Javier Eduardo Carrillo Villalba

Expediente 405/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
405/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Javier Eduardo Carrillo Villalba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la justicia de la unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha dieciséis de julio de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y sentencia; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; la cual causó ejecutoria el pasado veinticinco de septiembre, y se requirió a la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgara el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifestaran el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En la inteligencia de que, el amparo se concedió para efecto de que la responsable, dejara insubsistente las fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 25/2019, y en su lugar fijara otras en los términos que establece la Ley Laboral tomando las medidas que estén a su alcance para su celebración. Por su parte, la autoridad responsable en comento, mediante oficio 86/2019 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 65 a la 72), remitió copia certificada de la audiencia donde se llevó a cabo el desahogo de las etapas de conciliación y arbitraje, celebrada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, así como del auto de tres de septiembre del año en curso, en donde se fijaron fechas más próximas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 25/2019; y de la prueba confesional desahogada el diecinueve del mimo mes y año, Ahora bien, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades pata determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida. De tal modo que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, en términos del artículo 17 Constitucional, dejara insubsistente las fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 25/2019, y en su lugar fijara otras en los términos que establece la Ley Laboral tomando las medidas que estén a su alcance para su celebración. Como se puede apreciar, la responsable mediante auto dictado el tres de septiembre del año en curso, en fijó fechas más próximas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 25/2019; así mismo que el diecinueve del mismo mes y año, se desahogó la prueba confesional ofrecida por la parte demandada. Motivos por los cuales se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose al impetrante en el pleno goce de sus derechos violados, en términos de lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin haber incurrido las autoridades responsables en exceso o defectos.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales. Con lo anterior dese vista a la parte quejosa para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Atendiendo el estado procesal de los autos y al contenido de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó respecto de un acto y se concedió por otro la protección constitucional al quejoso Javier Eduardo Carrillo Villalba, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Bajo ese contexto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, otorgue el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remita las constancias certificadas respectivas o, en su caso, manifieste el impedimento legal o material que para ello tuvieren. En la inteligencia de que, el amparo se concedió para efecto de que la responsable en comento deje insubsistente las fechas señaladas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en el expediente laboral 25/2019, y en su lugar fije otras en los términos que establece la Ley Laboral tomando las medidas que estén a su alcance para su celebración. Además, se apercibe a la autoridad responsable citada, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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