Jason Rolando Ortega Apodaca

Expediente 29/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
29/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Jason Rolando Ortega Apodaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja hecho valer por ********************, en su carácter de apoderado legal del quejoso ********************, contra el auto de veintisiete de enero del año en curso, dictado por este juzgado, al cual le correspondió el número 71/2022; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado -notificado, foliado, rubricado, entresellado y vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)-, para la substanciación del recurso de queja hecho valer por el autorizado del quejoso Jason Rolando Ortega Apodaca; por tanto, mediante oficio remítanse los presentes autos y el ocurso de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y la copia del escrito de agravios para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal.

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso Jaso********************, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. De acuerdo a lo anterior, conforme a lo dispuesto por los numerales 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer el quejoso de mérito, contra el acuerdo de veintisiete de enero del año en curso, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida. Asimismo, acorde al diverso numeral 101, párrafo primero, de la Ley de la materia, una vez notificado este auto a las partes, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito en turno, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, los presentes autos, copia del acuerdo impugnado, original y copia del escrito de expresión de agravios en el cual se interpuso el recurso de queja y el informe sobre la materia de la queja para la substanciación del referido medio de impugnación.

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOSO JASON ROLANDO ORTEGA APODACA, EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE:Visto el escrito de demanda de cuenta, promovida por Jason Rolando Ortega Apodaca, contra actos de la H. Sala Segunda del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 29/2021-4B. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo, faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, ???????????? con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA.ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO EINDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, el quejoso en su demanda de amparo señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- a).- A la H. Sala Segunda y al Juez primero civil responsable les reclamo las órdenes verbales y/o escritas dictadas o que estén a punto de dictar de manera inminente, con el objeto de que se prive al suscrito de mis derechos humanos de audiencia previa, debido proceso, cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, respecto a la titularidad que tengo sobre el inmueble con superficie de terreno de 650.00 metros cuadrados y construcción en él edificada que describo en los antecedentes de esta demanda, sin mediar en mi contra juicio, proceso o procedimiento alguno ante autoridad competente en el cual se sigan y cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; les reclamo además la falta de emplazamiento,. la violación al derecho de audiencia en perjuicio de mi garantía de legalidad y todos los ilegales e indebidos acuerdos dictados dentro o fuera de juicio que afecten mis derechos humanos y garantías, ya que nunca se me otorgó la posibilidad de defenderme y no fue oído ni vencido en juicio, cuenta habida que el suscrito quejoso no soy parte en ningún procedimiento jurisdiccional ni tengo relación jurídica ni procesal alguna con la parte actora en el juicio ordinario civil 311/2018-2 y el correspondiente toca de apelación 362/2020 de los cuales emanan los actos reclamados. b).- Al actuario segundo responsable reclamo la ejecución las órdenes verbales y/o escritas dictadas o que estén a punto de dictar de manera inminente las responsables ordenadoras, con el objeto de que se prive al suscrito de mis derechos humanos de audiencia previa, debido proceso, cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, respecto a la titularidad que tengo sobre el inmueble con superficie de terreno de 650.00 metros cuadrados y construcción en él edificada que describo en los antecedentes de esta demanda, sin mediar en mi contra juicio, proceso o procedimiento alguno ante autoridad competente en el cual se sigan y cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; les reclamo además la falta de emplazamiento, la violación al derecho de audiencia en perjuicio de mi garantía de legalidad y todos los ilegales e indebidos acuerdos dictados dentro o fuera de juicio que afecten mis derechos humanos y garantías, ya que nunca se ?????????????? me otorgó la posibilidad de defenderme y no fue oído ni vencido en juicio, cuenta habida que el suscrito quejoso no soy parte en ningún procedimiento jurisdiccional ni tengo relación jurídica ni procesal alguna con la parte actora en el juicio ordinario civil 311/2018-2 y el correspondiente toca de apelación 362/2020 de los cuales emanan los actos reclamados. c) Al C. Juez Tercero Civil reclamo mi derecho sustantivo a defensa legítima y adecuada, al admitir la demanda ordinaria civil que motivó la formación del expediente 508/2021-4, en el cual la tercera interesada BRISA YASMIN VILLEGAS GÁLVEZ reclama la nulidad del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria y el contrato de dación en pago, celebrados ambos por la moral VARNIA Y AGREGADOS, S.A. DE C.V. con el diverso tercero interesado MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS, soslayando que al habérsele exhibido copia certificada del expediente 311/2018 se advierte a todas luces que el suscrito no fui oído ni vencido en juicio al no haber sido emplazado, y no obstante ello se dictó una sentencia que a la fecha es ejecutoria, y por virtud de la cual se afecta mi titularidad sobre el inmueble que defiendo en esta demanda de amparo. d) A la C. Actuaria Cuarta adscrita al Juzgado Tercero Civil responsable, reclamo la ejecución del auto que admitió la demanda ordinaria civil que motivó la formación del expediente 508/2021-4, en el cual la tercera interesada BRISA YASMIN VILLEGAS GÁLVEZ reclama la nulidad del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria y el contrato de dación en pago, celebrados ambos por la moral VARNIA Y AGREGADOS, S.A. DE C.V. con el diverso tercero interesado MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS, soslayando que al habérsele exhibido copia certificada del expediente 311/2018 se advierte a todas luces que el suscrito no fui oído ni vencido en juicio al no haber sido emplazado, y no obstante ello se dictó una sentencia que a la fecha es ejecutoria, y por virtud de la cual se afecta mi titularidad sobre el inmueble que defiendo en esta demanda de amparo.". Asimismo, en sus antecedentes refiere lo siguiente: " 2.- El día 10 de agosto de 2021, el suscrito celebré contrato de compraventa con la tercero interesada VARNIA AGREGADOS, S.A. DE C.V. respecto al siguiente bien inmueble: FINCA URBANA CON SUPERFICIE DE 650.00 METROS CUADRADOS, IDENTIFICADO COMO LOTE 30 DE LA MANZANA 2, CON CLAVE CATASTRAL MS-003-000-011-040-030-001, CON LAS MEDIDAD Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORESTE MIDE 32.20 METROS Y COLINDA CON LOTE 29, AL SURESTE MIDE 20.20 METROS Y COLINDA CON DREN TOROLOBAMPO, AL SUROESTE MIDE 32.20 METROS Y COLINDA CON LOTE 31 Y AL NOROESTE MIDE 20.20 METROS Y COLINDA CON CARRETERA MOCHIS-TOPOLOBAMPO. El contrato se formalizó en la escritura pública 14,053 de fecha 10 de agosto de 2021, del protocolo a cargo del notario público Lic. Arturo Duarte García, misma que fue inscrita bajo el número 190, libro 1165, sección I, del Registro Público de la Propiedad con sede en esta ciudad. 2.- Preciso que el antecedente de propiedad se refiere al acto jurídico de fecha 11 de junio de 2018 que celebraron los terceros interesados MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS y VARNIA Y AGREGADOS, relativo a un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, formalizado en la escritura pública 4225 del protocolo a cargo del notario público Lic. Guillermo Alfonso Guerra Miguel, registrado el día 20 de junio de 2018 según inscripción 78, libro 1026, sección II, de la misma oficina registral. 3.- Con motivo del incumplimiento del mutuario a las obligaciones de pago, el día 08 de abril de 2019 ante la fe del mismo notario 181 y en la escritura pública 4607 inscrita bajo el número 162 libro 1124 sección I del Registro Público de la Propiedad con residencia en esta ciudad, el mutuario y la mutuante celebraron contrato de dación en pago por virtud del cual las obligaciones económicas a cargo del primero fueron saldadas con la transmisión del bien inmueble descrito en el punto 1 anterior. 4.- Sin embargo, el día 19 de enero de 2021 el suscrito fui emplazado al juicio ordinario civil 508/2021-4 del índice del Juzgado Tercero Civil del Distrito Judicial de Ahorne, Sinaloa, promovido por la tercera interesada BRISA YASMIN VILLEGAS GÁLVEZ en contra de los terceros interesados MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS y VARNIA Y AGREGADOS. Del traslado de la demanda y anexos advertí la existencia de un juicio anterior, con número de expediente 311/2018 del índice del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Ahome, en el cual la C. BRISA YASMIN VILLEGAS GÁLVEZ aduce que el diverso tercero interesado VÍCTOR MANUEL ACOSTA VEGA utilizó un poder para actos de dominio que ella jamás confirió -dice-, y con dicho mandato enajenó el inmueble de referencia a MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS, dictándose sentencia de primer nivel con fecha 10 de julio de 2020 que decretó la nulidad del poder y el contrato de compraventa, misma que fue confirmada mediante ejecutoria de fecha 12 de marzo de 2021 dictada por la Sala responsable, sin que en ningún momento en dicho procedimiento fue llamada a juicio la empresa VARNIA Y AGREGADOS, no obstante que el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria es de fecha ?????????????? anterior al inicio de dicho asunto -13 de junio de 2018-, siendo el caso que dicho acto jurídico es el antecedente de adquisición de derechos sobre el inmueble de mi propiedad, implicando la adquisición de un derecho real debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. 5.- Además, en el juicio más reciente 508/2021-4, la enjuiciante aquí tercera interesada reclama la nulidad del contrato de mutuo y el contrato de dación en pago referidos en el punto 2 anterior, haciendo valer los efectos de la cosa juzgada derivada del primer juicio de nulidad - 311/2018-, soportada en que el diverso tercero interesado VÍCTOR MANUEL ACOSTA VEGA utilizó un poder para actos de dominio que ella jamás confirió -dice-, y con dicho mandato enajenó el inmueble de referencia a MARCO VINICIO CONTRERAS BRINGAS. 6.- Es evidente entonces que el bien que aduce la tercera interesada BRISA YASMIN VILLEGAS GÁLVEZ es de su propiedad, guarda identidad con la finca propiedad del suscrito quejoso, desprendiéndose que las sentencias de primer nivel y segundo nivel -actos reclamados- dictadas por las responsables afectan mi derecho de propiedad obtenido lícitamente a partir del contrato de compraventa de fecha 10 de agosto de 2021 -al que precedieron los contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria y de dación en pago-, privándome de tales derechos sin haberme llamado a juicio y violando con ello mis derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 27 constitucionales. 7.- No cabe duda entonces que las responsables violan en perjuicio del suscrito mis derechos humanos de audiencia, de cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento, de legalidad, de debido proceso, fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, pues con las sentencias de nulidad dictadas en primera y segunda instancia disponen de la situación jurídica del mandato por virtud del cual el mutuario y posterior enajenante, celebró las obligaciones de pago y la transmisión de propiedad del inmueble a favor de la moral tercera interesada, quien a su vez transmitió el inmueble al amparista, sin que esa persona jurídica ni el suscrito hayan sido llamados en modo alguno al trámite y resolución del expediente y toca del cual emanan los actos reclamados, lo que resultaba necesario para que el suscrito estuviera en condiciones de saber si realizaba la adquisición de un inmueble en conflicto, sobre todo si tomamos en cuenta que la enjuiciante civil pretende generar entre VARNIA Y AGREGADOS y el suscrito una especie de causahabiencia a partir de los efectos de la cosa juzgada que hace descansar en el expediente 311/2018. 8.- Es inminentemente además que como consecuencia de los actos reclamados, se pretende despojarme de la titularidad y posesión del inmueble antes descrito, lo cual no es legalmente permitido sin que antes haya sido oído y vencido cabalmente en el juicio en el que se discute la eficacia del poder impugnado por la-tercera interesada -lo que se agrava en mi perjuicio a partir del hecho de que la empresa VARNIA Y AGREGADOS tampoco fue llamada al expediente 311/2018- sin que haya tenido la oportunidad de ser citado al primer juicio para contradecir la acción de nulidad, ofrecer pruebas, alegar, oír sentencia e interponer los recursos que procedan, lo cual le fue vedado por las responsables Sala Segunda y Juez Primero Civil al omitir llamarme como parte procesal y 'emplazarme al juicio 311/2018, sin que exista duda alguna que a la fecha dicho juicio me causa perjuicios de difícil reparación, al encontrarme soportando los efectos de la sentencia ejecutoria de nulidad, por lo que resulta menester que se reponga el procedimiento para que el impetrante participe en el mismo, como mecanismo reparador posible de la sentencia que me conceda el amparo y protección de la justicia federal". Ahora bien, del análisis integral de demanda, se advierte que los actos reclamados por el quejoso en esencia son los siguientes: ? Del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Ditrito Judicial de Ahome y su actuario segundo: La falta de llamamiento al juicio de nulidad 311/2018, tramitado ante el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil en el Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el cual se declaró la nulidad del poder formalizado en escritura pública 16,027 de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, a cargo del protocolo a cargo del Notario Público Licenciado Antonio Oscar Ojeda Benítez e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad bajo el número 189, libro 41, sección III, así como el contrato de dación en pago formalizado en la escritura pública 41,708 de quince de diciembre de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público Licenciado Víctor Manuel Gutiérrez Román, e inscrita en el registro público de la propiedad de esta ciudad bajo el número 116, libro 1082, sección I, así como al toca de apelación 362/2020 del índice Segunda Sala ?????????? del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sinaloa, la cual confirmó dicha determinación. ? Del Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, y la actuaria cuarta de su adscripción: El auto admisorio del juicio ordinario civil 508/2021-4 promovido por Brisa Yasmin Villegas Gálvez, al cual fue emplazado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno. En ese contexto, respecto del primer acto reclamado antes señalado, opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, fracción I (a contrario sensu), de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo anteriormente transcrita, a diferencia de las veintidós que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía establecer en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional, de modo que para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que en la especie es ciertamente justificada puesto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo o en la propia jurisprudencia, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, entre los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo dispuesto en la fracción I del numeral 77. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su sentido, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 2, de enero de dos mil catorce, Tomo II, página mil trescientos cuarenta y cuatro, con registro digital 2005313, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. 1" Al respecto, debe decirse que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero 1 TEXTO: Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción" estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución, se refleja en el propio texto del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya fracción II se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de amparo, serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia constitucional; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI de dicho numeral, indicando una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por su parte, el legislador ordinario estableció en la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia de la Unión, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Entonces, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos fundamentales del quejoso, esta atribución tiene como fin específico precisamente lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus derechos humanos, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno y, por ende, a ello debe privilegiarse cuando los órganos encargados de ventilar los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional, lo que puede corroborarse con la consulta de los numerales 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, de diciembre de mil novecientos noventa y siete, página nueve, con número de registro 197245, que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE2 ." Así, respecto del primer acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que existe imposibilidad de concretizar el objeto del juicio de amparo, traducido en obtener la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ello, se debe a que la pretensión del quejoso con la interposición del amparo, es que se le conceda el amparo, para que sea llamado al juicio de nulidad 311/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, dejando 2 TEXTO: "De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija" ???????????? sin efecto la sentencia respectiva, en la cual se declaró la nulidad del poder formalizado en escritura pública 16,027 de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, del protocolo a cargo del notario público Licenciado Antonio Oscar Ojeda Benítez e inscrito en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, bajo el número 189, libro 41, sección III, así como el contrato de dación en pago formalizado en la escritura pública 41,708 de quince de diciembre de dos mil diecisiete, pasada ante la fe del notario público Licenciado Víctor Manuel Gutiérrez Román, e inscrita en el registro público de la propiedad de esta ciudad bajo el número 116, libro 1082, sección I. Ahora, como se aprecia de los antecedentes narrados en líneas que anteceden, así como del escrito de demanda, se advierte que al haberse declarado nulos el poder y escritura antes mencionados el quejoso refiriere que, ante dicha situación, afecta su derecho de propiedad obtenido lícitamente a partir del contrato de compraventa de diez de agosto de dos mil veintiuno del bien inmueble materia de la Litis-al que precedieron los contratos de mutuo con interés y garantía hipotecaria y de dación de pago- sin habérsele llamado a juicio de origen. En ese sentido, es inconcuso que los efectos de una eventual concesión del amparo al quejoso, no podrían concretizarse porque de su demanda no se advierte que tenga relación procesal alguna en el juicio de nulidad 311/2018 antes aludido ni que los efectos de la sentencia que declara la nulidad del poder y del contrato de dación en pago afecten algún derecho, propiedad o posesión que hubiere adquirido el quejoso antes de la emisión o vigencia de dicho acto; pues, solamente impactan a las partes reconocidas en ese mismo procedimiento (actor y demandado); por lo que, una eventual concesión de amparo no podría restituirlo en el goce de algún derecho que le hubiera sido violado, ya que la sentencia no podría tener el efecto de ordenar que se deje insubsistente la resolución de nulidad, y se le llame al juicio (al impetrante) reponiendo el procedimiento y dejando sin efecto las actuaciones para que pueda ser oído y vencido, porque, como se dijo, no es parte procesal en ese procedimiento ni contaba con derecho alguno antes de la emisión del acto reclamado (juicio ordinario civil resuelto con sentencia de nulidad confirmada en segunda instancia); además, de los antecedentes de la demanda, tampoco se advierte la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, si se considera que el impetrante ni siquiera participó en el contrato de dación de pago que fue objeto de nulidad. Mayormente, porque de lo narrado por el quejoso, en la propia demanda, se advierte que no contaba con derecho alguno -tutelado por la Constitución- antes del procedimiento civil judicial y del dictado de la sentencia de alzada que ahora combate, sino que obtuvo la propiedad del inmueble hasta el diez de agosto de dos mil veintiuno y la sentencia emitida por la Sala responsable que confirmó la nulidad del poder formalizado en escritura pública 16,027 de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, así como el contrato de dación en pago formalizado en la escritura pública 41,708 de quince de diciembre de dos mil diecisiete, fue el doce de marzo de dos mil veintiuno, respecto de un juicio iniciado en el 2018; por lo que, se concluye de manera notoria e indudable que los efectos de esa sentencia no impactaron en algún derecho del quejoso obtenido con anterioridad, sino que, como se dijo, el derecho de propiedad (contrato de compraventa) que adquirió respecto del bien inmueble materia de la Litis, fue posterior a dicha determinación, incluso del procedimiento jurisdiccional en el que se dictó. ?????????????? Además, no hay elemento alguno para estimar que pudiera tener alguna conexión dicho contrato de compraventa con la sentencia de nulidad en el juicio de origen 311/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, confirmada mediante sentencia del pasado doce de marzo de dos mil veintiuno, de la cual viene solicitando se le otorgue la garantía de audiencia, puesto que incluso antes de que se emitiera la sentencia de segunda instancia, no había surgido el derecho de propiedad que viene defendiendo; por ello, no hay posibilidad de que se considere que pudiera existir alguna afectación a algún derecho del quejoso nacido antes del juicio que declaró nulo el poder y el contrato de dación; por lo que no se podría dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, ya que aun cuando el acto reclamado sea de carácter positivo no se podría restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, puesto que no sería viable restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación sin que existiere algún derecho previo a la supuesta transgresión, ello, porque está claro que el quejoso no contaba con derecho alguno antes de la violación que viene reclamando. Aunado a lo expuesto, el quejoso viene al presente juicio en su carácter de tercero extraño en stricto sensu al procedimiento del que emanan los actos reclamados; por lo que, los efectos del amparo no podrían ser para que se le llamara a dicho juicio origen de la controversia natural al no ser parte, por lo que ello implica que en el juicio natural no se puede declarar la nulidad de todo lo actuado para ordenar que sea emplazado, como sí sucedería cuando se trata del tercero extraño por equiparación, dado que tal condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado, no fue llamado a juicio; entonces, ahí los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación Así, resulta evidente que al no ser el quejoso parte procesal en el juicio de origen, pues no tuvo participación en la celebración del contrato de dación en pago, ni contaba con derecho alguno tutelado por la ley anterior a los actos reclamados; por tanto no pueden materializarse o concretarse de forma efectiva en su esfera jurídica una eventual protección constitucional, pues el acto aquí reclamado consiste en la falta de llamamiento al juicio de nulidad de origen y, como se dijo, la concesión del amparo no podría tener como efecto declarar insubsistente la sentencia de nulidad y todo lo actuado, ordenando que, previo a su dictado, se llame a juicio al impetrante, puesto que si no existe relación procesal alguna tampoco puede considerarse que pudiera ser afectado o privado de sus derechos, bienes o posesiones con el acto reclamado. Se asevera lo expuesto porque si bien los efectos de la posible protección constitucional seria para que se le restituyan, al quejoso, sus derechos afectados, aunado a que la sentencia concesoria de amparo debe en todo tiempo tener resultados concretos o prácticos, lo cierto es que no podría constituir sólo un medio para realizar actividades especulativas; de tal modo que cuando esos efectos no pueden obtenerse a pesar de la posible concesión del amparo al impetrante, el juicio de constitucional debe declararse improcedente. Se invoca como apoyo el criterio VII.2o.C. J/21, sustentado por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1305, de la Novena Época, de rubro y texto siguiente: ?????????????? "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación". En ese contexto, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia invocada; de ahí que no podrán materializarse en la esfera jurídica del quejoso, y no se vería beneficiado con las acciones en cumplimiento de la sentencia; con lo que no se lograría el propósito contenido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, de restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Por todo lo anteriormente expuesto, debe concluirse que, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77, fracción I (a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, respecto al primer acto reclamado. Ahora, en relación al segundo acto reclamado destacado consistente en la admisión y notificación del auto admisorio en el expediente 508/2021-4 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues el auto admisorio emitido en el juicio natural, mismo que le fue notificado al aquí quejoso el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, no es un acto que pueda ser considerado de imposible reparación. Previo a exponer los motivos que sustentan tal determinación, cabe precisar que el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "..." III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. ?????????????? "..." Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan..." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .... Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Cómo se ve, la Ley de Amparo vigente proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación. De la literalidad de dicho artículo se obtiene que el legislador determinó que por regla general el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, definiéndolos como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador terminó con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues estableció, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: ".VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón De esta manera, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo. Bajo ese contexto, calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto solo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En el caso, el acto reclamado, se relaciona la determinación del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Ahome, con sede en esta ciudad, de admitir a trámite el juicio ordinario civil 508/2021-4, la demandada promovida por Brisa Yasmin Villegas Gálvez, misma que, contrario a lo que aduce el quejoso, no se traduce en un acto que pueda considerarse de imposible reparación en este juicio de derechos, por su trascendencia grave, que no sea de los que deban esperar para ser resueltos hasta el planteamiento del fondo de la litis, en razón de su transcendencia jurídica en los derechos del directo quejoso, y al no estar en este supuesto, es que el acto que aquí combate de inconstitucional, no puede ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracciones V y VIII, de la Ley de Amparo, por no haber sido establecida expresamente por el legislador como norma de excepción, acorde al referido principio. Por tanto, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos, ni se combaten cuestiones atinentes a la competencia, supuestos en lo que se estima que se presenta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por la aludida razón de que con la vigencia de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio, sólo debe presentarse cuando éstos afectan de modo directo e inmediato a la persona, cosas o derechos sustantivos del agraviado, es decir, aquellos actos de naturaleza procesal que puedan generar una ejecución de imposible reparación y, que desde luego ameriten su impugnación mediante la acción constitucional del amparo indirecto, sin estar obligados a reclamar dichos actos como una violación procesal, hasta que se reclama la sentencia definitiva en amparo directo. Dicho de otro modo, por exclusión, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, el auto por el que se tiene por admitida la demandada en el juicio de origen y por notificado al aquí quejoso, pues no se trata de un acto que afecta sus derechos de forma preponderante, para que se deba atender en esta instancia constitucional; se dice lo anterior, ya que el referido acto, no produce una afectación de manera directa e irreparable a su persona o bienes, sino que constituye derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, circunstancia que ????? puede desaparecer al dictarse la sentencia en el juicio mercantil de origen. En estas condiciones, y al no ser el acto reclamado de los previstos expresamente en la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, por ser este de aquéllos que no afectan de manera inmediata derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución, el Juicio de Amparo es notoriamente improcedente. En consecuencia por las consideraciones antes relatadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Apoya a la anterior determinación, en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J.37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de junio de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de la voz: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En diverso orden, con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Heriberto Valdez número 1145 poniente, de la colonia Scally, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; de igual manera, téngase como su autorizado legal para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Ahuizotl Rentería Contreras. En cuanto a la solicitud para realizar la consulta del expediente electrónico, con fundamento en los artículos del 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se concede al autorizado con usuario AHUIZOTLREN, permiso para consultar el presente juicio de amparo por la vía electrónica, en la inteligencia de que dicha autorización no es para que se le realicen las notificaciones electrónicas a la parte quejosa. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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