citados los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación regresaban al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Último período de suspensión que fue modificado mediante circular SECNO/8/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, donde se informó que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó que a partir del día uno de febrero del año en curso, se reanudaban en la totalidad las actividades jurisdiccionales para los Estados de Coahuila (Octavo Circuito) y Tlaxcala (Vigésimo Octavo Circuito), siendo aplicable para la operación de estos órganos jurisdiccionales, el ordenamiento establecido en el "Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19". En esa tesitura, conforme al citado Acuerdo General 21/2020, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo, para proveer lo concerniente a la etapa en que se encuentra. Causa estado desechamiento. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Ahora bien, toda vez que los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, adjuntaron a su informe justificado los autos el Toca 133/2020 y expediente original 853/2017; devuélvanse los mismos a dicha autoridad, solicitándose el acuse de recibo respectivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, TÉNGASE ESTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO Y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese.
- Principal
Número de expediente: 759/2020 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Agréguese el oficio de cuenta remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al cual se acompañan las constancias que integran el juicio de amparo directo 482/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y anexos. Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo plenario emitido el once de diciembre del año en curso, dentro del citado juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal SE AVOCA al conocimiento de la demanda de referencia; por tanto, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda que promueve ***********, por propio derecho; contra actos de los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de tlaxcala, y otra autoridad, al considerar vulnerados sus derechos previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 759/2020-III. Se ordena formar tomo de pruebas. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la superioridad, para un mejor manejo de las mismas, se ordena formar un tomo de pruebas por cuerda separada, debidamente identificado como número I. Desechamiento. Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo, se advierte que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la misma por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 186605, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Resulta ilustrativa la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 203196 de rubro DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, el suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese contexto, debe decirse que el quejoso reclama la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil de queja 133/2020 del índice de la autoridad responsable, por medio del cual se confirma el diverso de nueve de enero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 853/2017 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se tuvo por contestada la demanda, por opuestas las excepciones y defensas y por hechas las manifestaciones del aquí tercero interesado empero, tal acuerdo, no tiene tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de Amparo. La demostración de lo anterior requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes a Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de fallo definitivo favorable en el juicio natural. b Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis aislada P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se puede ver, el citado precepto reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En el mismo sentido se pronunció la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 3772013, de la que derivó la jurisprudencia P.J. 37/2014 10a., registro 2006589, cuyo epígrafe es el siguiente: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P.J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En mérito de lo anterior, la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil de queja 133/2020 del índice de la autoridad responsable, por medio del cual se confirma el diverso de nueve de enero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 853/2017 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se tuvo por contestada la demanda, por opuestas las excepciones y por hechas las manifestaciones del aquí tercero interesado, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), debido a que tal únicamente constituye una cuestión formal y adjetiva, que, de ser el caso, trastocará la esfera jurídica material del quejoso hasta que se resuelva el juicio ordinario civil de usucapión en forma definitiva. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y el mismo no tiene una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material o inmediata alguno de los derechos humanos del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque solo afecta sus derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de las resoluciones que se dicten; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra un nuevo juicio de amparo indirecto. En consecuencia, por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 180663, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Además, el que se deseche de plano la demanda de amparo, de ninguna forma implica que se estén transgrediendo los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, ya que esas prerrogativas se encuentran plasmadas en la Constitución Federal para los particulares y no para las personas morales oficiales investidas de imperio. Es aplicable, en lo conducente, la tesis III.1o.A.3 K 10a. del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el siguiente rubro: PROTECCIÓN JUDICIAL. ESE DERECHO HUMANO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, SE DIRIGE A PARTICULARES PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS Y NO A PERSONAS MORALES OFICIALES (AUTORIDADES). Por lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por JAVIER CARREÑO FLORES, al haberse actualizado las causales de improcedencia analizadas en párrafos que anteceden. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, como lo solicita el ocursante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en calle Aquiles Serdán, número mil cinco, letra B, Apizaco, Tlaxcala, en el entendido que lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien en la página de internet http:www.cjf.gob.mxmicrositiosDGGJindex.htm. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ERASTO SALDAÑA MORALES, por así solicitarlo expresamente. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 122020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los organos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación FIREL o e.firma, antes firma electrónica avanzada o FIEL, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 122020.En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 212020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente.( Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente*****
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. ( Radicación de demanda. Agréguese el oficio de cuenta remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, al cual se acompañan las constancias que integran el juicio de amparo directo 482/2020 del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito y anexos. Lo anterior, en cumplimiento al acuerdo plenario emitido el once de diciembre del año en curso, dentro del citado juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado federal SE AVOCA al conocimiento de la demanda de referencia; por tanto, acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, vista la demanda que promueve ***********, por propio derecho; contra actos de los Magistrados que integran la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de tlaxcala, y otra autoridad, al considerar vulnerados sus derechos previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 759/2020-III. Se ordena formar tomo de pruebas. Dada la voluminosidad de las constancias remitidas por la superioridad, para un mejor manejo de las mismas, se ordena formar un tomo de pruebas por cuerda separada, debidamente identificado como "número I". Desechamiento. Ahora bien, del estudio de la demanda de amparo, se advierte que con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la misma por las consideraciones que a continuación se exponen. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 186605, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Resulta ilustrativa la tesis aislada XV.2o.2 K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con registro 203196 de rubro "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS.". En ese sentido, de la lectura integral de la demanda, el suscrito advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Bajo ese contexto, debe decirse que el quejoso reclama la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil de queja 133/2020 del índice de la autoridad responsable, por medio del cual se confirma el diverso de nueve de enero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 853/2017 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se tuvo por contestada la demanda, por opuestas las excepciones y defensas y por hechas las manifestaciones del aquí tercero interesado; empero, tal acuerdo, no tiene tales características de irreparabilidad para la procedencia del amparo indirecto, bajo los lineamientos de la Ley de Amparo. La demostración de lo anterior requiere dilucidar en qué consisten los actos de imposible reparación. Para explicar esto, se expondrá el criterio de clasificación de tales actos sustentado por el Máximo Tribunal del país durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada. Posteriormente, se explicarán las razones por las que ese criterio es inaplicable para los asuntos regidos por la actual Ley de Amparo. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece (abrogada), en consonancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, establecía que el amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, ni la norma constitucional ni la reglamentaria establecían qué debe entenderse por actos de imposible reparación. De tal suerte, para dar contenido a ese concepto jurídico, fue necesaria la interpretación judicial de los tribunales de amparo. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que los actos de imposible reparación pueden dividirse en dos vertientes: a) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con la obtención de fallo definitivo favorable en el juicio natural. b) Los actos intraprocesales son de imposible reparación cuando afectan los derechos adjetivos en grado predominante o superior, considerando la institución procesal en juego, la gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis aislada P.LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, ahora establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Como se puede ver, el citado precepto reiteró que el amparo indirecto procede contra actos intraprocesales de imposible reparación; pero también agregó que esos actos son los que afecten materialmente derechos sustantivos. Así, el legislador secundario estableció una interpretación auténtica sobre el concepto constitucional de actos de imposible reparación, con la mira de fijar definitivamente su sentido. En este nuevo contexto normativo, no puede subsistir la interpretación judicial según la cual los actos de imposible reparación son los que afectan derechos sustantivos y los que podrían perturbar gravemente derechos adjetivos. Es así, porque esa clasificación dicotómica resulta incompatible con la definición legal recién acuñada, la cual sólo reconoce como actos de imposible reparación a los que afectan derechos sustantivos. Por lo anterior, han perdido vigencia los criterios jurisprudenciales en los que se consideran como actos de imposible reparación los que afectan derechos adjetivos en grado predominante, superior o exorbitante, ya que tales tesis se oponen al texto expreso del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo. Esto, de conformidad con el artículo sexto transitorio (a contrario sensu) del mismo ordenamiento, que establece: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." En el mismo sentido se pronunció la mayoría de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), registro 2006589, cuyo epígrafe es el siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En síntesis, conforme a la definición legislativa contenida en el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten derechos sustantivos, y no los que solo afecten derechos procesales. Sentado lo anterior, conviene destacar la diferencia entre los conceptos de derechos adjetivos y los derechos sustantivos. Los derechos adjetivos se derivan de las normas aplicables a la tramitación de los procedimientos contenciosos o de jurisdicción voluntaria. Se trata pues de derechos emanados de las disposiciones instrumentales establecidas al servicio de la resolución final del procedimiento jurisdiccional. En cambio, los derechos sustantivos se derivan de preceptos destinados a regir situaciones jurídicas materiales al exterior del juicio. "La clasificación derecho sustantivo se refiere a las normas que conceden derechos e imponen obligaciones, excepto las relacionadas con el proceso." Según se ha visto, son de imposible reparación los actos intraprocesales que puedan afectar derechos sustantivos destinados a regir al exterior del juicio, como los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, la educación, el trabajo, la libertad, el patrimonio, la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones particulares, entre otros. El carácter irremediable de estos actos estriba en que sus consecuencias dejan una huella indeleble en la esfera jurídica material del gobernado, afectación que no podría desvanecerse con una sentencia favorable. En mérito de lo anterior, la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dictada dentro del toca civil de queja 133/2020 del índice de la autoridad responsable, por medio del cual se confirma el diverso de nueve de enero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 853/2017 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que se tuvo por contestada la demanda, por opuestas las excepciones y por hechas las manifestaciones del aquí tercero interesado, no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etc.), debido a que tal únicamente constituye una cuestión formal y adjetiva, que, de ser el caso, trastocará la esfera jurídica material del quejoso hasta que se resuelva el juicio ordinario civil de usucapión en forma definitiva. Por tanto, como las consecuencias del acto reclamado son de carácter intraprocesal y el mismo no tiene una ejecución de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquella cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma material o inmediata alguno de los derechos humanos del gobernado que tutela la Constitución a través de sus garantías o bien los tratados internacionales suscritos por México es de concluirse que la determinación en estudio, no cumple los requisitos necesarios para poder ser atacada por esta vía constitucional, porque solo afecta sus derechos adjetivos o procesales, que se traducen en violaciones que podrían no trascender al sentido de las resoluciones que se dicten; y los efectos intraprocesales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable, y en el supuesto de que no lo fueran, estaría en aptitud de promover en su contra un nuevo juicio de amparo indirecto. En consecuencia, por lo que no hay duda de que no se está en presencia de un acto en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial. Resulta aplicable la jurisprudencia número IX.1o. J/10, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada. Cabe mencionar que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio; por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de amparo, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 180663, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Además, el que se deseche de plano la demanda de amparo, de ninguna forma implica que se estén transgrediendo los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como el derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, ya que esas prerrogativas se encuentran plasmadas en la Constitución Federal para los particulares y no para las personas morales oficiales investidas de imperio. Es aplicable, en lo conducente, la tesis III.1o.A.3 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el siguiente rubro: "PROTECCIÓN JUDICIAL. ESE DERECHO HUMANO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, SE DIRIGE A PARTICULARES (PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS) Y NO A PERSONAS MORALES OFICIALES (AUTORIDADES)." Por lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por JAVIER CARREÑO FLORES, al haberse actualizado las causales de improcedencia analizadas en párrafos que anteceden. ( Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, como lo solicita el ocursante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal, el ubicado en calle Aquiles Serdán, número mil cinco, letra "B", Apizaco, Tlaxcala, en el entendido que lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/micrositios/DGGJ/index.htm. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ERASTO SALDAÑA MORALES, por así solicitarlo expresamente. ( Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto del presente año, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. ( Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ( Transparencia y Datos Personales Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.
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