Javier Castro Nieblas

Expediente 27/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
27/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Javier Castro Nieblas

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión, en contra de la resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenara la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por ********************contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, por las razones y términos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, con el que rinde informe justificado y ofrece documentales; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad antes mencionada y por ofrecidas en atención a su propia naturaleza las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Dese vista a las partes con el mismo para que se impongan de su contenido. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte, que aún no ha sido emplazada a juico a la tercero interesada María Cristina López Ortiz, en consecuencia, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la ley de la materia, se ordena su emplazamiento por conducto de la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el domicilio que indique en autos del expediente laboral de su índice; con el apercibimiento que de no hacerlo, salvo impedimento legal justificado que para ello tuviere, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 260, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Para lo cual, deberá remitirse oficio al que se acompañen copias del escrito de demanda y del auto de radicación de veintiséis de enero de dos mil veintidós, a fin de que les corra traslado a la citada tercero, asimismo, deberá hacer de su conocimiento la hora y fecha señalado para la celebración de la audiencia constitucional, igualmente, deberá requerir a la tercero interesada María Cristina López Ortiz, para que en el acto de notificación, o bien, dentro del término legal de tres días, señale domicilio en esta ciudad para el efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le realizaran por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado. Entretanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y se señalan las nueve horas del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, para su desahogo.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la demanda de garantías promovida por Javier Castro Nieblas contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad; con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1° fracción I, 15, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 109, 112, 115, 116, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda; en consecuencia, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 27/2022-2B; sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión toda vez que no lo solicita. En ese contexto, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quién deberá rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238 de la Ley de Amparo. Además, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se le impondrá una multa de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto citado en el párrafo que antecede, en relación con los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo. Pues bien, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción III, inciso b) y IV de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado a María Cristina López Ortiz. Orienta el criterio la Tesis 1a./J. 90/2010, emitida por la Primera Sala, visible en la página 448 del Tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero 2011, Materia Común, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado. Por lo que respecta al emplazamiento de la parte tercero interesada, este órgano jurisdiccional, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se reciba el informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su escrito inicial; sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Hágase saber a la promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Santos Degollado, número 641-B sur, segundo piso, sector centro, en esta ciudad, y como autorizado para tal efecto al licenciado César Gálvez Barreras. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 8°, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Juzgado, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia.

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